IÑAKI GAISKA
En lo que va del año la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 11 recomendaciones a diversas autoridades, que comparadas con las seis realizadas en el mismo período del año pasado, dan como resultado que este número de acciones se han elevado casi 50% de un año a otro.
Tras revelar lo anterior, Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de dicha instancia, calificó como afortunado que el número de conciliaciones atendidas por parte de las autoridades involucradas aumente, empero, dijo que en este 2019 queda una recomendación pendiente de aceptación por parte de la Fiscalía.
“La citada instancia está aún en término de aceptación”, informó y agregó que durante su gestión de casi año y medio al frente de la Comisión, ha suscrito dos llamados a autoridades del sector salud, uno en el Hospital de Villaflores y uno al de Palenque, ambos por violencia obstétrica.
Interrogado respecto al Operativo Mochila Segura, mismo que asociaciones de padres de familia han pedido se informe sobre su implementación, el ombudsman refirió que precisamente a unos días de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, es importante no dejar afuera de este esquema a los paterfamilias.
“No se debe olvidar que se trata de tareas que involucran a menores de edad, cuya tutela y patria potestad la tienen sus respectivos padres. Ante ello, la recomendación de nuestra institución es que si algún plantel lo piensa ejecutar, primeramente se debe informar al papá y mamá de los menores”, dijo.
Recalcó que la realización de este tipo de acciones es preferible hacerlas frente a los tutores de los niños, pues de lo contrario podría caerse en violación de los derechos humanos. “Por ley está establecido que siempre se debe establecer ante todo el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, aclaró.
CASO PALENQUE
En cuanto al tema de Palenque, donde el Hospital General de la ciudad entregó a una familia un ataúd sin el cuerpo de un bebé fallecido en dicho nosocomio, Zepeda Bermúdez recordó que en cuanto la CEDH tuvo conocimiento, se abrió una queja, pidiendo informes a la Secretaría de Salud, instancia la cual tomo cartas en el asunto y cesó a directivos y personal del mismo.
“Tenemos aún pendiente la reacción de la Fiscalía General del estado, es decir, esperamos que esta autoridad abra una carpeta de investigación, pues si bien es cierto los despedidos tenían una responsabilidad laboral, es probable que también puedan haber contraído compromisos de tipo penal”, especificó.
