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FGR revira: Hay pruebas de daño al erario y pedirá de nuevo captura de 31 científicos

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La FGR informó que de nuevo solicitará la detención de científicos y exfuncionarios del Conacyt acusados por delitos patrimoniales en contra del erario público.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra los 31 científicos y académicos que fueron acusados de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada ya que un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, le negó a la dependencia girar las órdenes.

“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, informó la FGR esta noche.

La dependencia criticó que se filtrara en los medios la solicitud que hizo para la detención de diversos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y consideró que el Juez que negó las órdenes de aprehensión debe aclarar cuál fue su posición jurídica en este caso.

La FGR argumentó que los investigadores del Conacyt investigados violaron la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt.

“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza”, explicó la Fiscalía liderada por Alejandro Gertz Manero.

La FGR argumentó que el Conacyt no puede convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica.

Agregó que “apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”.

Este 21 de septiembre, la columna de Raymundo Riva Palacio en el periódico El Financiero reveló que las órdenes judiciales pretendían que los imputados -científicos, investigadores, académicos y administrativos de instituciones educativas- fueran trasladados al penal de máxima seguridad del Atiplano luego de que la FGR recibiera una denuncia de los hechos interpuesta por la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

La existencia de las acusaciones fueron confirmadas esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en conferencia de prensa, el mandatario federal señaló “el que nada debe, nada teme” y afirmó que las indagatorias se encuentran a cargo del Poder Judicial. Además, destacó que durante su Gobierno no se permitirá la impunidad.

“Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el Juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción, por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción”, dijo López Obrador cuando fue cuestionado sobre si existían denuncias contra los investigadores.

Por su parte, Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó este miércoles como “un despropósito” e “inconcebible”, la acusación por parte de la FGR.

Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, Graue Wiechers señaló que es “un despropósito e inconcebible” la acusación en contra de científicos, investigadores, académicos y personal administrativo de la institución.

Además, la comunidad docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un llamado a la FGR a cancelar las 31 órdenes de aprehensión en contra de científicos, investigadores, académicos y personal administrativo de la institución.

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