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Miles de comerciantes de Guatemala paralizaron este miércoles (18.10.20223) sus labores en más de 50 mercados del área metropolitana del país centroamericano para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, a quienes acusan de intentar revertir los resultados de los comicios celebrados este año.
«Estamos unidos como vendedores de mercados para exigir la renuncia de los funcionarios corruptos y respaldar el llamado de nuestras autoridades indígenas», declaró a la agencia EFE Augusto González, un comerciante del Mercado Sur 2, ubicado en el centro de la capital guatemalteca.
Las palabras de González se registraron frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde unas 3.000 personas comerciantes se agruparon en el día 17 de manifestaciones interrumpidas para exigir la renuncia de la cúpula de la Fiscalía.
«Las manifestaciones y los bloqueos de la ciudadanía no tienen la culpa de la inflación y la pobreza, todo esto es responsabilidad de la corrupción de la que ya estamos hartos y no pensamos soportar más», agregó González.
Durante casi todo lo que va de octubre, diferentes sectores -encabezados por autoridades indígenas del noroeste de Guatemala- han tomado decenas de carreteras y la sede del MP, como medida de presión para conseguir la dimisión de los funcionarios cuestionados.
La Fiscalía es acusada de intentar revertir los resultados electorales del pasado 20 de agosto, que sorpresivamente ganó el progresista Bernardo Arévalo de León.
El 17 de octubre, Porras rechazó una invitación de las autoridades indígenas a reunirse bajo la observación de medios de comunicación, ya que la Fiscalía aseguró que no se reunirá hasta que les permitan ingresar a las instalaciones de su sede central.
Los grupos comerciantes advirtieron que están dispuestos a detener sus labores en los mercados de la capital guatemalteca «el tiempo que sea necesario» hasta que renuncien.
El pasado 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a la fiscal general de encabezar un intento de «golpe de Estado» para evitar que tome posesión el 14 de enero de 2024.
