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Una organización religiosa declaró este miércoles (09.03.2022) a Guatemala como «Capital Pro-Vida de Iberoamérica», un día después de que el Congreso oficialista endureciera las penas por aborto y cerrara la puerta al matrimonio homosexual.
«Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural», dijo el presidente conservador Alejandro Giammattei durante una ceremonia pública religiosa junto al grupo cristiano Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que se reúne en la capital.
La declaración, por cuatro años, es la primera que otorga esa organización religiosa que tiene sede principal en México. En ella, se reúnen grupos contrarios al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Giammattei, frente a decenas de personas en la plaza central de Ciudad de Guatemala, señaló que su país protege la vida desde su concepción por mandato constitucional y porque «lo manda nuestra fe». Destacó que «mientras que en otros países se están tirando bombas, como Rusia atacando a Ucrania, nosotros le decimos aquí: sí a la vida».
«Hoy somos testigos de una profecía, la profecía es que Guatemala sería faro de luz a las naciones. El actuar de Guatemala es un ejemplo para el mundo», indicó Aarón Lara, presidente del grupo religioso. «Se necesita ser muy valiente para defender el derecho a la vida y dejar claro que no existe el derecho humano al aborto», apuntó Lara, al indicar que se eligió a Guatemala como capital pro-vida por las políticas del Gobierno.
Cerca de donde se celebró la ceremonia, un grupo de mujeres colocó en hilera varios ataúdes negros en protesta contra la actividad gubernamental y la reciente ley aprobada. Giammattei también develó un monumento en el Palacio Nacional y renombró como «Patio de la Vida» una de las áreas del edificio histórico.
El Congreso guatemalteco -controlado por oficialistas conservadores- aprobó el 8 de marzo por la noche la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que eleva de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause». También, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer» y que causen la muerte de esta.
Asimismo, la norma aprobada reformó el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala. Restringe además a los centros educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual.
Las bancadas legislativas impulsoras de esta ley señalaron en el texto que hay «grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca» que proponen «modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz».
Congresistas de oposición advirtieron que la norma, que debe ser promulgada por Giammattei, criminaliza a las mujeres que puedan sufrir un aborto espontáneo, así como discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI, situación que aumenta el riesgo de crímenes de odio, alertaron.
