Jeny Pascacio
Policías Federales y Guardia Nacional emboscan a africanos y haitianos que mantienen una protesta, desde hace una semana, en la entrada de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula.
Desde las 7:00 horas de este martes, tres autobuses particulares llegaron a la estación migratoria y arribaron más elementos de las fuerzas federales con escudos para replegar a los migrantes que en su manifestación, mantienen bloqueada una de las dos puertas que tiene el edificio.
Los extranjeros pusieron resistencia a los empujones de la valla humana que los orilló hasta uno de los autobuses, pero lograron liberarse, intercambiaron palabras con los agentes, quienes les lanzaron gas lacrimógeno.
Activistas señalan que son más de 10 heridos, entre ellos niños y niñas intoxicadas con el químico, además de reporteros golpeados por documentar el hecho.
«Muchos fueron golpeados con los escudos y toletes», denunció el activista Luis García Villagrán. Varios de los heridos fueron atendidos en el hospital que se encuentra a un costado de la estación migratoria.
Es preciso señalar que son aproximadamente mil 500 migrantes acampan en la explanada del lugar por un documento de salida que no les permite avanzar al norte y por la libertad sus connacionales detenidos en la «cárcel migratoria», como ellos la llaman; además de los que rentan cuartos en las colonias de los alrededores, todos en espera de su regulación.
Los reporteros que fueron agredidos respondes a los nombres de Damián Sánchez Adrián y José Eduardo Torres, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó y abrió un expediente por las agresiones físicas y amenazas de policías federales.
En un comunicado de prensa solicitaron a Fiscalía General de la República (FGR) una investigación por estos hechos donde también hubo africanos, haitianos lesionados y niños intoxicados con el gas lacrimógeno que Policías Federales lanzaron a los mil 500 migrantes que protestan por su libertad, en la explanada a las afueras de la estación migratoria.
«Resulta especialmente grave que servidores públicos de una corporación creada, precisamente, para proporcionar seguridad ciudadana, agredan a comunicadores. Las condiciones de extremo riesgo en que se ejerce la libertad de expresión en muchas partes del territorio nacional impone la obligación de todas las autoridades de prevenir, proteger y sancionar la violencia contra periodistas», señaló.
La CNDH se comprometió a dar seguimiento a la evolución de estos hechos y continuará su acompañamiento a los periodistas agredidos.
