A 17 meses de que se cumpla el.plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que Oaxaca y Chiapas solucionen el conflicto limitrofe de Los Chimalapas, la solución jurídica estribaría en que ambas entidades tengan una ley «espejo» sobre el tema, es decir, similar, para así darle carpetazo al caso.
Sin embargo, a decir del presidente de la Comisión Especial para Seguimiento del Caso del Congreso del estado de Chiapas, Isidro Ovando Medina, aunque en términos juridicos el problema pudiera estar resuelto, «en el rubro social, o sea, entre las poblaciones, podria continuar por muchos años», consideró.
Sobre esta posibilidad, el legislador señaló que se corre dicho riesgo, pues tanto chiapanecos como oaxaqueños «son de armas tomar y defienden lo suyo». No obstante, los diputados tenemos la obligación de escuchar a ambos lados y cuando se emita la modificación al Artículo 2° de la Constitución «posea el espíritu de lo que pide el pueblo».
Detalló que la solución no va por el camino ni del enfrentamiento verbal, ni mucho menos ideológico de la contraparte oaxaqueña. «El aclarar este tema va por la ruta del consenso y de la concordia. Si se pueden alcanzar acuerdos, pues el nuevo Gobernador de Oaxaca ha mostrado interés en el dialogo».
Recordó que el conflicto tiene dos vertientes. Uno es el plieto jurídico entre los gobiernos de ambas entidades federativas y el segundo el social. «Si las autoridades no empatan una reforma armonizada con la de Oaxaca, el problema continuará», sentenció.
Al respecto dijo estar contra la acción iniciada por la Barra Chiapaneca de Abogados, que pese a tener buenas intenciones, entablaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, cuya resolución quizá se emita mucho después del plazo que dio la SCJN a Chiapas y Oaxaca (junio de 2024).
