La exsecretaria Rosario Robles supo de presuntas irregularidades que se cometían tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante su gestión como titular, pero omitió reportarlas y con ello permitió el desvío de hasta 5 mil mdp con el esquema de La Estafa Maestra, acusó este jueves la Fiscalía General de la República.
El argumento de la Fiscalía es que Robles incurrió en el ejercicio indebido del servicio público con base en el artículo 214 del Código Penal Federal, por el que advierte omisión al no informar a su superior jerárquico, en este caso al presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades cometidas en esas secretarías.
Rosario Robles, expuso la FGR en audiencia, fue informada por dos exfuncionarios de ambas dependencias, José Antolino Orozco y María del Carmen Gutiérrez, de las irregulares, pues le advirtieron de éstas tanto de forma verbal como escrita desde 2014 y hasta 2018.
“No administró con transparencia y honradez los recursos de Sedesol y Sedatu”, acusó la agente del Ministerio Público durante la audiencia de este jueves.
El abogado de Robles, Julio Hernández Barros, llamó un “acto de deslealtad procesal” el que la Fiscalía haya entregado este jueves por la mañana el registro de un testimonio recabado el 14 de mayo y que no entregó a la defensa en su momento.
La Fiscalía también argumentó que el exauditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, tuvo reuniones con la secretaria Robles en las que le informó de las irregularidades encontradas en las dependencias y que le fueron entregados los pliegos de observaciones emitidas por la ASF en 2014 y 2018.
Robles estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social desde diciembre de 2012, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta agosto de 2015, cuando fue nombrada titular de la Secretaría de de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en donde permaneció hasta el final del sexenio anterior, en 2018.
Como parte de los argumentos para buscar la imputación, la FGR dijo en la audiencia de este jueves que Robles tenía la obligación de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, buscando las mejores condiciones para el Estado y asegurando su eficacia y eficiencia, como lo establece el artículo 134 de la Constitución.
Pese a ello, Sedesol y Sedatu realizaron 27 convenios con la Universidad Autónoma de Morelos; la Politécnica Francisco I. Madero; la Politécnica de Quintana Roo; la Politécnica de Chiapas; Televisora de Hermosillo; Radio y Televisión de Hidalgo, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social; y solicitaron servicios que las dependencias no requerían y que además no se cumplieron.
La Fiscalía dijo que no existen comprobables de los servicios contratados por las universidades.
A consideración de la Fiscalía, Robles “tuvo pleno conocimiento de las presuntas irregularidades que representaron una grave afectación económica a la Hacienda pública”.
Esto provocó “que se siguiera la materialización de irregularidades en ambas dependencias” y añadió que “Robles tenía la obligación de informar”.
La defensa de Rosario Robles, integrada por seis abogados, solicitó durante la audiencia precisiones respecto a la imputación tales como el monto preciso de los presuntos desvíos, el sistema mediante el cual fueron desviados los recursos públicos, los funcionarios públicos que firmaron y el contenido de los supuestos informes y fechas precisas en las que los funcionarios informaron de las irregularidades a Robles.
El juez decretó un receso hasta las 17 horas de este jueves para que la Fiscalía haga las precisiones que pidió la defensa.
