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QUINTANA ROO.– El feminicidio de Victoria Esperanza Salazar Arriaza, migrante refugiada en México proveniente de El Salvador, a manos de policías de Tulum y cometido hace un año, permanece sin sanciones ni condenas hacia los culpables.
El proceso penal por el feminicidio se encuentra en la etapa intermedia, con diferimiento de la audiencia hasta en tres ocasiones debido a la ausencia de los policías procesados y de las estrictas medidas de seguridad sanitaria en el Poder Judicial, por las que se han acumulado los casos y abarrotado las salas, en este caso, de los juzgados orales de Tulum, informó José Luis Gutiérrez, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal), la asociación civil que lleva la defensa.
El 27 de marzo de 2021 cuatro elementos de la Policía de Tulum detuvieron a Victoria tras un reporte de alteración del orden en el espacio público. Victoria había ingresado en un Oxxo ubicado en sobre la Carretera 307, en pleno corazón del destino turístico, en estado alcohólico. En medio de un episodio psicótico, la ahora víctima tomó un garrafón de la tienda, fue interpelada por los vendedores y luego salió a la calle.
Los elementos le dieron alcance, la sometieron. Y fue entonces que una policía mujer, de los cuatro que asistieron al reporte, la inmovilizó, tendió en el piso y colocó una rodilla sobre su nuca, lo que le causó fractura de vértebras y, finalmente, la muerte.
A los policías se les detuvo, se les dictó prisión preventiva de hasta dos años como medida cautelar y se les vinculó a proceso, sin que éste haya concluído.
“No se ha podido cerrar este ciclo, y para la familia es muy lamentable. Aunque, en mi experiencia, el proceso va en tiempo, sobre todo considerando que son varios los perpetradores, que seguramente quieren hacer tiempo para que se resuelva el amparo que interpusieron. Tanto para la víctima como para los privados de libertad es mucho tiempo. También para ellos (los policías), considerando las condiciones deplorables en que se encuentran las cárceles de Quintana Roo”, dijo Gutiérrez.
Y es que la defensa de los policías tramitó varios amparos contra la vinculación a proceso, que aún no se resuelven de fondo.
Abuso, sin condena
Hay otra carpeta de investigación iniciada, ésta por abuso sexual. Vale recordar que Victoria migró con sus hijas en 2016 desde Sonsonete, El Salvador, una de las localidades más violentas de la región. Viajó a Tapachula, Chiapas, donde solicitó refugio por razones de género, lo que fue concedido dos meses y medio después por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con lo cual luego el Instituto Nacional de Migración (Inami) le pudo expedir su visa por razones humanitarias.
Victoria y sus hijas llegaron a Tulum en 2018, a la colonia irregular 2 de octubre, donde vivían en hacinamiento y en las condiciones más precarias. En este contexto, la entonces pareja de Victoria había abusado de una de sus dos hijas con las que había arribado.
Es por ello que días antes de morir, el 6 de marzo, Victoria interpuso una denuncia en contra de su pareja, de nacionalidad mexicana. Él permanece detenido como medida cautelar pero el caso permanece congelado.
Al regresar, la pareja la increpó y levantó un reporte, por el que ella fue detenida por primera vez, por causar desorden público y porque estaba en estado de ebriedad.
Es entonces que interviene la Procuraduría Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo, para extraer a la menor abusada y trasladarla a sus instalaciones, donde permaneció hasta después del feminicidio de su madre.
En todo ese tiempo, la carpeta de investigación no prosperó, resalta José Luis Gutiérrez. “No fue sino hasta que asesinaron a Victoria que la carpeta de su hija se judicializó, el 28 de marzo de 2021”, dijo.
Policías, sin sanción
Ninguno de los cuatro policías involucrados en el feminicidio de Victoria ha sido sancionado administrativamente por la Dirección de Seguridad Pública de Tulum ni ninguna otra instancia.
El 24 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien atrajo el caso, emitió la recomendación 34/2021, dirigida contra el Ayuntamiento de Tulum, por violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y al trato digno, misma que fue admitida.
El punto recomendatorio cuarto ha quedado incumplido en tanto que no existen sanciones administrativas en contra de los policías.
Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) registra 50 quejas por violación a los derechos universales desde 2020 hasta la fecha.
De acuerdo con datos del organismo, en 2020 se registraron 28, en 2021 se apuntaron 16 y hasta el 24 de marzo se contaban cinco.
