La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un diagnóstico nacional de la situación penitenciaria 2021
El análisis abarca observaciones a la capacidad de alojamiento, condiciones de estancia de la población, servicios de salud, condiciones materiales y de higiene, prevención y atención de violencia, tortura y maltrato, entre otros
Al presentar el Diagnóstico Nacional de la Situación Penitenciaria 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó que tras la supervisión en 250 de los 287 establecimientos penitenciarios que operan en nuestro país, el Cefereso 15 de Chiapas y seis más, obtuvieron evaluaciones menores a 8 puntos.
El documento señala que entre los Centros Federales de Readaptación Social, el 7 en Durango y 11 en Sonora obtuvieron calificaciones menores a 7; mientras que el número 18 en Coahuila, 14 en Durango, 1 del Altiplano, 17 de Michoacán, 13 de Oaxaca, 5 del Oriente de Veracruz, además del ubicado en Chiapas, obtuvieron calificaciones menores a 8.
Advierte que deben atenderse las deficiencias en la atención a personas adultas mayores; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; deficientes vías de remisión de quejas de probables violaciones a derechos; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas y deficiencias en la prestación de servicios de salud, cuya mención ocupa el primer lugar en quejas por violación de derechos.
La directora general de Supervisión y Pronunciamientos Penitenciarios, Montserrat Ríos Rodríguez, y la directora general de la Tercera Visitaduría de la CNDH, Hilda Téllez Lino, hicieron la presentación formal del diagnóstico y resaltaron los alcances de la información recabada, que actualiza el análisis de la situación que prevalece en los centros penitenciarios en aspectos como: condiciones de internamiento, capacidad de alojamiento y población existente, servicios para la atención y el mantenimiento de la salud de los internos, entre otros.
En su oportunidad, Téllez Lino enfatizó que la información recabada a través de mesas de trabajo con autoridades estatales, federales y militares, así como en los recorridos y visitas a los centros penitenciarios, ha permitido emprender acciones correctivas, y se ha logrado detectar y documentar violaciones a derechos humanos que han derivado en integración de expedientes y recomendaciones emitidas por parte de la propia CNDH, utilizando así el diagnóstico como un instrumento para la defensa de los derechos humanos.
Resaltó que para este año, el diagnóstico fue programado y diseñado a partir de identificar áreas de oportunidad pendientes de abordar y señaladas en diagnósticos anteriores. “Como parte de la muestra de 250 centros penitenciarios evaluados, se seleccionaron aquellos que nunca habían sido visitados por la CNDH (75), los que en el diagnóstico emitido en 2020 resultaron evaluados con calificaciones menores a 6, así como todos los centros mixtos y todos los destinados para la población femenil, con el fin de identificar de forma exhaustiva las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad”.
El informe arroja que al 31 de diciembre de 2021 había en todo el país 222 mil 369 personas privadas de la libertad, de las cuales se tuvo la oportunidad de conocer las condiciones de vida de 186 mil 238, lo que representa más del 83% del total de la población penitenciaria. Se identificó que, de toda la población distribuida en los centros verificados, 63 mil 768 personas pertenecían a uno o varios grupos de atención prioritaria, es decir, que el 34% de las personas tiene requerimientos de atención específicos.
Asimismo, se observó a detalle y con preocupación, que en los centros penitenciarios distritales en los estados de Hidalgo, Puebla y Zacatecas, prevalece un generalizado abandono institucional, que se refleja en las condiciones físicas de la infraestructura, en la falta de personal y deficiente capacitación del que hay disponible; en los deficientes servicios básicos, que no garantizan la calidad de vida de las personas ahí recluidas, y evidencian la falta de compromiso de las autoridades responsables de dichos establecimientos.
