Animal Político. “Pensábamos que no iban a llegar muchas a la movilización”, comenta una integrante de la colectiva Gritamos contra el acoso en San Cristóbal, luego que mujeres de Chiapas, Ciudad de México y diversas partes del mundo se manifestaran contra los feminicidios el pasado 31 de mayo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Representantes de la colectiva reciben a este reportero dos días después al final de la ruta de la marcha, en la colonia La Isla, donde colocaron un altar que en ese momento limpiaban y acomodaban. En ese lugar las autoridades locales encontraron el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa, con signos de tortura y agresión sexual. Para este caso, los gobiernos local y estatal no han aplicado todavía el protocolo para investigarlo como feminicidio, ni activado medidas para su plena identificación.
Desde la perspectiva de la colectiva, el asesinato de esta mujer es un ejemplo del feminicidio asociado a causas estructurales que vuelve invisibles los casos. “Esta muerte fue una muerte silenciosa… ni siquiera ha sido investigada como se debe. Si se activaran entonces los protocolos, sabríamos cómo se llama, tendríamos un nombre, por lo tanto un expediente para poder perseguir cuál fue la causa de esa muerte y (encontrar a) un culpable”, expresa la joven, quien pide resguardar su identidad por seguridad.
El movimiento de mujeres lleva años en Chiapas y su lucha la han dado sobre todo en el marco normativo, primero para que se reconociera judicialmente el feminicidio, y después para que se implementara una Alerta de Violencia de Género que atendiera la gravedad del problema e impulsara políticas públicas para su erradicación.
El feminicidio fue tipificado como delito en 2011 y el Código Penal de Chiapas determinó entonces que sólo podía acreditarse si existía una relación entre víctima y victimario. Esto representó un problema para su medición, registro y acceso a la justicia, al dejar de lado la participación de otros posibles agresores. Siete años después la tipificación se amplió y ahora se considera también la relación de subordinación o superioridad, que el cuerpo presente signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, o que la mujer haya sufrido acoso o violencia con anterioridad a su asesinato.
El siguiente paso fue la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), pedida por las organizaciones que integran la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas a la Secretaría de Gobernación en noviembre de 2013. A pesar de que la solicitud documentó más de 150 muertes violentas, la declaratoria fue negada. Finalmente en noviembre del 2016 fue declarada para 21 de 122 municipios del estado, de los cuales 17 están concentrados en la región de los Altos.
Sin embargo, las activistas denuncian que el protocolo de investigación de la Alerta carece de perspectiva de género por lo que es recurrente que probables feminicidios sean catalogados como homicidios dolosos, además de que no específica las diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de las razones de género.
Marta Figueroa, integrante del Colectivo de Mujeres Libres (COLEM), considera que “el protocolo está homologado para la atención tanto de homicidios como de feminicidos, se unifican las actuaciones ministeriales, policiales, y periciales y forenses para ambos delitos, hecho contrario a la debida diligencia y perspectiva de género necesaria para la investigación del delito de feminicidio, como se establece en los estándares internacionales”.
Esto ha impedido combatir este delito en el estado, cuya gravedad ha alcanzado a niñas y adolescentes. De 2011 a mayo de 2018, 55 menores de edad han sido víctimas de feminicidio, según datos de la organización Melel Xojobal A.C., que trabaja por los derechos de la infancia en el estado. El caso más reciente de este tipo ocurrió el pasado 9 de mayo en el mismo San Cristóbal de Las Casas. María de los Ángeles, adolescente de 14 años, vivía en una colonia periférica al norte de la ciudad y estudiaba la secundaria. Fue degollada.
También la comunidad transgénero de la entidad ha enfrentado una ola de violencia en su contra. El pasado 19 de junio Nataly Briyith Sánchez, mujer trans integrante del colectivo Diana Sacayán, fue asesinada por un sujeto en el interior de su casa, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El presunto asesino está detenido. De acuerdo con la organización, en lo que va del año en la entidad chiapaneca se han registrado ocho transfeminicidios en los municipios de Tapachula, Mapastepec y este último en Tuxtla Gutiérrez. La Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de la Violencia Feminicida ha exigido acciones para combatir la ola de violencia que enfrentan las mujeres y la comunidad trans de la entidad.
La Campaña Popular contra la Violencia hacia a las Mujeres y el Feminicidio ha señalado en reiteradas ocasiones la ineficiencia en la implementación de la Alerta de Violencia de Género, así como una carencia de recursos en medio de una simulación por parte del Estado en relación a las acciones para prevenir la violencia en contra de ellas.
“Son acciones aisladas… los resultados se traducen en lonas, en productos, pero no en una disminución concreta de los feminicidios, o que haya mayor acceso a la justicia… Lo que observamos es que hay falta de voluntad política, hay una desarticulación también en las entidades”, señala Jennifer Haza Gutiérrez, directora de Melel Xojobal A.C. e integrante de la Campaña.
Ante la falta de acción de las autoridades, han decidido impulsar acciones de autocuidado. Una de las integrantes del grupo de Gritamos contra el acoso en San Cristóbal cuenta que entre las acciones que ha impulsado la colectiva se encuentra la adecuación de un protocolo sobre qué hacer en caso de violación, el cual consideraron necesario ante la inoperancia de las instituciones estatales y federales en caso de contenerlas en temas judiciales y de salud. “Cuando fuimos al Ministerio Público una compañera salió llorando, decía ‘¿cómo nos pueden tratar así?’. De entrada el espacio es un espacio donde no están sensibilizados ni hombres ni mujeres y aparte que no cuentan con las condiciones mínimas para hablar de una cosa tan íntima, porque están agrediendo nuestros cuerpos, nos están violentando”.
También han redactado una serie de tips para abordar los taxis de forma segura, distribuidos en español, inglés, francés, tsotsil y tseltal, los cuales surgen como respuesta a la ola de acosos, secuestros y violaciones que se presentaron en 2017 en los Altos de Chiapas por parte de taxistas, y hasta talleres de defensa personal. Todo para enmendarle la plana al Estado y tratar de combatir la realidad que las está matando.
Desde el 21 de noviembre de 2016, siete municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, tienen activa la alerta de género por el número de casos de violencia contra las mujeres.
Los otros seis municipios son Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tamachula de Córdova y Ordóñez, Tonalá y Villaflores.
