Según el encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Baldomero Hernández López, dio a conocer que de no revocar la SCJN el llamado «Plan B» de la reforma electoral, los cambios que ésta contempla (recorte de personal) se terminarían de ejecutar en agosto venidero.
«Por ahora lo que queda es esperar a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la controversia que interpusiera el INE y/o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), así como algunos partidos políticos por acciones de inconstitucionalidad», dijo.
Al hacer un desglose del personal que está en riesgo de perder su empleo, detalló que serían en promedio dos mil 500 trabajadores, la mayoría perteneciente al Servicio Profesional Electoral del Instituto, pues tan solo en cada Junta Distrital hay cinco vocales
Dio a conocer que otros puestos que desaparecerían en estas instancias serían los que integran las Vocalías del Registro Federal de Electores, cada una con cinco empleados, además de las Unidades Técnicas de Fiscalización, con cuatro trabajadores cada una.
Tras revelar que será la Comisión de Administración la encargada de llevar a cabo los ajustes, lamentó que las nuevas disposiciones electorales no sean claras sobre lo que pasará con el personal administrativo, pues no indica si seguirán laborando.
Hernández López adelantó que de continuar todo su curso, el próximo mes se trabajaría para crear el nuevo costo de la estructura y 30 días después se crearía el mecanismo para la minimización de las áreas y los reglamentos que deberán seguir las comisiones centrales.
