DW
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes (16.05.2023) -tras el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC)- que su Gobierno va «arrasar» con los pandilleros y que no «saldrán jamás» de prisión.
«Que sepan todas las ONG de ‘derechos humanos’, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás», publicó en Twitter el mandatario. Esta publicación se dio después de que la PNC reportara la muerte de un agente en el norteño departamento de Chalatenango, «quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros policías».
«No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepago, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo», agregó Bukele.
La noticia del asesinato del agente se dio el mismo día en el que el Congreso -de amplia mayoría oficialista- se disponía a votar por la decimocuarta ampliación de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste?», tuiteó el gobernante.
Al menos cinco mil personas libres
En tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó este martes en una entrevista televisiva que unas 5.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, han sido liberadas.
El funcionario declaró a la cadena Megavisión que las detenciones suman más de 68.700 y «ya hay una cantidad cercana a los 5.000 que han salido» de prisión, sin precisar si estas personas han sido exoneradas de cargos u obtuvieron la libertad condicional. Sin embargo, rechazó los señalamientos de diversas organizaciones sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
ONG humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
El Gobierno enmarca en esta medida su llamada «guerra contra las pandillas» a la que atribuye la reducción de los homicidios hasta una tasa de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, aunque dicho dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
