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Durante los últimos cuatro meses, la fiscal general Consuelo Porras Argueta, junto a su secretario general Ángel Pineda y un grupo de fiscales, lanzó varias embestidas penales con el objetivo de anular la sorpresiva victoria electoral de Arévalo de León, del partido progresista Movimiento Semilla.
El presidente electo triunfó en los comicios del 25 de junio y la segunda vuelta del 20 de agosto de 2023 contra los pronósticos, que situaban a políticos tradicionales como favoritos.
Ante el inesperado resultado, Porras Argueta se convirtió en la antagonista de las elecciones, intentando primero suspender al Movimiento Semilla por supuestas anomalías en su creación, en 2018. Posteriormente, la Fiscalía pretendió deslegitimar los resultados electorales, secuestrando documentos de los comicios, realizando un recuento de votos y acusando de varios delitos a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La batalla de la Fiscalía contra Arévalo de León incluyó dos solicitudes de retiro de antejuicio contra él y una orden de captura contra una de las integrantes de su partido, quien se encuentra exiliada.
Arévalo solicitará la renuncia de Porras Argueta
Las acciones de Porras Argueta provocaron críticas de diversos actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, quienes calificaron esta situación como un intento por «socavar la democracia». La Fiscalía calificó de «injerencia» los pronunciamientos internacionales sobre sus acciones y, pese a la presión ciudadana en multitudinarias manifestaciones, no detuvo los intentos de anular los comicios.
El 8 de diciembre de 2023, el Ministerio Público, que dirige Porras, lanzó su último ataque, cuando solicitó anular la victoria de Arévalo de León por supuestas «ilegalidades» en la oficialización de los resultados electorales del 25 de junio. El caso penal presentado por los altos cargos de la Fiscalía, en ausencia de Porras Argueta, quien no aparece públicamente desde septiembre de 2023, tiene muchas inconsistencias, según varios expertos.
Pese a los intentos de tumbar la investidura de Arévalo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, ordenó recientemente «garantizar» el cambio de mando entre el presidente electo y su antecesor, Alejandro Giammattei.
Porras Argueta, de 70 años, asumió la dirección del Ministerio Público en 2018, y en 2021 fue sancionada por Estados Unidos, acusada de socavar procesos de investigación de casos de corrupción de alto nivel, así como debilitar la institucionalidad de la Fiscalía.
