La Jornada
WASHINGTON, 29 de noviembre .— Mientras la frontera sur de Estados Unidos registra un incremento sin precedentes en el número de llegadas de migrantes, muchos de los cuales solicitan asilo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le ha dicho al Congreso que el “fracturado” sistema de migración del país requiere de una actualización en todos los aspectos.
Pero en lugar de emprender una reforma migratoria integral, el Congreso busca a toda prisa concretar un acuerdo en las próximas semanas que restrinja en gran medida los procesos de asilo y permisos condicionales humanitarios que utilizan miles de personas para quedarse temporalmente en Estados Unidos en lo que se procesan sus solicitudes a través de un sistema con una enorme cantidad de casos atrasados.
Forzado a ir a la mesa de negociaciones por los republicanos, el gobierno federal considera este plan como el precio a pagar a cambio de la solicitud del presidente Joe Biden de recibir 106.000 millones de dólares para atender las necesidades de Ucrania, Israel y la seguridad nacional. El dilema se produce en momentos en que Mayorkas, que ha sido el rostro del gobierno en materia migratoria, enfrenta la amenaza de un procedimiento de juicio político por parte de los representantes republicanos a raíz de lo que consideran un fracaso en sus políticas fronterizas.
“No vamos a tratar de dar seguridad a otros países sin darle seguridad al nuestro”, dijo el senador republicano James Lankford luego de presentar ante el Senado la propuesta fronteriza de los republicanos este mes.
“Llevamos tres años preguntándonos ‘¿Cuándo vamos a proteger al país? ¿Cuándo vamos a hacer esto?’ Y cada año se ha puesto peor”.
Un grupo de senadores, republicanos y demócratas, ha estado buscando un acuerdo que brinde fondos para las guerras en el extranjero a cambio de modificaciones al proceso de asilo y de ciertos permisos condicionales humanitarios, los cuales han sido la herramienta predilecta del gobierno del presidente Biden para manejar el gran número de migrantes que se presentan en la frontera, pero que están siendo impugnados ante los tribunales.
En negociaciones a puertas cerradas, los senadores han discutido la posibilidad de dificultar que los migrantes aprueben el primer filtro que emplean los agentes migratorios para decidir si una persona puede quedarse en el país para continuar con su proceso de asilo.
La idea es acotar el umbral de lo que se conoce como entrevista inicial de miedo creíble para solicitudes de asilo, de una “posibilidad significativa” de éxito ante un juez de inmigración a “lo más probable”, según personas al tanto de las negociaciones y quienes hablaron bajo condición de anonimato a fin de tocar el tema.
Si bien una enorme mayoría de los solicitantes de asilo pasan la entrevista inicial, la tasa de aprobación final es mucho más baja. Eso ha avivado las quejas de los detractores que afirman que los estándares de revisión son demasiado bajos y permiten que muchos solicitantes de asilo permanezcan en el país durante años mientras sus casos avanzan lentamente por las saturadas cortes y eventualmente son rechazados.
Adicionalmente, los senadores discuten formas para restringir la capacidad de Biden para recurrir a una histórica ley implementada durante el gobierno de Eisenhower, con la cual él y otros mandatarios han admitido temporalmente en el país a migrantes en virtud de permisos condicionales humanitarios: Desde vietnamitas, camboyanos y laosianos a finales de la década de 1970, hasta iraquíes kurdos que ayudaron a Estados Unidos en la Guerra del Golfo durante la década de 1990, y cubanos que han huido de su país en distintos momentos, según datos del Instituto Cato.
Biden recurrió al programa de permisos condicionales para los ucranianos que huyeron de su país después de que Rusia lanzó su invasión en 2022, y también lo ha usado para permitir que afganos, cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses permanezcan temporalmente en el país sin riesgo de ser deportados.
El gobierno federal y algunos grupos defensores de migrantes arguyen que Mayorkas utiliza las herramientas disponibles para reducir el caos en la frontera debido a que el Congreso ha fracasado en su intento de emprender acciones en torno a mejoras integrales en materia migratoria.
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva del colectivo America’s Voice, dijo que las ideas que impulsan los republicanos son “una caja de sorpresas de políticas trumpistas” que únicamente crearían “más caos y desorden” en la frontera sur en caso de que el Congreso elimine algunas vías disponibles para el ingreso legal.
Pero los republicanos que critican las posturas de Biden señalaron que la Casa Blanca se está extralimitando con el uso de permisos condicionales para que cientos de miles de migrantes ingresen a Estados Unidos de formas que el Congreso no pretendía.
“El verdadero problema es que el asilo no es suficiente si no avanzamos en lo referente a los permisos condicionales”, dijo el senador republicano Thom Tillis.
El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a senadores republicanos en privado que necesita verdaderos cambios en la seguridad fronteriza como parte de un paquete más amplio al que aspira Biden para fondos de guerra.
Pero durante una sesión informativa confidencial del Departamento de Defensa sobre la necesidad de brindar asistencia a Ucrania, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, señaló que le indicó a Johnson y al líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, que la exigencia del Partido Republicano en cuanto a seguridad fronteriza “es ajena a esto, y no debería mencionarse”.
“Les dije: ‘Estamos dispuestos a negociar un acuerdo, pero necesitamos una iniciativa bipartidista en materia fronteriza’”, declaró Schumer a The Associated Press. “No pueden llevarlo tan lejos como han intentado hacerlo”.
El equipo de Biden está desesperado por ver mejores resultados en la frontera, en donde su gobierno ha reportado más de 2 millones de arrestos por cruces ilegales en cada uno de los últimos dos años —las cifras más altas de las que se tenga registro— y más del doble en comparación con el año previo a la llegada de la pandemia de COVID-19.
Mientras Biden busca la reelección el próximo año, es probable que enfrente a Donald Trump, líder en las preferencias por el Partido Republicano que mantiene una postura intransigente en materia migratoria y quien ha mencionado durante su campaña que iniciará la operación “más grande de deportación” en la historia del país.
El gobierno de Biden no está involucrado abiertamente en las negociaciones en el Capitolio, pero no ha recomendado a los demócratas no llegar a un acuerdo con los republicanos. Mayorkas ha tenido conversaciones telefónicas con senadores de ambos partidos en los últimos días mientras continúan las pláticas.
Algunos demócratas y grupos activistas han activado la alarma en cuanto a la carrera por concretar un acuerdo antes de que finalice el año.
“Nos preocupan los reportes de cambios perjudiciales en nuestro sistema de asilo que puedan negar protección humanitaria vital a personas vulnerables, incluidos niños”, escribió el senador Alex Padilla en un comunicado firmado por otros 10 de sus colegas, incluido el jefe de bancada Dick Durbin.
Mayorkas ha testificado ante el Congreso que el mundo experimenta una migración global que no se había visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial, incluida una migración sin precedentes en el hemisferio occidental.
Aunque anteriormente eran únicamente hombres adultos los que llegaban desde México a la frontera estadounidense, ahora es una combinación de familias e incluso niños que viajan sin compañía de un adulto, más de la mitad de ellos procedentes de la región del Triángulo Norte de Centroamérica —compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador_, y de otros países más lejanos. Los contrabandistas y traficantes se promueven abiertamente —a menudo mediante falsedades— ante aquellos que buscan huir de sus países de origen.
Empleando las herramientas que tiene a su disposición, Mayorkas ha intentado crear nuevas vías para que los migrantes soliciten ingreso legal con la esperanza de poner fin a las caóticas escenas en la frontera, donde miles de personas entran ilegalmente a diario.
La solicitud de fondos de Biden incluye alrededor de 14.000 millones de dólares para contratar a más agentes de la Patrulla Fronteriza y funcionarios de cortes migratorias para ayudar a los estados en donde los alcaldes tienen problemas para brindar los servicios necesarios a la gran cantidad de solicitantes de asilo que son liberados en las comunidades.
Durante audiencias recientes, Mayorkas le dijo al Congreso que el gobierno está llevando a cabo labores para manejar la situación, incluso cuando el Congreso no ha podido actualizar el sistema migratorio luego de varias décadas.
