Sin Embargo
Los matrimonios y uniones forzadas en la infancia y adolescencia son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales, hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación, así como en algunos países la pertenencia a pueblos indígenas se relaciona significativamente con una mayor prevalencia.
Ciudad de México, 26 de enero.- Una de cada cuatro niñas contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años en América Latina y el Caribe a causa de las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y políticas “inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes”, reveló un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El estudio “Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe“, realizado por la Cepal, señala que para 2030 la región tendrá el segundo índice más elevado de matrimonio infantil, sólo por detrás de África Subsahariana. Calcula, además, que hay aproximadamente un 25 por ciento de las niñas en este tipo de uniones, sin embargo, los índices varían desde menos del 10 por ciento en Jamaica hasta más del 30 por ciento en la República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice.
La Comisión detalla en el informe a cargo de Sol Pradelli, consultora de la División de Asuntos de Género, que la base de las uniones forzadas en la infancia y adolescencia se encuentra en el conjunto de normas y estereotipos de género que colocan a las niñas en el ámbito de lo doméstico y privado, y a los niños en el ámbito público y productivo, “reproduciendo patrones socioculturales de subordinación y dependencia de la mujer frente al hombre desde la primera infancia”.
Para muchas niñas y adolescentes educadas bajo estos mandatos de género, indica el reporte, el matrimonio no sólo es algo deseable, sino un objetivo de vida al haber interiorizado un “supuesto rol naturalizado de madre y esposa” y tener limitadas perspectivas y oportunidades más allá de estos roles. Como prueba de ello, la maternidad es muy valorada por las niñas en República Dominicana, más que el logro escolar; en El Salvador suele considerarse “una pérdida de tiempo” la escolarización de las niñas y adolescentes; mientras que en Bolivia las niñas dijeron que su función es “pensar en sus hijos, cuidar de la casa y obedecer [a sus maridos]” y consideran que cuidar a los niños es responsabilidad exclusiva de la mujer.
Pese a que frecuentemente las niñas y adolescentes se casan o se unan como parte de una “estrategia” para escapar de la pobreza, lo hacen bajo el sacrificio de su autonomía económica, pues en la mayoría de los casos se acarrea una escolaridad limitada, lo cual se junta con el control de sus parejas, el trabajo doméstico o de cuidados que cumplen.
En México, el 37.3 por ciento de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, se ubicaban en un estrato socioeconómico muy bajo, en comparación con el 4.2 por ciento de las que pertenecían a un estrato alto. Asimismo, las jóvenes hablantes de lengua indígena presentaron proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40 por ciento en Chiapas, Guerrero y Veracruz.
Una tendencia similar reporta la Cepal en Paraguay, donde donde el 25 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión pertenece al quintil más pobre, frente al 4 por ciento del más rico; y el 30 por ciento de las niñas pertenecientes a pueblos indígenas están casadas o unidas frente al 14.2 por ciento que habla solamente castellano. Sin embargo, en República Dominicana la situación se agrava, pues el 58.6 por ciento de las niñas del quintil más pobre, se casa o une antes de los 18 años y el 23 por ciento lo hace antes de cumplir los 15 años.
Además, la escolarización de las niñas es menos valorada que la de los niños, por lo que situaciones como el matrimonio infantil o el embarazo producen mayores cifra de deserción escolar. En América Latina el 51 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años casadas o en unión por primera vez antes de los 18 años, no tenía ninguna educación o solamente la primaria y el 18 por ciento tenia educación secundaria o superior.
BRECHA LABORAL Y TRABAJOS NO REMUNERADOS
Una vez que las niñas y adolescentes se encuentran en una unión forzada son confinadas a los cuidados y responsabilidades del hogar, por lo que el tiempo que invierten en dichas actividades priva de su participación en otras que pueden ser tanto recreativas como laborales.
En países como México, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Colombia se encuentran las mayores tasas de participación de los niños en el trabajo remunerado con jornadas laborales también mayores; en contraste, el tiempo destinado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es ampliamente superior en las niñas. Además, el análisis de la Cepal recalcó que en dichos países se observa que los varones dedican más horas a la convivencia social y a las actividades recreativas.
“Las tendencias en algunos países de la región muestran que los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) aumentan las horas de trabajo no remunerado para las niñas y adolescentes, incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado al cuidado, duplicando el número de horas que sus pares solteros dedican a estas mismas actividades y llegando a ocupar tanto tiempo como una jornada laboral completa”, suscribe el análisis sobre matrimonios infantiles.
De hecho, en México las niñas y adolescentes casadas o en convivencia destinan un total de 46.4 horas a la semana, el caso es muy similar en Guatemala, donde dedican 47 horas semanales al trabajo no remunerado, mientras que en Colombia son 40.8 horas, lo que es equivalente a los límites de horas semanales de trabajo establecidas por ley en muchos países.
“Una carga tan alta de horas de trabajo en el hogar influye en el tiempo restante para el estudio, la socialización fuera del hogar, el trabajo remunerado, el autocuidado y la participación social y política, entre otros. Asimismo, puede contribuir a aumentar la dependencia económica de la pareja, el aislamiento social y el control que ejerce la pareja”.
Además, las tendencias en la región apuntan a que el matrimonio y las uniones tempranas (entre 15 y 24 años) tienen consecuencias en la trayectoria educativa y la inserción laboral de las adolescentes y jóvenes. La mayoría (55.2 por ciento) de las adolescentes y jóvenes que han iniciado su vida de casada o de convivencia se dedica exclusivamente a las tareas de trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Este porcentaje se eleva hasta el 62.4 por ciento si se suman aquéllas que no estudian ni trabajan de manera remunerada.
EMBARAZO ADOLESCENTE
“Estar casada o en unión antes de los 18 años aumenta la probabilidad de convertirse en madre a una edad muy temprana, tanto como estar embarazada antes de los 18 años aumenta las posibilidades de unión o matrimonio”, destacó la Cepal en el análisis. De hecho, las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dio a luz antes de cumplir 18 años; 8 de cada 10 lo hicieron antes de cumplir los 20 años y la mayoría de estos embarazos fue no deseado, según datos de 2019 de la Unicef.
En esa misma línea, la maternidad temprana está asociada a un número mayor de hijos y en la región el 17 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años que estaba casadas antes de los 18 años, dio a luz a tres o más bebés vivos. “Estas cifras, de por sí alarmantes, se tornan más críticas al observar que la mayoría (52 por ciento) de los embarazos de adolescentes en MUITF fueron no deseados”, los cuales se generan debido a la violencia sexual y a las barreras para el ejercicio de una vida sexual activa informada y con acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.
“Los padres que ven riesgos en que sus hijas puedan ser sexualmente activas, responden limitándoles la movilidad y sus interacciones con niños y hombres, en lugar de brindar educación sexual o alentar la toma de decisiones de ellas sobre su cuerpo. Muchas veces, los padres que descubren que sus hijas tienen relaciones sexuales presionan a los compañeros masculinos para que se casen con sus hijas, y así salvar el ‘honor’ de la familia”, se lee en el documento.
En Brasil, los estados con mayor prevalencia de uniones forzadas, el principal factor que impulsa la decisión de unirse es el embarazo, aunque sea no planeado o no deseado; por su parte, en El Salvador el 84.2 por ciento de las niñas que dieron a luz en 2012, se casaron o estaban en unión antes o un año después del nacimiento del niño. En Guatemala, el 70 por ciento de las madres-niñas encuestadas en un estudio estaban casadas o en unión en el momento del parto.
En seis países de la región, el embarazo adolescente impacta fuertemente sobre las oportunidades de desarrollo de las mujeres que fueron madres antes de los 20 años. Por ende, una mayor proporción de mujeres que fueron madres en la adolescencia se dedican en forma exclusiva al trabajo no remunerado, en comparación con aquellas mujeres que fueron madres en la adultez, generando fuertes brechas en los niveles educativos entre las madres adolescentes y aquellas que son madres en edad adulta. De igual forma, sus ingresos laborales son un 24 por ciento menor en promedio.
“La falta de ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos implica para las adolescentes reproducir la división sexual del trabajo que, a una edad temprana, les trae como consecuencia una serie de efectos de precarización socioeconómica”.
De acuerdo con la Comisión, pese a que las adolescentes en situación de pobreza tienen tasas más altas de fecundidad respecto de aquellas que pertenecen a otros niveles socioeconómicos, la problemática no se debe a diferentes preferencias reproductivas, sino a las mayores barreras que enfrentan para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
“La escasa deseabilidad y la mantención de una alta fecundidad adolescente en la región muestran que las políticas públicas no han garantizado el acceso universal a educación sexual integral y servicios que garanticen el ejercicio de tales derechos, en un contexto en el que el inicio de la sexualidad activa en la adolescencia se ha adelantado y es independiente de las intenciones reproductivas”, finalizó el texto.
