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Los datos más recientes de las cortes de inmigración muestran que hasta el pasado 30 de noviembre, el número de casos pendientes llegó a 3.075.248 lo que marca un récord histórico, detalló el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la universidad neoyorquina que lleva el conteo desde 2008. «El número de inmigrantes en espera en las cortes (de inmigración) es ahora mayor que la población encontrada en muchos estados”, resaltó el informe.
La acumulación de casos ha aumentado en más de un millón en los últimos 12 meses. Para noviembre de 2022 el atraso estaba cerca de los dos millones de procesos en espera de una decisión. En su reporte TRAC ha dicho que los 682 jueces actualmente en función «están abrumados” con un promedio de 4.500 casos pendientes. La cifra de magistrados de inmigración casi se ha duplicado desde el año fiscal 2017 cuando había 338 jueces en función.
Al final del mandato de Obama el atasco era de poco más de medio millón
Tanto el Gobierno del expresidente Donald Trump como el del presidente Joe Biden han impulsado el nombramiento de más jueces de inmigración y presionado por procesos acelerados pero esto «no ha sido suficiente”, destaca el reporte.
Un análisis detallado de los registros judiciales caso por caso de TRAC reveló que a finales de septiembre de 2016, el último año fiscal de la administración de Barack Obama (2009-2017), el retraso en las cortes de inmigración ascendía a 516.031 expedientes, o aproximadamente una sexta parte de lo que es ahora.
Pero el crecimiento de los procesos pendientes se aceleró durante los años de Trump. En comparación con septiembre de 2016, el retraso creció dos veces y media en septiembre de 2020, hacia el final del gobierno republicano cuando el número de jueces era de 484, y el promedio de casos pendientes era de alrededor de 2.600 por juez. Tres años después los jueces tienen un promedio de expedientes de 4.500 migrantes.
El informe se revela justo cuando el Gobierno del presidente Joe Biden está en negociaciones con senadores de la oposición para endurecer el sistema de asilo a cambio de que le apoyen un gasto de más de 60.000 millones de dólares para Ucrania.
