La consejera presidenta provisional del IEPC, Magdalena Vila Domínguez, aseguró que este órgano electoral ha buscado de manera permanente garantizar los derechos político electorales de los grupos en situación de vulnerabilidad, vía acciones afirmativas o disposiciones legales y constitucionales.
Al participar en el foro “Acciones afirmativas para una democracia inclusiva”, en donde estuvieron consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y órganos locales de 18 entidades, explicó que un ejemplo de lo anterior es que está previsto que en los próximos días se firme un convenio entre el IEPC y el Poder Judicial de Chiapas.
«Este acuerdo será para garantizar el intercambio de información de personas sancionadas por violencia familiar, doméstica y deudores de pensión alimenticia que aspiren a candidaturas a cargos de elección durante el Proceso Electoral 2024», informó.
Subrayó que muchas de las acciones afirmativas implementadas en pasados procesos electorales, han logrado un avance sustancial en la democracia chiapaneca y por ello, se encuentran en análisis y discusión por parte del Congreso del Estado para ser incorporadas en la ley local.
Al disertar la conferencia “Retos en la aplicación de la 3 de 3 en el Proceso Electoral 2023-2024”, la consejera electoral Dania Ravel Cuevas, subrayó la importancia de “recalcar que ni las acciones afirmativas, ni la 3 de 3 contra la violencia generarán un cambio social inmediato ni garantizarán por sí solas el éxito de un proyecto democrático incluyente y sin violencia.
Sin embargo, dijo, sí colocan en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergables de la participación y la representación política de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación, su aplicación es indispensable para lograr el desmantelamiento de las asimetrías sociales que históricamente han vulnerado a la ciudadanía.
Posteriormente, durante el panel “El papel de las autoridades electorales en la aplicación de la 3 de 3”, en el que participaron la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, la consejera electoral de Baja California y presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, Olga Viridiana Maciel, el Fiscal Electoral del Estado de Chiapas, Ernesto López Hernández, se coincidió en que para la efectiva y correcta aplicación de la 3 de 3, es indispensable el trabajo conjunto de las autoridades electorales.
«Es necesario garantizar un proceso electoral libre de violencia contra las mujeres y contra cualquier persona perteneciente a grupos en condición de vulnerabilidad, por lo que se debe exigir el compromiso de los partidos políticos de no postular a personas violentadoras a los más de 20 mil cargos que estarán en juego en la elección de 2024», enfatizó.
