- Diputado Juan Pablo Montes de Oca dice que presentará iniciativa para garantizar
pago de obra a constructores
MANUEL MONROY
“Trabajo en una iniciativa que protegerá a constructores y proveedores para que cuando presten un servicio su pago esté garantizado, es decir, que ya no se les quede a deber”, informó Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del estado.
El contrato que empresas y el Estado firman para la realización de infraestructura al parecer ya no es suficiente. “Debemos encontrar otro mecanismo para garantizar que ya no queden adeudos. Recordemos que por esta causa hay muchos empresarios que han quebrado y eso se refleja en sus empleados, pues son despedidos ante la falta de recursos para pagarles sus salarios”, subrayó.
Afirmó que hará una agenda con el sector para priorizar las necesidades. “La ley es muy clara, lo malo es que no se aplica. Los artículos ya están en la Ley de Obra Pública, es por ello que necesitamos la voluntad de las administraciones de los tres órdenes y si se debe hacer alguna modificación, se hará de la mano con quienes se dedican a esta actividad”.
Rechazó que el gobierno que termina haya sido “malinchista” al otorgar obra pública a empresas foráneas y no locales, situación que han denunciado desde hace años empresarios del rubro. “No tengo el porcentaje de cuántos trabajos se haya dado a constructoras de otros estados, pero se debe tener presente que no existe recurso que alcance para atender a las pocos más de tres mil empresas del ramo que existen en Chiapas”, desglosó.
En este sentido, el representante popular insistió que no hay dinero que alcance. ”No se puede dar trabajo a todos. Días atrás hice un exhorto para que los Diputados federales por nuestra entidad pidan modificar las reglas de operación del fondo que tienen los municipios y el gobierno del estado para ejercer obra”, comentó en entrevista.
Al interrogársele si existe verdadera voluntad para que se acabe el moche, destacó que coadyuvará para que esto se logre. “Tiene que ser un trabajo de voluntades de parte de los gobiernos federal y estatal, así como del constructor. Esta práctica es corrupción en la obra pública y en cualquier otro trámite que se hace en instancias gubernamentales”.
Respecto a la demanda del sector constructor, el cual exige se modifique el tabulador, pues no ha tenido cambios en cinco años, el legislador manifestó que esta situación impacta negativamente al empresario del ramo, “pues no tiene actualizados los insumos dentro del precio y su margen de utilidad se convierte en inexistente”, aseveró.
Esta base de datos debe tener cambios constantes, pues materiales como el cemento y varilla suben de precio. “La idea es que el constructor tenga márgenes de utilidad y la obra cuenta con la calidad debida”, dijo y añadió que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entregó una propuesta, por lo que pronto se reunirá con la misma para llegar a acuerdos.
