Sin Embargoo
La mitad de los gobernadores que entrarán en funciones este año recibirá un estado con mayor deuda y su administración estará sujeta a los compromisos adquiridos por sus predecesores.
Ciudad de México, 23 de agosto .– Ocho de los 15 gobernadores que asumirán el cargo este año recibirán sus estados con deudas y problemas financieros como la falta de dinero para pagar los salarios de burócratas, por lo que algunos han previsto seguir el consejo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y auditarán a las administraciones salientes.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ocho gobernadores salientes que aumentaron la deuda de sus estados en su administración son Jaime Bonilla (Baja California), Carlos Miguel Aysa González (Campeche), José Ignacio Peralta Sánchez (Colima), Héctor Astudillo Flores (Guerrero), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), Antonio Echevarría García (Nayarit), Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León) y Claudia Pavlovich Arellano (Sonora).
Otros seis gobernadores salientes también heredarán deudas a sus sucesores, pero en cantidades menores de las que adquirieron cuando asumieron el cargo, entre ellos están Carlos Mendoza Davis (Baja California Sur), Javier Corral Jurado (Chihuahua), Francisco Domínguez Servién (Querétaro), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí), Quirino Ordaz Coppel (Sinaloa) y Alejandro Tello Cristerna (Zacatecas).
Mientras que Tlaxcala, donde también asumirá un nuevo Gobernador este año, es el único estado del país sin deuda pública, pues desde 1997 quedó establecido en su Constitución que sólo se permite la contratación de deuda si es aprobada por dos terceras partes del Congreso, y sólo en caso de que no haya deuda previa en la categoría para la que se busca obtener un préstamo.
Analistas económicos señalan que la deuda es un mecanismo de financiamiento que es viable sólo si se cumple una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 73 Constitucional en la Fracción Octava y que para el caso de la deuda adquirida por el Gobierno federal señala que el único actor facultado para aprobar los empréstitos (préstamo que un particular concede al Estado) es el Congreso de la Unión, sí y sólo sí, éstos se usan en cuatro casos: para proyectos y obras que incrementen directamente los ingresos públicos; para operaciones de regulación monetaria; en casos de emergencia nacional decretadas por el Presidente en términos del artículo 29, y para refinación la deuda.
También destacan que los adeudos no necesariamente son negativos, el problema es cuando son contratados para cubrir el gasto corriente, en lugar de ser destinado a inversión en gasto capital.
“La deuda es válida cuando se destina a incrementar los ingresos públicos, esto quiere decir cuando la deuda se invierte en proyectos que van a generar más recursos, puesto que puedo financiar esa deuda y los intereses que genere”, dijo en entrevista Alfredo Bravo, profesor de la UNAM y de la Escuela Superior de Economía.
“Cuando la deuda no es válida es cuando se utiliza para gasto corriente porque ahí tendríamos que identificar dónde se encuentra el gasto que se hizo, si se invirtió o simplemente se gastó”, agregó el académico.
Es decir, hay un marco jurídico que obliga a los gobiernos a que la deuda se gaste en lo que establece la Ley y no en gasto corriente, por ejemplo, en el caso de la pandemia los estados no podrían endeudarse para comprar vacunas porque no está establecido en la Ley y la deuda no es viable y sería ilegal.
Sobre los gobernadores entrantes que heredarán deudas millonarias, el economista recomendó realizar auditorías, que el Congreso local lleve a cabo una revisión exhaustiva de las cuentas públicas y que verifique los montos de endeudamiento porque hay estados que adquieren deuda hasta por 20 años con la banca privada.
“Ese sobreendeudamiento sólo beneficia a la banca privada, pero además compromete las finanzas del estado porque muchas veces la deuda se queda condicionada a las participaciones que entrega el Gobierno federal”, alertó.
La semana pasada, el Presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador recomendó a los futuros gobernadores que realicen auditorias a sus predecesores en el cargo, “sin afán de venganza”.
“Yo les recomendaría eso, claro que es decisión de cada quien, que se hagan auditorías y se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda”, dijo el mandatario el lunes pasado durante su conferencia matutina y sugirió también presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
LOS QUE DEJAN MÁS DEUDA
–Jaime Bonilla Valdez, quien asumió como Gobernador de Baja California el 1 de noviembre de 2019, recibió la entidad con una deuda de 14 mil 507 millones de pesos y durante su gestión la aumentó a 16 mil 440 millones de pesos, un incremento de 13.32 por ciento, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda federal al corte del primer trimestre de 2021.
No obstante, esta cifra no es la definitiva y podría incrementarse, pues en abril pasado, el Gobernador Jaime Bonilla decidió endeudar al estado por 3 mil millones más que serán descontados del Fondo del Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF).
Esto significa que dejará a la Gobernadora entrante, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien asumirá el cargo el 1 de noviembre, con menos recursos.
–Campeche destaca por ser la entidad que más deuda heredará a la Gobernadora o Gobernador entrante, quien asumirá funciones el 16 de septiembre.
El sexenio que está por terminar inició el 16 de septiembre de 2015 con Alejandro Moreno Cárdenas como Gobernador, quien en agosto de 2019 pasó la batuta a Carlos Miguel Aysa González para contender por la presidencia de su partido el PRI. Es decir, en este periodo Campeche estuvo gobernada por dos mandatarios.
Cuando Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del PRI, asumió la gubernatura, la deuda de la entidad se encontraba en mil 562.50 millones de pesos y al corte del primer trimestre de 2021, ya con Aysa González en el cargo, se ubica en 2 mil 410 millones de pesos, un aumento de 54.24 por ciento.
A pesar de este aumento de la deuda pública, la Secretaria de Finanzas de Campeche, Guadalupe Cárdenas Guerrero, declaró el pasado 12 de agosto que esta deuda está controlada y dentro de los márgenes establecidos en las propias leyes, también reiteró que en la administración de Carlos Miguel Aysa González no se adquirió ningún préstamo.
“La deuda pública se encuentra controlada y estamos en un sistema de alerta que nos dice que somos un estado con una deuda responsable, controlada, en semáforo verde, con indicadores que te dicen que estamos en el lugar más o menos número ocho, de acuerdo con el último sistema de alerta”, aseguró la funcionaria estatal a la prensa local.
Sin embargo reconoció que la deuda contratada en el periodo de Alejandro Moreno fue a 20 años y se deberá pagar en las próximas administraciones.
–Colima es otra entidad que podría heredar más deuda a la nueva administración que estará encabezada por la morenista Indira Vizcaíno, quien entrará en funciones el 1 de noviembre.
Cuando José Ignacio Peralta Sánchez asumió la gubernatura —11 de febrero de 2016—, la deuda se encontraba en 3 mil 243.30 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 se ubica en 4 mil 069 millones de pesos, un aumento del 25.45 por ciento, de acuerdo con cifras de la SHCP.
En julio pasado, el Gobernador José Ignacio Peralta informó que el estado enfrentaba “una severa crisis financiera” y por ello no podía cumplir con el pago de la segunda quincena de julio de los trabajadores del estado, jubilados y pensionados, así como enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas u órganos autónomos, para su nómina.
Peralta aclaró que esta crisis financiera no se debía ni a malos manejos ni negligencia por parte de su Gobierno, sino que es consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que le impone la ley.
–En Guerrero, Héctor Astudillo Flores asumió la gubernatura con una deuda de 2 mil 831.60 millones de pesos y al primer trimestre de este año se ubica en 2 mil 855 millones de pesos, un ligero aumento de 0.82 por ciento.
El pasado 16 de agosto, Héctor Astudillo declaró a la prensa local que la entidad tiene muchas limitaciones económicas agravadas por la pandemia, pero aseguró que no tiene deudas. El priista concluirá su mandato el 14 de octubre y asumirá el cargo la morenista Evelyn Salgado.
–En Michoacán, Silvano Aureoles Conejo asumió la gubernatura el 1 de octubre de 2015 con una deuda heredada de 17 mil 472.50 millones de pesos y al primer trimestre de 2021, último dato reportado por la SHCP, se ubica en 20 mil 314 millones de pesos, un aumento de 16.26 por ciento.
Alfredo Ramírez Bedolla, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, denunció el pasado 15 de julio que el Gobierno estatal, encabezado por el perredista Silvano Aureoles, dejará un déficit de 5 mil millones de pesos para fin de año y una deuda pública de 22 mil millones.
“No se justifica que pretenda vender varios inmuebles del estado a más de dos meses de que concluya su administración”, dijo a medios locales al referirse a las seis propiedades con valor de casi 427 millones de pesos que el Gobierno estatal está por subastar.
El pasado 17 de agosto, el Gobernador Silvano Aureoles acudió a Palacio Nacional para solicitar recursos para el pago de la nómina de maestros que mantienen desde hace un mes un bloqueo en vías del tren.
–En Nayarit, Antonio Echevarría García, quien asumió la gubernatura el 19 de septiembre de 2017, recibió la entidad con una deuda de 4 mil 732.90 millones de pesos, cantidad que se incrementó en 19.52 por ciento al primer trimestre de 2021 al ubicarse en 5 mil 657 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda federal.
Pero Miguel Ángel Navarro Quintero, quien asumirá la gubernatura el próximo 19 de septiembre, declaró el pasado 4 de agosto que la deuda que heredará sería de una mayor cantidad, de alrededor de 10 mil millones de pesos.
El próximo Gobernador de Nayarit dijo en entrevista con la prensa local que su administración revisará la deuda y las urgencias económicas para generar una estrategia que les permita cumplir con todos los compromisos que se les dejará.
–En Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón asumió la gubernatura el 4 de octubre de 2015 y el 31 de diciembre de 2017 pidió licencia para contender por la presidencia de la República; después regresó a su cargo el 2 de julio de 2018.
En 2015 la deuda de la entidad se ubicaba en 63 mil 832.00 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 se ubica en 78 mil 831 millones de pesos, un incremento de 23.49 por ciento.
Samuel García, quien asumirá la gubernatura el 3 de octubre, declaró en abril pasado que no había dinero en Nuevo León.
“No hay dinero porque entre (Rodrigo) Medina y (Jaime Rodríguez) ‘El Bronco’ saquearon el estado y ayer fui justo al Gobierno a pedir el panorama (del estado), y está realmente negro. No hay dinero, estamos quebrados y endeudados”, mencionó.
Sin embargo, el pasado 3 de agosto el Secretario de Finanzas y Tesorero General de Nuevo León, Carlos Garza, explicó en un comunicado que la deuda de corto plazo del Gobierno estatal quedó cubierta en su totalidad, por lo que administración entrante podrá iniciar sin compromisos de este tipo, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
–En Sonora, Claudia Pavlovich Arellano asumió la gubernatura el 13 de septiembre de 2015 con una deuda de 21 mil 853.80 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 se ubica en 23 mil 398 millones de pesos, un aumento de 7.06 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
La semana pasada, Alfonso Durazo, quien tomará posesión como Gobernador el 13 de septiembre, informó que auditará diversas áreas del Gobierno de Claudia Pavlovich y además se fiscalizará la venta de terrenos y bienes del estado.
Un grupo de notarios públicos y abogados denunció en las últimas semanas que Claudia Pavlovich entregó siete notarias a personas afines a ella, por lo que urgieron al nuevo Gobernador poner atención en la ley del notariado.
LOS QUE REDUCIRÁN LA DEUDA
Seis de los 15 gobernadores salientes entregarán a sus sucesores menos deuda de la que recibieron, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda federal.
Carlos Mendoza Davis asumió la gubernatura de Baja California Sur el 10 de septiembre de 2015 con una deuda de 2 mil 323.20 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 se ubica en mil 631 millones de pesos, una reducción de 29.79 por ciento.
En Chihuahua, Javier Corral Jurado llegó al poder el 4 de octubre de 2016 heredando una deuda de 49 mil 047.80 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 se ubica en 48 mil 387 millones de pesos, una disminución de 1.34 por ciento, según datos de la SHCP.
Querétaro es otro de los estados que lograron disminuir su deuda. Francisco Domínguez Servién asumió el cargo el 1 de octubre de 2015 con una deuda de mil 626.10 millones de pesos y al cierre del primer trimestre de 2021 se ubica en 143 millones de pesos, una reducción de 91.20 por ciento.
En San Luis Potosí, el Gobernador Juan Manuel Carreras asumió el cargo el 26 de septiembre de 2015 heredando una deuda de 4 mil 255.10 millones de pesos y al primer trimestre de este año se ubica en 4 mil 193 millones de pesos, una disminución de 1.45 por ciento.
En Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel llegó al poder el 1 de enero de 2017 con una deuda de 5 mil 480.50 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 ésta se ubica en 4 mil 812 millones de pesos, una reducción de 12.19 por ciento.
Alejandro Tello Cristerna es otro de los gobernadores salientes que dejará menos deuda a su sucesor. Cuando asumió la gubernatura de Zacatecas la deuda se encontraba en 7 mil 835.20 millones de pesos y al primer trimestre de 2021 ésta se encuentra en 7 mil 506 millones de pesos, una disminución de 4.20 por ciento.
Todos los datos reportados sobre la deuda de los 15 estados que renuevan Gobernador este año podrían variar en los siguientes meses cuando la Secretaría de Hacienda actualice con datos al segundo trimestre, lo cual se podría reflejar en una disminución o aumento de la deuda.
