La Jornada
Ciudad de México. Un tribunal federal en materia penal en Ciudad de México le concedió un amparo a Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, contra la orden de aprehensión y su ejecución que se libró en su contra por delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal
La orden de captura que un juez de Veracruz giró contra Antonio Tarek Abdalá Saad se realizó por Gregorio Esteban Noriega Velasco, un juez de Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial con sede en Pacho Viejo el 16 de abril de 2020.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmaron la resolución del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien le concedió la protección de la justicia federal al ex funcionario de Veracruz al considerar que hubo vicios formales en el procedimiento.
Los efectos de la medida cautelar son para que el juez de control dejé insubsistente la orden de aprehensión por los delitos antes mencionados, con libertad de jurisdicción, resuelva nuevamente en relación con la orden de captura solicitada pudiendo resolver en el mismo sentido o en uno diverso.
En caso de reiterar su decisión deberá fundarla y motivarla deberá señalar en particular cuáles son los hechos tipificados como delito qué se le atribuyen al quejoso y su fundamento legal, preciar qué datos de prueba permiten desprender o establecer la existencia o no los ilícitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal, coalición y asociación delictuosa atribuidos al quejoso, así como la probabilidad su participación en su comisión.
Además, el juez de control tendrá que expresar los motivos y fundamentos por los cuales se actualiza o no la necesidad de cautela respecto al quejoso conforme a la petición del ente ministerial. Se aclara a la responsable que la concesión del amparo obedece a vicios formales y no de fondo, por lo cual, en caso de que así lo considere deberá reiterar el acto reclamado.
De acuerdo con el expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectó que el excolaborador de Duarte participó en una red de corrupción que involucró al DIF de Veracruz a cargo en ese entonces de Karime Macías Tubilla.
A través de 26 empresas fantasma, la UIF identificó irregularidades por 224 millones 25 mil 477 pesos entre 2012 y 2016, que involucraba a cerca de un centenar de personas y funcionarios públicos, entre ellos Tarek Abdalá.
“Dichas operaciones fueron coordinadas por al menos noventa y tres personas, entre ellos el quejoso y otros diversos servidores públicos que durante el periodo anteriormente referido, eran funcionaros públicos de dicho organismo descentralizado”.
