Sin Embargo
De acuerdo con el Coneval, las niñas, niños y adolescentes en México presentan mayor prevalencia de pobreza respecto a la población en general, lo cual limita su desarrollo y bienestar, además contribuye a perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo del ciclo de vida; los datos más recientes señalan que el 49.6 por ciento de la población menor de 18 años se encontraba en situación de pobreza, es decir 19.5 millones de personas.
Ciudad de México, 29 de octubre.– El matrimonio infantil, o mejor dicho, las uniones tempranas, no son exclusivas de las zonas más pobres de México, ya que es en los municipios conurbados en donde más se reportan este tipo de casos. Pero en ambas zonas, rurales y urbanas, las razones por las que se celebran ese tipo de acuerdos son las mismas: una serie de desventajas para niñas y adolescentes, que son una parte de la población que más pobreza concentra.
Y sí, es la pobreza, el no poder asistir a la escuela, el no tener asegurado el alimento del día, pero también contribuye el hecho de que México tiene una sociedad que ve a las niñas y adolescentes como objeto de consumo, de deseo y de reproducción.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que los municipios con más casos de embarazos infantiles, derivados de uniones tempranas son: León (Guanajuato), con 2 mil 110 casos; Ciudad Juárez (Chihuahua) con mil 899; Puebla (Puebla) con mil 453; Tijuana (Baja California) con mil 453, e Iztapalapa (Ciudad de México), con mil 245 casos.
Esos municipios forman parte de estados que no son los que concentran más pobreza, pero dentro de esas entidades sí son los que tienen mayor población en esa condición.
Del total de uniones tempranas en el último año, el 26.9 por ciento se registró en Chihuahua, el 19.3 por ciento en Durango, el 11.5 por ciento en Puebla y el 11.5 por ciento en Guanajuato.
En entrevista con SinEmbargo, Juan Martín Pérez García, defensor de derechos de la infancia y Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, explicó que aunque en las últimas semanas se posicionó el tema de las menores de La Montaña de Guerrero, es en otras zonas donde más casos se reportan y en donde existen distintos tipos de marginación.
“Estos datos que comentamos de las localidades habla de mujeres, niñas y adolescentes marginadas: en Tijuana tenemos a muchas niñas y adolescentes migrantes, que es una condición de exclusión o de desventaja social; en León, una sociedad profundamente conservadora y que sigue negando a la educación sexual, los grupos antiderechos humanos están muy fuertes y con gobiernos de derecha; Ecatepec es la zona conurbada con altos niveles de violencia y pobreza; Puebla: también es una entidad con fuerte presencia de población indígena y esa zona y Tlaxcala forman parte de esa histórica ruta de trata de mujeres adolescentes y jóvenes a través del engaño de los matrimonios y después las prostituyen. Es una ruta y una red que se ha profesionalizado con los grupos criminales que ahora tienen más dominio”, expuso.
Para el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef) esta práctica es reflejo de las normas sociales y culturales existentes y una de las formas más generalizadas de abuso sexual, explotación y violencia, principalmente, contra las niñas.
En México, el 42.5 por ciento de las jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron antes de los 18 años, no asisten a la escuela por esta causa o porque se embarazaron o tuvieron una hija o hijo.
“El matrimonio de niñas con hombres de mayor edad las pone en situación de vulnerabilidad y aumenta las probabilidades de que sufran discriminación y violencia. Un 10.6 por ciento de las jóvenes de 15 a 24 años que se casaron o unieron siendo niñas, lo hicieron con hombres mayores que ellas por 10 años o más y un 27.2 por ciento, con hombres entre 5 y 9 años mayores”, consta en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que 47.2 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza multidimensional, de las cuales 24.4 millones son mujeres. Pero hay una cifra que amplía las condiciones reales de las mujeres: 42.6 millones son vulnerables por ingreso, es decir, que no presentan carencias sociales pero tienen un ingreso bajo.
En específico, las niñas, niños y adolescentes en México presentan mayor prevalencia de pobreza respecto a la población en general, lo cual limita su desarrollo y bienestar, además contribuye a perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo del ciclo de vida, lo que implica que quien nace pobre muere pobre.
En 2018, el 49.6 por ciento de la población menor de 18 años se encontraba en situación de pobreza, unos 19.5 millones, y el 9.3 por ciento, 3.7 millones, en pobreza extrema.
El Coneval consideró entre los diferentes factores que contribuyen a esos niveles de pobreza en la niñez y la adolescencia, los ingresos que perciben los integrantes del hogar, las condiciones geográficas, la pertenencia étnica y las características de los hogares.
LA PRÁCTICA EN COMUNIDADES INDÍGENAS
Pérez García ahondó en entrevista sobre lo que ocurre en las comunidades indígenas. El concepto para abordar este tema es hablar de “prácticas tradicionales nocivas”, que colocadas desde el mundo occidental, muestran “la venta de niñas”. Sin embargo, agregó, desde la cosmovisión indígena no es una venta, sino es procurarle un futuro mejor a esa hija con alguien que tiene mejor ingreso económico, que tiene en ocasiones algún reconocimiento social en la comunidad.
“Son hombres mayores con un ingreso económico mejor que el de la familia, siguen estando en condiciones de pobreza pero un poco mejor. Para la familia indígena representa mejorar la condición de vida de sus hijas, nosotros lo vemos como una venta. Pero eso no justifica el hecho porque claramente puede estar en la línea de un delito federal que es la trata, porque al final el hecho delictivo implica que están decidiendo sobre la vida y el cuerpo de una persona, en este caso una niña”, añadió.
Por lo tanto, la atención a estas prácticas es una responsabilidad de Estado, ya que las niñas y adolescentes no deberían estar en unión temprana por temas de sobrevivencia, exclusión o prácticas tradicionales nocivas.
“Las declaraciones de López Obrador son lamentables y graves porque es el jefe del Estado Mexicano y está obligado a cumplir las leyes. Desestimar estos hechos, hacer parecer que es un ataque a los pueblos indígenas, no solamente es equivocado, sino que es violatorio a la ley porque hay muchos casos documentados, el más reciente el de una niña privada de la libertad con su abuela, sus hermanas y su madre. Son hechos reales y en Guerrero ya hay una investigación sobre estos hechos. Negar la realidad no la cambia, se necesita una respuesta de Estado”, comentó el Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
“Se tienen que dar alternativas para que las niñas y adolescentes continúen en las escuelas. Una niña o una adolescente que está fuera del sistema educativo, que tiene contextos de violencia, tiene alta probabilidad de ser víctima de embarazos tempranos, uniones tempranas o violencia sexual […] la falta de oportunidades para las menores en una sociedad machista seguirá alimentando que ellas se conviertan en objeto de propiedad de su familia y de otro hombre con mayor ingreso económico y que las coloca en muchísimo riesgo de violencias sexuales, físicas y de otro tipo. Por eso la obligación del Estado de hacer todo lo que esté al alcance para poder desarrollar acciones preventivas, dé alternativas y evitar que la unión temprana sea una alternativa de salida”, concluyó.
