Gaceta UNAM
Hay una falta de reconocimiento político y social de los beneficios que aportan las áreas naturales protegidas urbanas, por lo que es necesario lograr acuerdos y la concurrencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, con la sociedad civil, para su manejo adecuado y conservación, afirmó Gabriela de la Mora de la Mora, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).
A lo anterior, detalló, hay que sumar las redes de corrupción entre tomadores de decisiones y grupos de interés asociados al sector inmobiliario que favorecen el crecimiento urbano sin planeación y la especulación inmobiliaria, lo cual genera impactos negativos relacionados con la inseguridad, la contaminación y el aumento de riesgos sociales y ambientales.
Pérdida de conexión
En la sesión dedicada a Bosques urbanos y biodiversidad en la ciudad: gobernanza y participación ciudadana, del Seminario Permanente de Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático: interdisciplina, sostenibilidad y justicia, la universitaria añadió que esas áreas, en el contexto urbano, no tienen un estatus especial y en ellas se presenta una pérdida de conexión con otros ecosistemas, al privilegiarse el interés económico del sector inmobiliario.
En el encuentro, organizado por el CRIM y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, recordó que, en los últimos 25 años la política de áreas naturales protegidas se considera como la columna vertebral de la estrategia de conservación de ecosistemas y biodiversidad en México. Sin embargo, esos espacios cada vez operan con menos recursos, tanto humanos como financieros.
La Organización Mundial de la Salud ha establecido que es necesario contar con nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y que éstas tendrían que estar a 15 minutos de distancia de la zona que habitamos; en México “no tenemos ese privilegio”. Al referirse a los casos de Monterrey y Guadalajara, señaló que sólo hay 3.91 y 3.5 metros cuadrados, respectivamente.
La “sultana del norte” cuenta con 13 áreas naturales protegidas –dos federales, 10 estatales y una privada– que se ubican dentro de la ciudad o en sus espacios circundantes, incluyendo el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En tanto, la “perla tapatía” tiene siete áreas naturales protegidas (una federal, una estatal y cinco municipales). Por supuesto, estas últimas son las de mayor fragilidad; algunas carecen de programas de manejo, no cuentan con presupuesto ni personal, etcétera.
Al mencionar una investigación exploratoria en ambas ciudades, (realizada entre 2012 y 2015), donde se entrevistó a actores sociales estratégicos, como funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, activistas, sector académico y privado, etcétera, refirió que se intentó abordar los problemas cuando hay áreas naturales protegidas insertas en un contexto urbano.
Entre las consecuencias ecológicas se encuentra el cambio de uso de suelo por la urbanización y la expansión urbana; además, los asentamientos irregulares en esas áreas generan incidencia de incendios, fragmentación del hábitat y aumento de especies invasoras.
Un menor contacto con la naturaleza influye en la falta de voluntad para involucrarse en el cuidado del ambiente. Es fundamental informar a la sociedad sobre las consecuencias de la degradación de estos entornos para la sostenibilidad de las ciudades, la vida humana y los ecosistemas, concluyó.
Restauración forestal
En tanto, Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, de la Universidad de Guadalajara, habló de los trabajos realizados en esa ciudad del Occidente de México, mediante la aplicación de la metodología denominada restauración forestal participativa.
Su finalidad es formar promotores forestales, no sólo para restaurar espacios, sino además “para organizarnos de manera colectiva”. Asimismo, generar y aplicar lineamientos para planeación e implementación de procesos socioorganizativos y de restauración forestal integral.
El miembro fundador del Colectivo Ecologista Jalisco y del Colectivo Ciudadano Pro-bosque Pedagógico del Agua detalló que la metodología de restauración forestal participativa considera el desarrollo de procesos integrales, colectivos, fomentando la colaboración de la gente, la autonomía de los organismos, grupos y redes que participen en este tipo de procesos, fomentando la intersectorialidad, es decir, donde intervengan grupos vecinales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios, voluntariados empresariales, sector académico y dependencias y organismos públicos del Estado o descentralizados.
No se trata de ir a plantar árboles y olvidarse de ellos, sino de desarrollar proyectos de mediano y largo plazos para tratar de garantizar que salgan adelante. La intención es trabajar en áreas con vocación boscosa en entornos urbanos, como en el proyecto de La Hondonada, en el bosque de La Primavera, en Guadalajara. “No pretendemos generar parques o jardines, plazoletas o camellones, sino bosque en su sentido más complejo”, finalizó Jorge Gastón Gutiérrez.
