“No hay expresión, causa ni motivo que legitime la violencia y el atentar contra las instituciones que los mexicanos nos hemos dado”, dijo el miércoles 6 de junio el presidente Enrique Peña Nieto ante el ataque a miembros de la Marina por pobladores de Ciudad Guzmán, Jalisco. La gente exige la presentación con vida de Luis Alonso Vásquez, presuntamente detenido por dicha institución el 26 de enero.
Además de que el miedo a la fuerza castrense se rompió, el proceso de destrucción del tejido social en en esa entidad está penetrando los más recónditos intersticios de la vida comunitaria. El presidente y funcionarios no parecen comprenderlo. Él último informe de la Secretaria de Gobernación coloca a la entidad en el tercer lugar en la lista de personas desaparecidas del “total” nacional de 37 mil 235. El informe 2017 sobre Derechos Humanos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo indicó que en la última década 22 mil 415 personas han desaparecido en el estado durante la década reciente y 4 mil 990 siguen ausentes. En la sierra wixarika (huichol) no sólo se ha registrado el incremento de robos en carreteras y caminos, sino también las disputas territoriales entre ganaderos y campesinos.
En pleno centro de Guadalajara, Luis Carlos Nájera, exfiscal del estado apenas logró escapar a un ataque mortal el pasado 21 de mayo. El atentado provocó el fallecimiento de un bebé. Para abonar a la barbarie inconcebible, el pasado 19 de marzo se consumó el asesinato de los estudiantes de cine, Javier Salomón Aceves, Marco Ávalos y Jesús Daniel Díaz de la Universidad de Medios Audiovisuales cuyos cuerpos fueron disueltos en ácido sulfúrico por el Cartel Jalisco Nueva Generación.
“Saliendo de la comunidad, nos bajaron del carro con armas, nos robaron a todos y se llevaron el carro. Me robaron como 40 mil pesos de artesanía”, comentó el indígena y médico tradicional wixarika Rosendo González Torres originario de San Andrés Cohamiata. Su caso es sólo un botón de muestra del especial incremento de la violencia provocada por las disputas entre grupos armados a los viajeros de transporte colectivos que cubren la ruta entre Huejuquilla El Alto y esa comunidad indígena. En ese poblado del norte del estado, existen además divisiones entre familias que reciben apoyos del gobierno estatal del Partido Revolucionario Institucional y aquellas de otros. La inmemorial falta de infraestructura, servicios de salud y empleo en la región, alimentan la desigualdad y precariedad en los parajes. En algunos de ellos, existen centros ceremoniales que son los ejes articuladores de la cohesión comunitaria, cuando uno de ellos ó alguna familia se beneficia por apoyos oficiales e incluso no gubernamentales, la desconfianza y la envidia invade a campesinos y comuneros provocando conflictos.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos formada por 84 organizaciones, ha señalado que el norte de Jalisco se ha convertido en un “polvorín” de conflictos sociales (La Jornada, 17/5/18). El proceso de descomposición social no sólo está vinculado a la siembra, distribución y venta de droga, también se encuentra incubado en los entramados comunitarios por la injusticia y por la falta de aplicación de las resoluciones a favor de los indígenas. Por ejemplo, “los pobladores de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán desde 2015 han buscado la titulación de 38 mil 240 hectáreas de su territorio ancestral considerado como bien comunal, mediante el juicio 38/2015 interpuesto ante el tribunal unitario agrario del distrito 16“.
“En algunas lugares de nuestra región ya se acostumbraron a sembrar marihuana, por necesidad la gente lo hace”, explica consternado Rosendo casi con ánimo de resignación. En la región además existe, por una parte, la fragmentación de la autoridad de gobiernos municipales y el estatal pues son los ganaderos y los grupos del crimen organizado los que intentan imponer su mando y su ley. La zona sur del estado cuenta con un alto número de denuncias por desaparición, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en la costa hay 131, mas las que vengan.
La protesta y boicot electoral en San Sebastián y Tuxpan, sin embargo, se revelan como pequeños relámpagos de luz para la organización popular y la defensa de los territorios y la vida indígena. Se trata de la reivindicación con títulos virreinales para exigir la solución del problema de las 10 mil 700 hectáreas en disputa con los ganaderos de Huajimic. A pesar de que estos han reaccionado con guardias armadas para impedir la restitución de las tierras, hoy la organización campesina resististe ahí desde 2012. Una muestra de que abajo, a pesar de la tragedia en la región, existen todavía destellos de rebeldía organizada.
*Desde 2014, acompaña a miembros de la comunidad wixarika de San Andrés Cohamiata.
