El Universal
Kabul.– El líder supremo de los talibanes en Afganistán ordenó a los jueces la aplicación plena de la ley islámica, incluyendo las ejecuciones públicas, lapidaciones, latigazos y la amputación como castigo para los ladrones, unos días después de aprobar varios decretos que lastran las libertades de las mujeres.
En un tuit publicado el domingo en la noche, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, indicó que esta orden «obligatoria» emana del líder supremo de los talibanes Hibatullah Akhundzada, tras un encuentro con los jueces.
Akhundzada, que no ha sido filmado ni fotografiado en público desde que los talibanes recuperaron el poder en agosto de 2021, dirige el país por decreto desde Kandahar, una localidad en el sur y cuna de este movimiento fundamentalista.
«Examinen cuidadosamente los casos de los ladrones, secuestradores y de los sediciosos», escribió el portavoz citando las palabras del líder supremo sobre la aplicación de la sharia, la ley islámica.
«En los casos en los que se cumplan todas las condiciones que establece la sharia (…) están obligados a implementar» el conjunto de sanciones previstas, agregó.
Mujahid no estuvo disponible el lunes para dar más precisiones.
El jefe supremo hizo referencias a delitos considerados según la ley islámica como los más graves para los cuales están previstas diferentes penas incluyendo castigos corporales.
En la lista están el adulterio, las acusaciones falsas de que un tercero cometió esta falta, pero también el consumo de alcohol, el robo, la apostasía y la rebelión.
Según los eruditos del islam, para que haya una condena por alguna de estas faltas es necesario reunir pruebas suficientes, por ejemplo en el caso del adulterio, la confesión o el testimonio de cuatro adultos musulmanes que sean varones.
Azotes
Las redes sociales han sido inundados desde hace más de un año de videos y fotografías de miembros de los talibanes infligiendo latigazos en las calles a personas acusadas de diversas infracciones.
También hay reportes de personas que recibieron azotes por acusaciones de adulterio en zonas rurales después de la plegaria del viernes, pero es difícil verificarlos mediante una fuente independiente.
A su retorno al poder, los talibanes prometieron ser más laxos en su aplicación de la sharia, pero rápidamente volvieron a una interpretación muy rigorista del islam que marcó su primer periodo en el poder entre 1996 y 2001.
En este periodo, los talibanes castigaron en público a los acusados de robo, secuestro o de adulterio, con penas desde la amputación de miembros a la lapidación.
«Si comienzan a aplicar realmente» los aspectos más duros de la ley islámica», van a intentar generar temor en una sociedad que progresivamente perdió el miedo tras su retorno al poder, explicó Rahima Popalzai, analista jurídico y político consultado por AFP.
Según el analista «los talibanes, como una estructura teocrática, quieren también reforzar su identidad religiosa entre los países musulmanes».
El retorno de los talibanes al poder ha vetado a las mujeres del espacio público. La mayoría de las empleadas públicas han perdido su trabajo o son obligadas a quedarse en casa aunque reciban un salario.
También se ha prohibido que las mujeres viajen solas, sin la compañía de un varón de su familia, y deben cubrirse con un burka, un velo integral, para salir de sus casas.
La semana pasada anunciaron la prohibición de que las mujeres entren a los parques, los gimnasios y los baños públicos.
Los atentados de los últimos meses también pueden explicar este llamado a una aplicación más estricta de la sharia, según Popalzai.
«Con los recientes ataques, su reivindicación (de haber instaurado la seguridad en el país) queda en entredicho, pero ellos quieren decirle al mundo: ‘podemos cumplir con nuestras promesas'», estimó Popalzai.
El 30 de septiembre un ataque suicida contra un centro de formación en un barrio de la minoría chiita hazara de Kabul dejó 54 muertos, incluyendo 51 chicas.
El atentado no fue reivindicado, pero seis miembros de la rama regional del grupo yihadista Estado Islámico fueron acusados de estar implicados y fueron abatidos por los talibanes.
Unos días más tarde, el 5 de octubre, una explosión en una mezquita del ministerio del Interior dejó cuatro muertos.
