Contra Línea
Entre abril y junio de 2021, la aduana ferroviaria de Nuevo Laredo colapsó: en sus ocho carriles se acumularon más de 800 carros tanque que no lograban certificar el origen legal de las mercancías importadas a México. De éstos, 550 eran de gasolinas de contrabando. En medio de amenazas del crimen organizado y en sólo cuatro días, autoridades federales –incluido Pemex– participaron en un gran operativo para decomisar el huachicol.
El tema se trató como secreto de Estado por el riesgo que corrían los funcionarios presentes, pero también para evitar alarma en la comunidad: para entonces, era latente el peligro de que explotaran algunos de los cargamentos por las altas temperaturas. Las investigaciones apuntan al güero Marvic, buscado por la DEA
En junio del año pasado se montó un gran operativo federal en la aduana ferroviaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizar uno de los mayores decomisos de gasolinas de contrabando. En cuatro días, las autoridades aseguraron más de 550 carros tanque que transportaban combustible de Estados Unidos a México, sin acreditar que su procedencia era legítima.
Algunos de esos contenedores llevaban ya entre dos y tres meses varados en los ocho carriles de entrada al país, por lo que todo el tráfico ferroviario que transita por esa ruta enfrentaba problemas para introducir sus cargamentos, primero con retrasos de entre 3 y 4 horas y luego de días o semanas. Ante esto, las denuncias de grandes empresas –en especial, de la industria automotriz– llegaron al más alto nivel del gobierno mexicano. Hasta entonces, las autoridades aduanales de Nuevo Laredo ni siquiera habían dado aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien desde 2020 tiene a cargo ese punto de control.
Otras denuncias de carácter anónimo alertaban a las autoridades federales en el centro del país, porque en la región se enfrentaban temperaturas muy altas, y se consideraba un peligro de seguridad nacional tener varados tantos carros tanque de combustibles en un mismo punto y sin condiciones de seguridad: éstos podrían explotar en cualquier momento y poner en riesgo a las poblaciones aledañas.
Con toda esta información, desde oficinas centrales de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional, se armó el operativo para corroborar las denuncias y decomisar los cargamentos. Al lugar no sólo llegaron funcionarios de esas dos dependencias, sino también de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Operativo secreto
El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer los decomisos en la conferencia presidencial de 21 de julio de 2021, cuando se rindió el reporte de seguridad correspondiente a ese mes. Sin embargo, no dio a conocer que se trató de un gran operativo en la aduana de Nuevo Laredo. Y es que el tema se mantuvo en secreto por el riesgo que corrían los funcionarios que estuvieron presentes en la zona, que presenta problemas de gobernabilidad por la presencia del crimen organizado.
Adicionalmente, al momento del operativo, tampoco se quiso generar alarma en la comunidad, pues era latente el peligro de que explotaran algunos de los cargamentos por las altas temperaturas y las maniobras que estaban realizando las autoridades para proceder a los decomisos.
Por ello, el general mantuvo discreción en este asunto y en la citada conferencia sólo reportó que en las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles para el periodo del 21 de junio al 20 de julio se recuperaron 10 millones 299 mil 786 litros de combustible y se aseguraron 779 vehículos.
Asimismo, enlistó que “las entidades con mayor incidencia: Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. Sigue conservando Hidalgo el primer lugar, aunque las tomas clandestinas se han reducido”, sin profundizar más en el caso de Tamaulipas donde se realizó el mayor decomiso del mes reportado.
En comparación con los resultados de meses anteriores y posteriores, los litros de combustibles recuperados sí muestran un alza considerable. Entre enero y abril se decomisaron entre 700 mil y 900 mil litros por mes; en mayo y junio, se promedió en más de 2 millones de litros mensuales, mientras que entre agosto y diciembre varió desde los 200 mil litros hasta los 980 mil. Sólo en julio superó los 10 millones de litros.
El tema de la seguridad nacional mantuvo bajo alerta a todas las autoridades involucradas en el operativo, pues además del riesgo que implicaba el crimen organizado y el asunto de la seguridad física de los cargamentos, se estaba colapsando el comercio exterior que pasa por esa aduana. El asunto económico no era menor: por la vía férrea en Nuevo Laredo entra alrededor del 75 por ciento de todo el comercio con Estados Unidos y estaba parado.
Los funcionarios civiles que llegaron a la zona fueron transportados desde el aeropuerto en vehículos militares de alta protección. Todo el recorrido y el decomiso se realizó en cuatro días, por lo que se considera en los círculos de seguridad como uno de los más rápidos y eficientes, debido no sólo al volumen de lo decomisado sino también a las amenazas que en su momento hicieron miembros de los grupos delictivos que controlan la región.
Los funcionarios encontraron más 800 carros tanque varados en la aduana por no contar con suficiente documentación, y que –en algunos casos– por las gestiones de la empresa Kansas City no habían sido desalojados en espera de que se les tramitaran papeles para poder ingresar a México. De esos, poco más de 550 eran de gasolinas que se intentaban importar como si se tratara de otro tipo de hidrocarburos.
De acuerdo con los reportes de seguridad nacional que se elaboraron sobre este operativo, en el lugar hubo presencia de integrantes del crimen organizado de día y de noche.
El minuto a minuto
En las primeras horas del operativo, el personal civil revisó visualmente los carros tanque y sus cargamentos. Sus primeros reportes a oficinas centrales indicaban un riesgo inminente de seguridad, pues algunos de los cargamentos de combustibles estaban en evidente ebullición.
Las siguientes horas llegó el personal de Pemex y de ASEA. Los primeros llevaban consigo su equipo tecnológico para verificar que los cargamentos fueran gasolina y no los combustibles reportados en sus pedimentos.
De acuerdo con las leyes, en caso de importaciones de hidrocarburos si los dueños de la mercancía no acreditan la propiedad o mienten respecto de los cargamentos, el gobierno está facultado para embargarlos de inmediato.
Con su laboratorio móvil, el equipo de Pemex verificó y confirmó que más de 550 carros tanque transportaban gasolinas de contrabando. Para entonces era tal el revuelo en la zona que también habían llegado ejecutivos de la empresa ferroviaria Kansas City, quienes cooperaron para que los carros tanques detenidos estuvieran en uno o dos de los carriles y con ello se agilizara el paso de los demás importadores.
En un vehículo especial, los trabajadores de Pemex iban en medio de esos carriles tomando las muestras de laboratorio. Un día y medio le tomó a las autoridades liberar la presión en seis carriles. Cada cargamento verificado era decomisado de forma instantánea.
Una vez que se terminó este proceso, fue la propia Pemex la que armó la logística para enviar a diferentes lugares de almacenamiento estos cargamentos. Los reportes de seguridad se armaron en oficinas centrales para no exponer a los funcionarios presentes en la zona, y éstos salieron de inmediato de Nuevo Laredo una vez concluidas todas las gestiones que se necesitaron para este gran decomiso.
Una de las línea de investigación sobe este caso ha establecido que el combustible que entra por tierra es contrabando que viene directamente de pequeñas refinerías asentadas en Estados Unidos. En específico, se sigue como línea sólida la participación del llamado güero Marvic, considerado el rey del huachicol en Tamaulipas y a quien se le identifica como supuesto sueño de refinerías en el país vecino del norte.
De acuerdo con las indagatorias, una de sus operadoras del güero Marvic movió 1 mil 200 millones de dólares facturados en año y medio. Por ello se siguen indagando cómo se comete este tráfico ilegal de combustibles, su logística, las comercializadoras y transportadoras involucradas.
Las líneas de investigación sobre su modus operandi revisa incluso si operadores en las aduanas de Tamaulipas están vinculados a este contrabando; qué redes de transportistas se utilizan y con qué estaciones de servicio tienen tratos.
Respecto de sus operaciones financieras, lo que ya se sabe es que manejan el dinero en efectivo y lo cambian a dólares: el dinero no entra bancos, sino que es pura compra venta de dólares.
