Sin Embargo
En 2020, la participación de los países latinoamericanos saltó de seis por ciento a 15.8 por ciento y desde entonces su aumento ha sido imparable, tanto que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa las utilizan para el lavado de dinero.
Brasil 24 de noviembre (InSightCrime).– La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe.
Con un enfoque en el creciente uso de las criptomonedas en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y México, este informe del centro de pensamiento sobre delitos financieros Global Financial Integrity (GFI) describe una región donde la tecnología ha sacado una ventaja importante a la capacidad de las leyes de mantener su vigencia.
Antes de considerar los usos ilícitos de las criptomonedas, el informe señala que su uso en general ha experimentado un crecimiento acelerado. Entre 2017 y comienzos de 2020, Latinoamérica y el Caribe representaban el seis por ciento de las bitcoins a nivel global. En 2020, esa participación saltó a 15.8 por ciento y desde entonces su aumento ha sido imparable.
Lavado de dinero, extorsión, fraude y otros delitos han crecido de la mano de esa participación. A continuación, InSight Crime destaca tres conclusiones del informe de GFI.
MARCOS REGULATORIOS INCONSISTENTES
Quizás la denuncia más clamorosa del informe se centró en lo fragmentario de las leyes y regulaciones en torno a las criptomonedas en Latinoamérica y el Caribe.
Un mapa de los marcos regulatorios de la región por países puso en evidencia la falta de un control sólido a nivel gubernamental. Sólo seis países de los 32 analizados en el compendio regional de GFI en 2021 habían implementado tanto “leyes como normativas”. Esto cubrió todo el espectro, desde la total prohibición de las criptomonedas en Bolivia hasta la designación del bitcoin como moneda legal en El Salvador.
En El Salvador, el informe de GFI analizó cómo, para incentivar la participación interna, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ofreció a los salvadoreños un incentivo de 30 dólares para descargar la billetera electrónica Chivo Wallet, diseñada para almacenar las existencias particulares de la población en bitcoins. Aunque cerca del 61 por cientos de los salvadoreños descargaron la Chivo Wallet, el gran número de casos de hackeo y fallas de seguridad en la aplicación de la billetera afectaron su reputación y pusieron de relieve la falta de regulaciones que fueran a la par de los avances tecnológicos.
En Argentina, país agobiado por problemas económicos crónicos, las criptomonedas se han convertido en una de muchas salidas financieras paralelas adoptadas por la población como “métodos alternativos de ahorro o inversión”, según halló el informe. El país ha pasado rápidamente al ataque frontal a la ciberdelincuencia mediante las criptomonedas, en parte por las obligaciones adquiridas como parte de los planes internacionales de ayuda financiera. La Fiscalía General del país creó una Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Aunque no se han denunciado muchos casos de crimen organizado por medio de criptomonedas en Argentina, en septiembre de 2021 un hombre fue a prisión por el presunto blanqueo de cientos de miles de dólares para narcos mexicanos usando Bitcoin.
Hablando de México, GFI identificó la Ley de Tecnología Financiera de 2018, como un raro ejemplo de regulación sólida en este campo y punto de referencia para la región. Aunque brinda una hoja de ruta sólida para el control y acompañamiento del crecimiento de las criptomonedas, aún requiere actualizaciones en lo que respecta a la política contra el lavado de dinero. Esto es especialmente válido si se considera la rápida adopción de las criptomonedas por parte del crimen organizado mexicano.
GFI observó el aumento en el uso de criptomonedas en organizaciones criminales y carteles transnacionales que se dedican al lavado de dinero, en especial el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa.
INCAPACIDAD DE RASTREO DE TRANSACCIONES ENTRE DISTINTAS CRIPTOMONEDAS
El carácter descentralizado de las criptomonedas agrava los riesgos de lavado de dinero, por la mayor dificultad de rastreo de información específica de los titulares de las transacciones. Los usuarios no sólo pueden negociar monedas digitales con billeteras anonimizadas, sino que además pueden cambiar entre distintas cadenas de bloques.
Esto implica que pueden convertir divisas de Bitcoin a Ethereum, por ejemplo, y aprovechar el hecho de que se requiere poca o ninguna información para hacerlo. Según Chainanalysis, firma especializada en investigación sobre criptodelincuencia, esos requerimientos de rastreo muchas veces no existen para la conversión en criptomonedas, lo que añade una capa adicional del anonimato tan deseado por los lavadores de dinero.
De nuevo, la falta de regulación en la región fue criticada por GFI por propiciar el lavado de dinero. Y en Venezuela, los riesgos de lavado de dinero que plantea el uso de diferentes criptomonedas han sido especialmente serios.
En 2018, Venezuela lanzó su propia moneda digital, el Petro, para evadir las sanciones económicas internacionales. En 2021, InSight Crime informó que, aunque el petro no tardó en presentar problemas, “brindó la fachada para que el régimen de Maduro creara estructuras que permitieran a la cúpula militar corrupta lavar dinero en la forma de cambios de criptomonedas”, según un experto.
ESTAFAS, ENTRAMADOS Y BITCOIN
Para terminar, la confluencia de mínimas regulaciones y la comprensión incipiente de estas monedas ha dado pie a algunas estafas espectaculares y de amplio alcance en la región.
Brasil, en particular, fue destacado en el informe de GFI por los múltiples esquemas piramidales mediante los cuales organizaciones criminales se aprovecharon de poblaciones ansiosas por iniciarse en un mercado especulativo emergente. El gigante sudamericano tiene el mayor índice de adopción de criptomonedas en Latinoamérica y uno de los mayores del mundo.
Pero, con la desaceleración de la economía, proliferaron los esquemas que ofrecían riqueza de la noche a la mañana dirigidos a “usuarios brasileños ansiosos de tener grandes retornos”. En 2019, más de 55 mil usuarios fueron víctimas de fraude como parte de un esquema piramidal calculado en 195 millones de dólares. Una firma del estado de Rio Grande do Sul captó pagos no autorizados en criptomonedas, prometiendo a los inversionistas un retorno imposible del 15 por ciento en un mes.
InSight Crime también dio a conocer el triste caso de Glaidson Acácio dos Santos en Brasil, el también conocido “Faraón del Bitcoin” de Brasil.
Acácio dos Santos prometía retornos mensuales de 10 por ciento a inversionistas en criptomonedas, gracias a lo cual captó 67 millones de dólares en el transcurso de siete años de aspirantes en todo Brasil. El esquema implicó al menos a otras 21 personas, entre ellas su esposa, socios comerciales señalados de lavar el dinero, expertos en finanzas que disfrazaban las transacciones y operadores de menor tamaño encargados de ampliar la pirámide en ciertas zonas específicas de Brasil.
Lo inquietante es que Acácio dos Santos expandió el alcance de su pirámide en parte aprovechando sus conexiones en la iglesia evangélica universal del Reino de Dios (Igreja Universal do Reino de Deus), una carismática iglesia con millones de miembros.
