ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Bien apunta Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de la evolución política del país, que su triunfo sólo pudo ser posible por el cambio de mentalidad de la sociedad mexicana. Esa transformación en el pensamiento y en la percepción de la realidad, es lo que llevó a las urnas a 30 millones de votantes a rechazar el estado de cosas imperante y apostar por la construcción de un nuevo régimen: mejor gobierno, mejores instituciones, mejor democracia, mejores condiciones de vida.
El mensaje ciudadano fue muy claro: políticos, gobierno, Estado, nos fallaron. Pero aún tenemos esperanzas, creemos que no todo está podrido y les daremos una oportunidad más; pero no es un cheque en blanco, tendrán que cumplir sus compromisos y los estaremos vigilando.
La gente tomó la batuta y ya dio la pauta ética de por dónde debe caminar la política y la práctica gubernamental. No quiere más corrupción ni privilegios; exige combatir frontalmente la inseguridad y contener la violencia; pide más y mejores servicios públicos; demanda eficacia y transparencia en el ejercicio de los recursos del erario; requiere más empleo y mejores salarios; reclama condiciones propicias para la creación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa; anhela buena salud, educación, vivienda; es decir, bienestar y paz.
La sociedad tiene muy claro lo que quiere y exige. Sin embargo, donde no hay completa certeza es en la actitud que asumirán algunos niveles de gobierno. En el plano nacional ya hay evidencias de que se camina por la ruta de la transformación, y en el gobierno estatal de Chiapas también hay indicios de que se quiere andar –quizá a paso más lento– por ese camino.
Pero las dudas asaltan en el plano municipal. Por inercia, apatía o ineptitud, la mayoría de los 122 alcaldes no han mostrado una actitud decidida hacia el cambio en la forma de gobernar y muchos no han dimensionado siquiera la responsabilidad que tienen en esta coyuntura política excepcional. Buena parte de los presidentes municipales cree que el cambio se reduce a la sustitución de personas en el poder y que las viejas prácticas sigan igual. Persiste la idea de que el gobierno debe seguir ejerciéndose desde la perspectiva de los privilegios, de la antidemocracia, la opacidad y la improvisación. Asumen que llegaron a administrar y no a gobernar desde una nueva ética política. Incluso hay quienes están convencidos de que pueden usar el puesto como medio para enriquecerse en tres años.
A la par de esa falta de convicción transformadora, los ediles tendrán que enfrentar las presiones de los beneficiarios del sistema de corrupción que se enquistó en el quehacer institucional y que difícilmente se dará por vencido. Por temor o por ambición, no todos tendrán la fortaleza de resistirse a los “moches” o las tentaciones de hacer negocios al amparo del poder.
Los alcaldes son una pieza fundamental para concretar el cambio de régimen político y gubernamental, pues son las autoridades más inmediatas a los ciudadanos. Lo que hagan o dejen de hacer en ese sentido, repercutirá inevitablemente en la percepción de que se está gestando un cambio o todo sigue igual.
Desafortunadamente muchos no han entendido la lógica de los nuevos tiempos, o si la entienden no tienen el firme compromiso de materializarla en acciones de gobierno. Honestidad, transparencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos, son requisitos ineludibles para darle un nuevo rostro al ejercicio gubernamental. Pero también debe quedar muy claro que el dinero público no será ya el instrumento privilegiado para mantener la gobernabilidad, sino que habrá que hacer mucha política para dialogar, negociar y consensar soluciones a problemas reales de la comunidad.
En estas circunstancias, el gran desafío para los Ayuntamientos es vencer las inercias y trastocar las estructuras y prácticas institucionales que permitieron que la corrupción permeara las acciones de gobierno. No será un proceso fácil, pero deben darse pasos firmes en ese sentido.
Si antes eran sólo un engranaje de la maquinaria gubernamental para alimentar el ciclo de la corrupción y el de los intereses políticos del poder estatal, ahora tienen la misión de desterrar ese fenómeno pernicioso y asumirse como factor de cambio.
No habrá de pasar mucho tiempo para saber si decidieron transitar por el camino de su responsabilidad histórica o por la ruta de la simulación y la ignominia.
