José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseveró que las denuncias penales presentadas en contra de los consejeros del instituto representan un acto de intimidación y un ataque injustificado a la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
«El modelo electoral mexicano ha sido ejemplo para otros países; el INE ha permitido que sea una sola institución a nivel nacional la que se encargue de organizar los procesos, mientras que en otros países como en Estados Unidos cada estado tiene un sistema diferente tanto de instituciones como de mecanismos de cómputo lo que complica la obtención de resultados», señaló.
Recordó que mientras que en México se cuenta con resultados preliminares unas cuantas horas después de cerradas las casillas, y los resultados con un alto margen de confiabilidad, pocos días después, en el vecino país del norte deben esperar días o hasta semanas para conocer quién ganó una elección.
Calificó al INE como una institución integrada por ciudadanos, con aciertos y errores, con un marco constitucional y legal que hace posible la organización de las elecciones y que es garante de la democracia. «Los mexicanos confiamos en el INE y es obligación de todos defenderlo y asegurar su permanencia como organismo autónomo constitucional», subrayó.
Sobre si el organismo electoral es caso, el líder del sindicato patronal destacó que algunos análisis revelan que entre 70 y 73 de cada 100 pesos de su presupuesto se destinan a la organización de elecciones; los 30 pesos restantes se reparten a los partidos políticos como su presupuesto. Una diferencia clave entre México y otros países es que aquí los partidos se financian en gran medida con recursos públicos.»
Ejemplificó que en 2018 el INE contó con un presupuesto de 7 mil 144 millones de pesos para realizar la elección presidencial, con una lista nominal de 87.8 millones de electores, es decir, el costo del voto promedio fue de 81 pesos. Según algunos medios, en EU el voto en 2016 tuvo un costo aproximado de 11.67 dólares, algo así como 221 pesos.
Consideró que si bien el voto en México podría ser más económico, sin duda, es un costo vinculado a la necesidad de contar con las garantías de procesos limpios y justos. Podrían generarse medidas de austeridad racionales en recortar ciertos gastos de servicios generales, de cierto personal del INE y, sobre todo, ajustes al presupuesto que reciben los partidos, eso requiere voluntad y reformas constitucionales.
Señaló que el pasado 22 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la Controversia Constitucional promovida por la Cámara de Diputados contra un acuerdo del INE que buscaba posponer la consulta de revocación de mandato hasta que se contara con los recursos necesarios y posteriormente ordenó al Instituto continuar con la organización de la consulta ajustándose a los recursos asignados.
Cabe señalar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, la Cámara de Diputados le recortó 4 mil 913 millones de pesos (26% de su presupuesto), a pesar de haber solicitado los recursos necesarios para poder cumplir con la obligación de instalar la misma cantidad de casillas que las utilizadas en el proceso electoral federal previo, es decir, más de 161 mil casillas, el problema es que solo se le asignaron para la consulta mil 503 millones de pesos (menos de la mitad de lo requerido).
Ante este panorama, la Confederación exigio detener la embestiea contra el INE, «pues judicializar e incluso penalizar las decisiones de los consejeros electorales, no es el camino que los mexicanos quieren en su vida democrática. No es democrático sino autoritario intentar minar y debilitar al árbitro electoral», sostuvo.
