Imer Noticias
La tortura y los malos tratos de las autoridades hacia la población son un fenómeno que históricamente aqueja al país. Con esta premisa, el gobierno federal puso en marcha la “Estrategia Nacional contra la Tortura” para combatir estos delitos y reducir la impunidad en torno a los casos.
Este plan contiene 66 acciones de prevención y atención para erradicar la tortura en la población migrante, centros penitenciarios e instituciones de salud mental.
Así lo explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
“Se trata de un esfuerzo interinstitucional muy importante que parte del principio del fenómeno de la tortura requiere de una acción enérgica, coordinada, integral y transversal de las instituciones del Estado mexicano para erradicarla.
Lamentablemente, durante muchas décadas la tortura se convirtió en una práctica cotidiana, mucho en el ámbito de las instituciones públicas, particularmente en los cuerpos de seguridad de primer contacto con la población”.
Durante la presentación de la estrategia cuestionó a la Fiscalía General de la República por no poner en marcha una política para combatir estos delitos, pues es el órgano encargado.
“En tanto este programa se logra cristalizar tenemos para desarrollar acciones específicas de 18 instituciones públicas del gobierno federal, se busca avanzar desde ahora en esta práctica interinstitucional, coordinada puntualmente”.
¿Cuáles son los grupos más afectados por los delitos de tortura?
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima ha reconocido la calidad de víctima en 769 casos del 2017 al 2023. Del total, 442 son hombres y 327 mujeres.
De las víctimas, 47 por ciento deriva de la comisión de delitos, 37 por ciento de violaciones a derechos humanos y 16 por ciento de ambos.
Además, Guerrero, Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Estado de México concentran 42 por ciento de los casos registrados.
Entre las acciones de tortura más recurrentes están las siguientes:
Tortura sexual.
Violencia obstétrica.
Tortura en centros penitenciarios.
Violencia hacia personas con enfermedades mentales y discapacidades.
Tortura a comunidades originarias.
