El Financiero
Buenrostro, la jefa del SAT, indicó que se busca que los jóvenes se vayan incorporando a la cultura fiscal y cívica, de contribuir al país, una vez que logren percibir ingresos.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, descartó que el órgano recaudador a su cargo intente aplicar una política de “terrorismo fiscal”, con la propuesta de reforma que obligaría a todos los mayores de 18 años a inscribirse en el RFC.
“No puede ser ‘terrorismo fiscal’, es una medida preventiva contra las factureras, ya que este tipo de empresas escoge a jóvenes para crear empresas fantasma, robándoles la identidad”, respondió a legisladores.
“El registro también va a ayudar a evitar el robo de identidad. Con eso se busca darle mayor certeza a la persona, pues cuando se registra y da sus datos biométricos, toda su información llega al buzón”, abundó.
Dijo que todos los mayores de 18 años estarán obligados a registrarse al RFC, pero no tienen que hacer absolutamente nada, ni presentar avisos, ni declaraciones; no implica alguna sanción.
Buenrostro indicó que se busca que los jóvenes se vayan incorporando a la cultura fiscal y cívica, de contribuir al país, una vez que logren percibir ingresos.
Por otra parte, afirmó que el órgano recaudador a su cargo se anticipó a la investigación de algunos de los contribuyentes ‘evasores’ que aparecen listados en los Pandora Papers y dijo que incluso el año pasado esa indagatoria permitió al fisco cobrar poco más de 5 mil 800 millones de pesos de impuestos a una sola persona que transfirió dinero a paraísos fiscales.
De hecho, se trata de una operación en donde hay dos evasores y cada uno debe la misma cantidad, uno ya pagó, pero el otro no y su caso se turnó a la Procuraduría Fiscal”, precisó luego de comparecer en San Lázaro para analizar el Paquete Económico de 2022.
Por su parte, el Procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, adelantó que van a presentar 100 querellas en contra de las personas que han consumido facturas falsas.
Explicó que la política criminal fiscal de la actual administración permitió que se pudieran presentar 42 denuncias en contra de los grupos ‘factureros’ más importantes del país.
