La Jornada
Ciudad de México. Para poder acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó modificar la convocatoria para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), todas las etapas del proceso quedaron suspendidas, hasta que en febrero el pleno de la Cámara de Diputados pueda cambiar los temas que ordenaron los magistrados.
“Queda en suspenso la convocatoria y la etapa de integración del comité técnico de evaluación, así como el registro de aspirantes”, que estaba previsto para iniciar la próxima semana, informó esta tarde el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier.
El jurídico de la Cámara, Luis Genaro Vásquez, entregó una opinión a la Junta donde resalta que negarse a acatar la sentencia del 23 de diciembre pasado -en el sentido de distinguir cuál de las cuatro listas de candidatos será para presidente del Consejo General y acatar las disposiciones de igualdad de género- podría implicar sanciones por parte de los magistrados “con medidas de apremio u otras determinaciones que vulneren aún más el orden constitucional”.
No obstante, la Junta decidió atender recomendaciones del jurídico, en el sentido de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por invasión de poderes, incluso iniciar un juicio político o hasta una demanda por prevaricato contra los magistrados del Tribunal Electoral, al considerar que invadió atribuciones exclusivas de los legisladores, con el fallo donde ordenó modificar diversos puntos de la convocatoria para elegir a cuatro consejeros del INE.
Mier informó que la decisión sobre la vía jurídica en contra del Tribunal se votará en la próxima reunión de la Junta, el lunes 9.
El legislador de Morena dijo que la Junta acordó no convocar a un periodo extraordinario donde el pleno vote la nueva convocatoria, y atribuyó la resolución de los magistrados a “los intereses” de quienes convocaron la marcha del 23 de noviembre.
“Ya había dicho que se iban a aparecer los duendes que privilegian los intereses sobre la democracia de México. En el tribunal se prestaron acciones ajenas a la acción de justicia, como han hecho todos sus resolutivos. Es una acción sistemática y eso es prevaricato”, acusó.
Las medidas legales tendrían que ser presentadas por la Mesa Directiva, que tiene atribuciones en la materia, explicó.
“El Tribunal hizo acciones que constituyen una violación sistemática a la Constitución y una intromisión al Legislativo y por esa razón vamos a iniciar el camino jurídico, que nos permita imponer un límite al Tribunal. Se instruyó al jurídico nos presente una ruta jurídica, desde el amparo directo, la controversia y en el caso de que existan delitos de carácter federal como el prevaricato, de alejarse de su obligación de los juzgadores, recurrir a la judicatura para sanciones administrativas y en su caso juicio político”, agregó.
