- Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Bárbara Mañón, lamentó que los procesos de solventación de las observaciones a ediles sean tardados, lo cual puede provocar que no se aclaren, pues prescriben a los 5 años
MANUEL MONROY
“El número exacto de municipios que no han entregado su Cuenta Pública del ejercicio 2017 se dará a conocer hasta finales de marzo, pues esta fecha es la que marca la ley y no habrá más prórrogas”, advirtió Bárbara Mañón Campos, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado.
En entrevista, realizada en su oficina de la Cámara de Diputados, la legisladora aceptó que el proceso de revisión de los informes donde vendrán las observaciones puntuales no se realiza en un lapso breve. “En octubre de 2018 nos llegó un documento en el que se incluyen los requisitos que debe cumplir cada ayuntamiento y si éstos no son solventados, los requerimientos persistirán”.
Aclaró que la no entrega de sus Cuentas Públicas no es lo que lleva a un exalcalde a una sanción. “De los procesos que se dieron respecto a las cantidades que se les auditaron es que se generan las observaciones y a su vez de éstas surgen las multas correspondientes”, dijo.
Sobre qué medidas están tomando las autoridades para evitar que en algunos municipios la población obligue al edil en turno a repartirles el presupuesto en lugar de destinarlo a obras de beneficio social, como en el caso de Chamula, la representante popular comentó que en este tipo de casos lo primero es saber que rubros de la administración se han auditado.
“La Auditoría no checa todo aspecto económico en los ayuntamientos. Esto es imposible, pues no hay presupuesto para ello, aunado a que no se puede invisibilizar la realidad de que en estas comunidades se rigen por usos y costumbres, es decir, el manejo al interior lo deciden ellos y no de respetárseles llegan a acciones como hasta privar de la vida a alcaldes”, remarcó.
En este sentido, aceptó que se deben encontrar las formas entre lo legal y los marcos normativos locales puedan empatar. “Sin duda puede acarrear dificultades a los alcaldes, pues son éstos los que deben cuadrar sus cuentas ante los órganos de fiscalización y de no hacerlo corren riesgo de ser encarcelados”.
Relató haber pedido a la Auditoría una relación de lo qué va a auditar. “Lo que se pretende es que lleguemos a puntos de acuerdo sobre la revisión de determinadas obras, pues hay que tomar en cuenta lo pluricultural que es Chiapas y estar en este contexto para saber lo difícil que es llevar una gobernanza homóloga”.
En otra parte de la plática, Mañón Campos lamentó que los procesos de solventación de las observaciones a ediles sean tardados, lo cual puede provocar que no se aclaren, pues prescriben a los 5 años. “Arrastramos deficiencias en muchos procesos. Algunos casos de emplazamiento a que los alcaldes aclaren sus cuentas se hacen mal y ello alarga los procesos”, subrayó.
Al respecto, consideró que en lo que se debe trabajar es en el fortalecimiento la capacidad técnica y de conocimientos de las personas que realizan los procesos jurídicos dentro de la auditoria. “En lo que trabajo es en cuánto se puede demorar un trámite de este tipo y aminorar los tiempos”.
