A casi tres años del lanzamiento de las Universidades del Bienestar, y que según el gobierno federal, son 100 sedes, no todas cuentan con un plantel, como la de Zacapu, Michocán, que tiene una matrícula de 900 alumnos y han tenido que tomar clases hasta en el piso.
Nayeli Roldán / Animal Político
Para llegar a Jopala, en la Sierra Norte de Puebla, primero hay que llegar al municipio de Xicotepec y luego emprender ruta por caminos sinuosos durante cinco horas. Quien quisiera cursar estudios de nivel superior tenía que salir de la comunidad, por eso un plantel de la Universidad del Bienestar significaba una oportunidad para los menos de 10 mil habitantes del poblado.
A la única carrera en el plantel, Ingeniería en gestión integral del agua se inscribieron 70 jóvenes en 2019, pero para atenderlos solo hay un maestro que imparte todas las materias, un administrativo y un coordinador de plantel. Pero este último fue despedido, lo que dejó a la Universidad sin enlace con el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, explica Roberto Arán, quien ocupaba el cargo.
Ese despido se suma al de otros maestros de universidades de Michoacán y la Ciudad de México que, según los afectados fue de manera injustificada, pues cumplen con la preparación académica y con más de una década de experiencia como docentes, pero que reclamaban mejoras en sus condiciones laborales y operativas, sobre todo porque se trata de un gobierno de izquierda que incluso derogó el outsourcing para las empresas, por lo que esperaban un trato justo.
Por eso, dicen, la represalia por sus reclamos fueron los despidos, que ha derivado en que algunos planteles estén operando con hasta con la mitad de plantilla docente en pleno periodo de cursos de inducción y a unas semanas del inicio del ciclo escolar, acusan los maestros entrevistados.
A esto se suma que a casi tres años del lanzamiento de las Universidades del Bienestar, y que según el gobierno federal, son 100 sedes, no todas cuentan con un plantel, como la de Zacapu, Michoacán, que tiene una matrícula de 900 alumnos y han tenido que tomar clases hasta en el piso.
“Muchos creímos en el proyecto, porque reivindicaba la educación en México, pero fuimos despedidos sin ninguna explicación”, comenta Roberto Arán, excoordinador del plantel de Jopala.
Sin embargo, Raquel Sosa, coordinadora de las universidades, incluso no considera esto como despidos porque ni siquiera hubo contratos. Los profesores firman convenios semestrales que no significan una contratación, pues pueden o no ser renovados y, en este caso, no lo fueron debido a que no acreditaron las evaluaciones sobre los perfiles requeridos, afirma.
“No engañamos a nadie, les decimos cuáles son nuestras condiciones desde el primer día. No ofrecimos una plaza, no creamos esas expectativas. Esta es la forma de ejercicio de los recursos (los convenios) pero no hay ningún engaño, y es una condición para nosotros porque de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Hacendaria no son espacios que sean regularizables (como plazas). Aquí no hay incertidumbre”, dice Sosa en entrevista con Animal Político.
