Gaceta UNAM
Nuestro país no podrá lograr un pleno desarrollo sustentable si antes no se garantiza una estricta aplicación del Estado de derecho, y si sus autoridades no se someten al imperio y a los límites que les marca la ley, aseguró la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Al ofrecer la conferencia magistral Paz, justicia e instituciones sólidas: objetivo 16 del Desarrollo Sostenible, enfatizó que desarrollo y Estado de derecho están intrínsecamente ligados, y lamentablemente en nuestro país este último hoy está siendo seriamente amenazado por los altos niveles de inseguridad y violencia, así como por la penetración de la corrupción en todos los niveles, la cual influye de manera determinante en las actividades del Estado.
“Lo más relevante del Estado de derecho es que las autoridades deben tener claro que están sujetas a lo que marca la ley, y que estar en un puesto de poder o autoridad no significa tener discrecionalidad.”
En el marco del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales (SEPERCIS) 2023, Reflexiones del Mundo Contemporáneo: Reconstrucción del Tejido Social y Cultura de la Paz, González Contró recordó que en 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, la cual tiene como propósito que los países emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de las personas.
Destacó que en esa Agenda una de las metas del objetivo 16 es reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas, pues además de los costos económicos y sociales representan un obstáculo importantísimo para el desarrollo sostenible, porque impiden que haya instituciones sólidas, eficaces y transparentes que rindan cuentas.
La transparencia y el buen gobierno, dijo, son fundamentales al ejercer un uso adecuado de los recursos, que no haya corrupción y que se garantice la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos, respetando en todo momento los derechos humanos.
La universitaria subrayó que la creación de instituciones sólidas, transparentes y equitativas eliminaría el riesgo que representa la corrupción y todas las formas de violencia que se producen como consecuencia de ésta.
Aseguró que uno de los costos que estamos pagando con la inseguridad actual es no contar con instituciones fuertes, en particular las de seguridad ciudadana. “Desafortunadamente no ha habido una política eficaz al respecto”, insistió.
Mónica González consideró que no necesariamente una institución fuerte es buena, y en ese sentido externó su preocupación por la militarización que se está viviendo en el país.
“El Ejército es una institución fuerte, pero el hecho de que esté haciendo tareas que no corresponden a su naturaleza la convierten en ineficiente. Es ilegítima porque no está respondiendo al marco constitucional. No fue fundado para hacer tareas de seguridad ciudadana ni pública, sino para tratar asuntos de seguridad nacional, y debe actuar cuando la soberanía del país está en peligro.”
Agregó que en México también tenemos un sistema con un presidencialismo exacerbado históricamente, y éste como institución muy fuerte no necesariamente es buena, sobre todo cuando no tiene contrapesos, o cuando ésos no responden para mejorar las prácticas de gobierno.
Frente a estas problemáticas, el reto es impulsar una constante participación de la población en el diseño y elaboración de políticas públicas, que son las que delimitan el rumbo al país y en las que se requiere una mayor interacción y trabajo conjunto con los gobiernos, como los ejercicios de presupuesto participativo o las consultas ciudadanas, que abren la posibilidad de consolidar a las instituciones, apuntó.
Derecho al juego
Por último, hizo una reflexión sobre el derecho al juego de niñas, niños y adolescentes y su relación con la cultura de la paz, de la legalidad y la justicia.
Destacó que se ha perdido de vista que el juego en las infancias permite la construcción de la democracia y de la cultura de la legalidad y la deliberación; toda vez que, en la definición de las reglas, se discuten, analizan y logran consensos.
“Cuando vemos un grupo de niñas y niños jugar en un parque, están haciendo deliberación democrática, se ponen de acuerdo en cómo jugar, a qué jugar, qué se vale y qué no. Y entonces podemos garantizar esto en condiciones de igualdad; estamos haciendo posible la existencia de una sociedad democrática.”
Si queremos tener un país más seguro, es urgente recuperar los espacios públicos, como un elemento indispensable de cultura de paz, para que las niñas y los niños puedan jugar, porque es ahí donde se hace comunidad y se crea tejido social, concluyó.
