Agencias
En medio de un acalorado debate, el Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, una serie de reformas para combatir la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas.
Con 82 votos a favor y 34 en contra, el pleno de la Cámara Alta avaló -en lo general- el dictamen, que sufrió modificaciones de último momento para establecer que la defraudación fiscal será tipificada como delincuencia organizada y ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos.
De esta forma, cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y, en caso de demostrarse su culpabilidad, tendrá una pena de dos años.
A pesar de los cambios realizados, el dictamen fue duramente criticado por senadores de oposición, quienes votaron en contra al considerar que el documento contempla medidas excesivas y una estrategia de “terrorismo fiscal”.
Desde la tribuna, el senador por el PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que esta reforma representa una traición para los empresarios que votaron por Morena, ya que, dijo, cualquier error los podría meter a la cárcel.
De igual forma, la senadora por el PRI, Claudia Edith Anaya, destacó que con esta reforma se perseguirá a los empresarios peor que a sicarios. “Esta reforma está fuchi”, afirmó la legisladora del tricolor.
Por otro lado, el dictamen aprobado establece que los delitos fiscales serán considerados una amenaza a la seguridad nacional, cuando el daño causado afecte las finanzas públicas del país y pongan en riesgo sus estabilidad o permanencia.
Esta medida fue criticada por el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien aclaró que está a favor de combatir la defraudación fiscal, pero no de tomar acciones desmedidas.
Ante las críticas, el senador por Morena, Alejandro Armenta Mier, recordó que entre 2014 y 2018 las operaciones por defraudación fiscal rebasaron los dos billones de pesos, una tercera parte del presupuesto, por lo que cuestionó si no debe considerarse una amenaza a la seguridad nacional.
Agregó que desde la Cámara Alta se vigilará que no haya persecuciones políticas ni terrorismo fiscal, ya que, dijo, lo que se busca es que haya justicia.
En tanto, la también senadora por Morena, Lucía Trasviña, rechazó que esta reforma vaya a afectar a los empresarios que, dijo, han contribuido con honestidad y puntualidad al erario y no tiene nada que ver con las empresas fantasma.
Tras la votación en lo general, el pleno de la Cámara Alta entró a la discusión de los artículos reservados por senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para tratar de modificar el dictamen.
