La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, actualmente 1,545 proyectos de inversión se encuentran detenidos por falta de resolución de la autoridad ambiental.
El retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo que corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
Los inversionistas resaltaron la importancia de contar con una MIA, que acompañada de otros instrumentos, permite prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto; por lo cual, instaron a la autoridad a responder de manera más ágil a este trámite en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de programas en armonía con su entorno.
Señalaron necesario puntualizar que, si bien la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución, en promedio los resolutivos a privados tardan 199 días, un tiempo mucho mayor al que establece la norma y al que demoran los del sector público, que son liberados en un lapso de entre 36 y 55 días, lo que denota un trato desigual entre los solicitantes que es discriminatorio y que podría ser causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares.
Como ejemplo recordaron que las obras insignia del Gobierno Federal actual como son el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Edomex y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta en 36, 55 y 49 días respectivamente. En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo.
«Reconocemos la importancia de contar con mecanismos de atención y prevención de potenciales daños ambientales; no obstante, es fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos que marca la ley, puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como son el turístico, el minero y el inmobiliario donde los informes preventivos, las MIAs particulares y regionales, implican periodos que van en promedio de los 52 a los 366 días», enfatizaron.
