France 24
Mientras Guatemala continúa tachando los días para recibir a Bernardo Arévalo de León como su nuevo presidente, luego una turbulenta transición, el Ministerio Público (Fiscalía), señalado en reiteradas ocasiones de querer entorpecer la victoria del político progresista en las urnas, volvió a ser noticia.
Esta vez fue por solicitar las capturas de Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Vladimir Aguilar y Mynor Franco, cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Estos fueron acusados por presuntas anomalías en la compra de un sistema digital de transmisión de datos utilizado en los comicios celebrados en 2023.
Según la Fiscalía guatemalteca, cuyos dirigentes fueron sancionados por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción, estos funcionarios –que actualmente están fuera del país- cometieron “fraude financiero”. En tanto que también perdieron su inmunidad el 30 de noviembre pasado por decisión del Congreso, por lo que pueden ser arrestados.
Las autoridades del tribunal aseguraron que esta acción forma parte de una persecución en su contra, que apunta a deslegitimar los resultados de las elecciones pasadas, algo que ha puesto a la fiscal general, Consuelo Porras, en el centro de las críticas. Incluso Arévalo la ha acusado de liderar un “golpe de Estado” en su contra.
La desconfianza en el Ministerio Público, el cual ha sido criticado por la comunidad internacional, llevó a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad –el máximo ente judicial de Guatemala- para blindarse ante una posible orden de captura en su contra.
El equipo de abogados de Herrera justificó esta acción explicando que ahora goza de la figura del antejuicio – garante de inmunidad en caso de alguna acusación judicial-, por lo que una eventual captura contra ella sería “ilegal”.
Esto se debe a que surgieron rumores de que la Fiscalía podría actuar contra la vicepresidenta de Arévalo antes de la investidura del domingo 14 de enero. En 2023, vincularon a Herrera con un presunto caso de daños contra el patrimonio de la Universidad de San Carlos.
En respuesta, la Corte de Constitucionalidad advirtió este mismo jueves que Herrera goza de inmunidad y no puede ser arrestada por ninguna autoridad.
«Se ordena a todas las autoridades denunciadas que se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar», puntualizó la Corte de Constitucionalidad.
Detienen al exministro del Interior
Este jueves, el exencargado de la cartera de Gobernación (el equivalente a la de Interior), Napoleón Barrientos Girón, fue arrestado en una causa que lo involucra por no cumplir un dictamen de octubre pasado que le ordenaba reprimir a manifestantes que se expresaban contra la fiscal Porras.
El que fuera ministro durante la gestión de Alejandro Giammattei fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de Ciudad de Guatemala.
Barrientos Girón, quien renunció cuando se suscitaron las protestas sociales contra la fiscal Porras, señalada de querer interferir en el proceso electoral, no obedeció la orden que expidió la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, en la que se le indicaba desalojar las manifestaciones.
En una breve comparecencia tras ser detenido, el exfuncionario dijo desconocer los motivos de su arresto. Posteriormente, fue trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial.
Las manifestaciones sociales incluyeron una parálisis del país centroamericano, con más de 100 carreteras bloqueadas con el objetivo de respaldar el triunfo de Arévalo.
Desde Estados Unidos reaccionaron de manera desfavorable a la detención de Barrientos Girón. “Condenamos las últimas acciones de los actores antidemocráticos de Guatemala, incluido el arresto hoy del exministro del Interior por defender el derecho a las manifestaciones pacíficas”, expresó Brian Nichols, encargado del Departamento de Estado para América Latina.
