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El monumento con tres esculturas fue inaugurado en 2017 para celebrar los 25 años de los Acuerdos de Paz firmados en México entre el Estado salvadoreño y las organizaciones guerrilleras representadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Nayib Bukele, quien actualmente no se encuentra en funciones como presidente, anunció en la plataforma X que había ordenado derribar el monumento por ser «estéticamente horrible y por glorificar el pacto entre los asesinos» del pueblo salvadoreño.
Además, aseguró, el monumento «simbolizaba un ‘pacto’ entre exguerrilleros y militares que no significó bienestar para los salvadoreños».
En la actualidad, Bukele está en campaña electoral: busca ser reelegido como presidente a pesar de que la Constitución salvadoreña no lo habilitaba. Sin embargo, selló su candidatura luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional —cuyos jueces fueron elegidos por el presidente—que hizo una lectura controvertida de la Carta Magna y lo habilitó para presentarse de nuevo a las presidenciales.
Además, Bukele cuenta con una gran popularidad por reducir las cifras de homicidios, que según datos oficiales bajó un 70% durante 2023.
Así, el joven presidente busca un nuevo mandato en el que asegura que seguirá con la construcción de «un nuevo El Salvador» que «represente realmente una era de paz». Bukele ha sido crítico de la paz alcanzada entre las exguerrillas y el Estado, y considera que la guerra contra las pandillas a través del estado indefinido de emergencia puede acabar definitivamente con la violencia en el país centroamericano.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, declaró ante la prensa que «el monumento representaba la corrupción».
«Digamos adiós a esos monumentos. Una estatua que está aquí cuesta más de un millón de dólares. Incluso el propio artista dijo que el monumento es tosco, está lleno de rigidez y tiene defectos de anatomía y proporción».
Rodríguez anunció que se construirá una ruta peatonal de 2,5 km y formará parte de «la nueva paz y la nueva seguridad que viven todos los salvadoreños», como resultado de la lucha contra las pandillas de Bukele.
Una polémica demolición
Si bien la demolición del monumento a la Reconciliación es solo simbólica, el mensaje que representa es drástico para las víctimas de la guerra civil y para la oposición política a Bukele, que está agrupada por dos de los principales bandos que estuvieron en guerra: el partido Arena y el FMLN.
El conflicto en El Salvador existió entre 1980 y 1992. La guerrilla del FMLN se enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría. El FMLN agrupaba a diversos sectores de izquierda y opositores a regímenes autoritarios que gobernaron durante la época. La guerra civil causó 75.000 muertos y miles de desaparecidos.
El monumento a la Reconciliación estaba compuesto de tres estatuas de bronce: dos de siete metros que simbolizaban a una excombatiente guerrillera y un militar en traje de fatiga, desarmados, con las manos entrelazadas, liberando palomas de aluminio, y que representaban a los bandos del pasado conflicto. La tercera estatua, de 12 metros, era una madre con los brazos extendidos que tenía en su dedo derecho un anillo que representaba el compromiso de la sociedad de vivir en paz.
«Adiós, muñeca azul, y todo lo que representabas», escribió Bukele en X luego de la demolición.
Medidas autoritarias del Gobierno de El Salvador
Grupos de derechos humanos han dicho que la represión ha incluido abusos como tortura, muertes bajo custodia y detenciones arbitrarias. De hecho, Human Rights Watch reporta desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia y cientos de detenciones arbitrarias en su publicación titulada como ‘El Salvador: Abusos generalizados durante el régimen de excepción’.
El estado de emergencia declarado a principios de 2022 permite a la policía arrestar y encarcelar rápidamente a presuntos pandilleros, al tiempo que suspende su derecho a un abogado y a la aprobación judicial de la detención preventiva.
Desde que entró en vigor, las fuerzas de seguridad han arrestado a casi 75.000 presuntos miembros de pandillas y han liberado a 7.000, según datos oficiales.
ONG han informado de 190 muertes y más de 5.000 abusos relacionados con la represión.
