Milenio
México vive y muere con dolor crónico. El 86 por ciento de los pacientes crónicos, con enfermedades prolongadas, degenerativas y progresivas, que han sido víctimas de la violencia o sufrieron accidentes graves, o bien que se encuentran desahuciados, no acceden a opioides legales para reducir el sufrimiento, alertaron expertos.
“Es una premisa muy fuerte pero real”, comentó en entrevista Mario Cordero, titular del Programa de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.
Se trata de un porcentaje, el de 86 por ciento, obtenido, dijo Cordero, del proyecto “Acceso a sustancias controladas para fines médicos: acceso sin exceso” (2018 al 2020), publicado la UNODC y que contiene información esencial obtenida por México y por otros 130 países miembros.
A la falta de acceso se suma otra realidad. México enfrenta un severo desabasto de morfina medicinal para aliviar el dolor entre pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, padecimientos osteomusculares, pulmonares, reumatológicos, con neuralgia, neuropatías y VIH/Sida, afecciones renales, del hígado, inclusive malformaciones del nacimiento, entre otras.
La morfina es de los tratamientos básicos en la atención. “Se hizo un estudio por parte del Congreso de la Unión donde se identificó que existía al menos un déficit de alrededor de 62.4 por ciento de morfina medicinal para pacientes que requieren estos cuidados paliativos”, detalló Cordero.
“Pensemos en que las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, podemos ser nosotros mismos, un familiar, un ser querido, y es verdaderamente desgastante, en todos los sentidos, tener que ver a la persona sufrir.
“Y sufrir no porque (los opioides) no estén legalizados o no estén regularizados, sino porque más bien los mecanismos existentes no están implementado acorde a la realidad del país y, por otra, es fundamental recordar que a pesar de que las políticas públicas en materia de salud han cambiado radicalmente, empezando por el acceso universal a los servicios de salud, los cuidados paliativos, de alguna manera han quedado un poco fuera de la discusión de poder mitigar el dolor, porque se están recuperando de los estragos de la pandemia por covid-19”, aseveró el experto de la UNODC.
México desarrolló una legislación de vanguardia en materia de cuidados paliativos, sin embargo, en la práctica existen un acceso limitado hacia dichos opioides legales.
Los expertos consultados enumeraron varias razones: la falta de un presupuesto etiquetado; el impacto de una reducción del 45 por ciento en la adquisición y compras; la escasez de infraestructura, de personal y farmacias especializadas; el alto costo de los fármacos, 30 veces más caros y los procesos nada ágiles de regulación para acceder a la morfina, al fentanilo o a la metadona, por ejemplo, con fines medicinales.
“Cuando se diseña políticas públicas, sobre todo, en materia de salud, tiene que estar aparejado de un financiamiento sostenible, porque si no se convierte en una promesa que no se puede cumplir, es decir, hay que colocar un presupuesto real y sostenible que permita dar una continuidad en el tiempo a las distintas políticas públicas y, en este sentido, no hay un suficiente presupuesto que esté dedicado a atender este tipo de demandas en materia de salud”, sostuvo Cordero.
Se trata de un porcentaje, el de 86 por ciento, obtenido, dijo Cordero, del proyecto “Acceso a sustancias controladas para fines médicos: acceso sin exceso” (2018 al 2020), publicado la UNODC y que contiene información esencial obtenida por México y por otros 130 países miembros.
A la falta de acceso se suma otra realidad. México enfrenta un severo desabasto de morfina medicinal para aliviar el dolor entre pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, padecimientos osteomusculares, pulmonares, reumatológicos, con neuralgia, neuropatías y VIH/Sida, afecciones renales, del hígado, inclusive malformaciones del nacimiento, entre otras.
La morfina es de los tratamientos básicos en la atención. “Se hizo un estudio por parte del Congreso de la Unión donde se identificó que existía al menos un déficit de alrededor de 62.4 por ciento de morfina medicinal para pacientes que requieren estos cuidados paliativos”, detalló Cordero.
“Pensemos en que las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, podemos ser nosotros mismos, un familiar, un ser querido, y es verdaderamente desgastante, en todos los sentidos, tener que ver a la persona sufrir.
“Y sufrir no porque (los opioides) no estén legalizados o no estén regularizados, sino porque más bien los mecanismos existentes no están implementado acorde a la realidad del país y, por otra, es fundamental recordar que a pesar de que las políticas públicas en materia de salud han cambiado radicalmente, empezando por el acceso universal a los servicios de salud, los cuidados paliativos, de alguna manera han quedado un poco fuera de la discusión de poder mitigar el dolor, porque se están recuperando de los estragos de la pandemia por covid-19”, aseveró el experto de la UNODC.
México desarrolló una legislación de vanguardia en materia de cuidados paliativos, sin embargo, en la práctica existen un acceso limitado hacia dichos opioides legales.
Los expertos consultados enumeraron varias razones: la falta de un presupuesto etiquetado; el impacto de una reducción del 45 por ciento en la adquisición y compras; la escasez de infraestructura, de personal y farmacias especializadas; el alto costo de los fármacos, 30 veces más caros y los procesos nada ágiles de regulación para acceder a la morfina, al fentanilo o a la metadona, por ejemplo, con fines medicinales.
“Cuando se diseña políticas públicas, sobre todo, en materia de salud, tiene que estar aparejado de un financiamiento sostenible, porque si no se convierte en una promesa que no se puede cumplir, es decir, hay que colocar un presupuesto real y sostenible que permita dar una continuidad en el tiempo a las distintas políticas públicas y, en este sentido, no hay un suficiente presupuesto que esté dedicado a atender este tipo de demandas en materia de salud”, sostuvo Cordero.
La falta de coordinación entre el sector farmacéutico, que “invierte mucho en investigación y producción de nuevos medicamentos”, con las diversas instancias de gobierno, incluyendo, por supuesto, a la academia, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a las instancias encargadas de prevenir las adicciones, ha sido otro factor de que las compras hayan disminuido 45 por ciento, añadió el representante de la UNODC.
“Sí hubo una contracción de 45 por ciento en las de compras públicas de medicamentos, específicamente los dirigidos a cuidados paliativos, esto de acuerdo con el Instituto Farmacéutico de México, pero no hay que olvidar, por otra parte, que aun cuando ahora covid-19 ya no es una emergencia, el gobierno tuvo que ajustar todos los recursos para mitigar los efectos de la pandemia. Esos estragos todavía se van a resentir”, subrayó el experto de la UNODC.
Para Guillermo Aréchiga Ornelas, coordinador de Medicina Paliativa y del Dolor del Hospital General de Occidente, la reducción presupuestaria se ha agudizado desde hace una década.
“Hemos comprado menos en los últimos 10 años. Tal vez pensando, equivocadamente, que los fármacos de carácter medicinal están asociados con el desarrollo de cuestiones ilegales”, subrayó Aréchiga Ornelas.
“Se estima que el país destina alrededor de 1 mil millones de pesos en adquirir medicina para el dolor, pero esa cifra se ha reducido a lo largo de una década”, comentó.
Y la reducción presupuestal, continuó, se traduce en condenar a dejar sin cuidados paliativos al 67 por ciento, de los 618 mil mexicanos que mueren al año.
México, de acuerdo con Aréchiga Ornelas, solo se cubre el requerimiento del “3 por ciento de la población mexicana” y tendencia es a la baja.
Se estima que el consumo per cápita de morfina medicinal es de 0.51 miligramos, muy por debajo del resto de otras naciones de Latinoamérica que oscilan en 1.5 miligramos per cápita. Solo en Estados Unidos y Canadá es de 800 miligramos per cápita.
Los costos también influyen en la baja disponibilidad de los medicamentos, los cuales “son 30 veces más caros”, detalló el representante de la UNODC, por moverse dentro de este modelo económico basado en la oferta y en la demanda.
“La gran apuesta de México (en la actual administración) es borrar esta imagen de la salud como un negocio y colocarla como parte de un derecho universal, buscar ese acceso efectivo, pero el costo de los medicamentos generados por la industria farmacéutica se rige por la oferta y la demanda, y ahí es justamente donde el Estado entra, de alguna manera, a conciliar entre los intereses económicos y los derechos humanos”, puntualizó Mario Cordero.
A la reducción presupuestaria y de compras anticipadas, consolidadas, los expertos añadieron la falta de agilidad de la Cofepris para liberar los lotes que llegan al país y de inmediato lleguen a la población objetivo.
“A veces llegan a la aduana los medicamentos, pero no se liberan por la Cofepris. Entonces tenemos desabastos continuos y frecuentes de medicamentos, ahorita hay un desabasto de morfina de meses. No tenemos morfina para los pacientes vía oral”, aseveró Teresa Nava Obregón, coordinadora estatal del Programa de Dolor y Paliativos de la Secretaría de Salud de Nuevo León.
El panorama es incierto. “Con base a las principales causas de mortalidad en el país, más del 60 por ciento de la población va a requerir atención paliativa por disfunciones orgánicas, problemas cardiovasculares, por causas oncológicas, accidentes, malformaciones, y tener fármacos esenciales en aduanas resulta muy grave y lamentable”, aclaró Nava Obregón.
Desabasto de Morena
“Hay desabasto, y no se ha importado productos de otros países para poder cubrir la necesidad. Creo que tiene que ver con las regulaciones sanitarias de la Cofepris para que puedan importar y cubrir la necesidad a nivel nacional”, explicó Silvia Allende Pérez, jefe del Servicio de Cuidados Paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN).
El desabasto de morfina en tabletas ha colocado en un problema ético a los expertos, los cuales, han tenido que recurrir a la morfina inyectable elevando el riesgo de causar posibles efectos adversos como sangrado digestivo, afecciones cardiacas, pulmonares, gástricos, asimismo depresión, entre otros.
La morfina inyectable, puntualizó Nava Obregón, “está indicada para los pacientes que requieren una mayor anestesia por agudización del dolor. Se les suministra por la vena o para yugular dentro de un hospital, muchas veces se trata de pacientes que perdieron además la vía oral.
La morfina en su modalidad tableta, abundó, es un excelente analgésico de manejo en casa. Bajo estas condiciones, el paciente se encuentra rodeado de su familia, en su entorno, como es su derecho.
“Sencillamente no puede estar yendo al hospital y recibir vía intravenosa un fármaco indicado en casos especiales y que requieren hospitalización”.
También la morfina en tableta se suministra a pacientes con enfermedades y con discapacidades causadas por accidentes, por malformaciones y defectos del nacimiento. Son problemas de salud que requieren de largo plazo.
¿Cómo está México en cuidados paliativos?
En el informe “Acceso a sustancias controladas para fines médicos: acceso sin exceso” (2018 al 2020), publicado por la UNODC, se establece, en el caso de México, que nueve de 57 hospitales encuestados en la Ciudad de México, por ejemplo, cuentan con la infraestructura necesaria establecida por la norma para otorgar cuidados paliativos.
“Es muy poco, considerando, justo la cantidad de pacientes con enfermedades prevalentes en nuestro país”, añadió Cordero.
Y a ellos se suma que “solo 28 farmacias de 147 venden medicinas fiscalizadas a pesar de contar con el permiso y licencias sanitarias para distribuir este tipo de medicamento”, aseveró.
Otro dato. “El cien por ciento de los profesionales de la salud entrevistados mencionaron que los medicamentos (morfina, metadona y fentanilo) son insuficientes respecto a la demanda nacional”.
Se estima que menos del 1 por ciento de los médicos cuenta con el recetario autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para prescribir este tipo de opioides legales y controlados.
En 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2021 reportó 305 mil 418 médicos y, de estos, alrededor de tres mil, es decir, menos del 1 por ciento, contaban con dicho recetario.
La cifra actualizada es que se elevó a 4 mil 500 especialistas, pero “para un país de más de 130 millones de habitantes, es insuficiente”.
Son los paliativistas y algólogoslos que solicitan de recetario para prescribir opioides. “Si bien el 68 por ciento de las instituciones cuentan con personal certificado en cuidados paliativos y manejo del dolor, únicamente el 23 por ciento se capacita anualmente”.
Tampoco hay médicos generales certificados en el manejo adecuado del dolor y en el manejo de dichos medicamentos controlados.
Las recetas prescritas se concentraron en las grandes ciudades. “El 68 por ciento de las recetas surtidas corresponde a Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Las sustancias más recetadas son la metadona (31 por ciento), el fentanilo (30 por ciento) y la morfina (23 por ciento).
“Si bien los recetarios electrónicos representaron un avance en cuestión legislativa, de acuerdo con Felicia Knaul y colaboradores, este cambio no representó un aumento significativo en el acceso a medicamentos para el dolor.
«Lo cual coincide con un reporte de la JIFE de 2018, en el cual México se encontraba en el número 104 de 180 países en el consumo de opioides”, de acuerdo con el documento sobre acceso a sustancias controladas de la UNODC.
La morfina medicinal forma parte del catálogo de opioides legales y obligatorios conforme a los establecido en la reforma a la Ley General de Salud.
Sin embargo, en diferentes foros la senadora Néstora Salgado, ha hecho énfasis de que “una de cada tres personas que tiene dolencias graves no puede tener una vida normal, por ellos los cuidados paliativos tienen como finalidad aliviar el sufrimiento”.
En los diferentes foros se ha establecido que se requiere por lo menos de 7 mil 500 millones de pesos al año etiquetados para atender al 80 por ciento de la población que sufre de dolor. Un meta que, ahora, resulta lejana e imposible de alcanzar si no hay voluntad política.
