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El año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un mensaje a los gobernadores y gobernadoras electas de Morena, en él les señalaba que para escoger a sus respectivos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública era deseable que consultaran a los titulares de Marina y Defensa Nacional.
“Yo hago una recomendación siempre cuando se trata de los Secretarios de Seguridad Pública, siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto al Almirante Ojeda, Secretario de Marina, como al General Sandoval. Para que tengan personas honestas, íntegras, incorruptibles y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las Policías en los estados y en los municipios”.
Aunque el exhorto público ocurrió a mediados de octubre, en una conferencia matutina, fue hasta el último día del año que se concretó la designación estatal pendiente en Baja California. Y tras el conteo final, 9 de los 12 estados recién ganados por el partido guinda o sus aliados apostaron por marinos y militares para las tareas de seguridad pública.
Cumplieron la encomienda
La gobernadora Marina del Pilar Ávila le tomó protesta al general de división Gilberto Landeros como nuevo Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el pasado 31 de diciembre, con esto prometió será controlada la violencia.
Pero no todos esperaron el último minuto del año para cumplir los deseos del presidente, y por el contrario, Víctor Manuel Castro Cosío, en Baja California Sur, fue el primero en atender este tema. Desde agosto, anunció que pediría prestado a la Secretaría de Marina al capitán Javier López García para integrarlo a su equipo de trabajo y en septiembre ratificó la decisión.
Asimismo, otro gobernador que no esperó llamada de atención, fue Alfredo Ramírez Bedolla, en Michoacán, quien a inicios de octubre entregó el cargo al General Alfredo Ortega Reyes, experto en investigación que se comprometió a desactivar la crisis en las zonas de Aguililla, Tepalcatepec, Uruapan, entre otras.
Índira Vizcaíno, mandataria de Colima, tampoco quiso esperar demasiado y designó a un marino de élite, aunque en retiro, para la SSP estatal el mismo día en que el titular del Ejecutivo les recordaba el mandato. El escogido fue Manuel Llerandi Ruiz, Capitán de Navío, quien estuvo en servicio durante 32 años antes de abandonar la Semar.
Evelyn Salgado, en Guerrero, también siguió la indicación y como secretario de Seguridad Pública anunció al capitán de Marina Evelio Méndez Gómez; la medida se replicó en Acapulco y días después, en una visita, López Obrador insistió en la necesidad de atender su consejo y celebró que Salgado haya recurrido al Gobierno federal.
Mientras el presidente asegura que los integrantes de las Fuerzas Armadas son de probada integridad e incorruptibles, el Doctor en Políticas Públicas y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ángel Mundo, reprueba este pensamiento reduccionista, que –dice- justifica la militarización del país y no garantiza mejores resultados para la ciudadanía.
“Pareciera que la urgencia por ver cambios en torno a los índices de delincuencia, de violencia, pues justificarían cualquier tipo de medida, incluso la militarización. Sin embargo, posiblemente la falta de información es lo que está obstruyendo ver el panorama completo: que los integrantes de las Fuerzas Armadas, ya sea que estén en retiro o en activo, pues tampoco han logrado garantizar o no se tiene memoria de casos en los que la presencia de estos activos tengan mejor éxito en el combate a la delincuencia de lo que lo pudieron haber tenido los civiles”.
El experto desglosa el caso de Tlaxcala, donde la Gobernadora Lorena Cuéllar siguió el requerimiento y nombró al Capitán de fragata de Infantería, Alfredo Álvarez Valenzuela, como Secretario de Seguridad; no obstante, éste fue destituido tras tres de meses de gestión luego de huir de la entidad por una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República.
El investigador de la UAM apunta que este funcionario derriba toda la tesis del Presidente; sin embargo, observa que los juicios y prejuicios del primer Mandatario han demostrado ser inamovibles a lo largo del sexenio.
Por otro lado, Sinaloa y Zacatecas, también destacan con una situación especial, en ambas entidades los Secretarios de Seguridad nombrados en administraciones pasadas fueron ratificados. En el primero se mantuvo por petición del presidente al Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, escogido por Quirino Ordaz, y en el segundo aunque se prefirió primero a un funcionario priista sin formación militar, el Gobernador David Monreal terminó sustituyéndolo por el general Adolfo Marín.
Finalmente, en San Luis Potosí, el gobernador del Verde Ecologista, Ricardo Gallardo, designó al general de Brigada Guzmán González Castillo.
Marcan diferencia
En contraste a los morenistas y sus aliados, los tres únicos gobernadores de oposición ganadores en las últimas elecciones: Maru Campos, en Chihuahua; Mauricio Kuri, en Querétaro y Samuel García, en Nuevo León, optaron por designar a perfiles civiles, entre ellos el de un abogado y hasta el de un ingeniero electromécanico.
Pero mucho más allá de la formación, Ángel Mundo valora que los civiles por sí solos tampoco serán capaces de mejorar la situación de inseguridad si no se prioriza la capacitación de las policías y estrategias focalizadas por municipio o región.
“Necesitaríamos, pero desafortunadamente creo que durante este Gobierno, en la Administración federal no va a suceder, otra vez profesionalizar a las policías locales, tanto a nivel municipal como nivel estatal, porque de lo contrario podríamos nombrar por un lado civiles y por otro lado personal del Ejército o de la Marina, pero ellos por sí mismos no pueden hacer la diferencia. Si bien hace falta liderazgo, lo que se necesita es que toda institucionalidad encargada de combatir la delincuencia, los delitos, la violencia, estén debidamente organizados en una estrategia”.
En Nayarit, Sonora y Campeche no se prefirió a un miembro de la Sedena o de la Marina, y tampoco ocurrió así en los seis estados que desde 2018 conquistó el partido autoproclamado como de la 4T, pero este 2021 Morena impulsó a militares y marinos de la confianza del Presidente a lo largo y ancho de la República.
Esta situación la cuestionan el especialista Ángel Mundo y diversas organizaciones de la sociedad civil, como Seguridad sin Guerra, quienes observan con preocupación que no hay disposición para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las calles. En ese sentido, Mundo alerta de un peligro latente y a largo plazo.
“Por llamarlo de alguna manera, el que el Ejército y la Armada estén fagocitando cada vez más y más espacios creo que a la larga sí puede representar un riesgo. Posiblemente, como lo ha dicho el Presidente, el Ejército ya no recibe órdenes para ir a torturar o a ejercer actos de violencia contra los civiles, en este momento puede ser así porque tenemos un mando un tanto responsable desde la Presidencia, pero no sabemos qué pueda venir después y mucho menos cuando el Ejército sienta que tiene más y más capacidades por todos estos espacios que ha ido ganando estos años”.
