ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Fieles hasta el final a su naturaleza depredadora de los recursos públicos, personajes de la administración chiapaneca saliente dejaron rastros por donde quiera de sus deplorables e ilegales prácticas. Amparados en la cultura de la impunidad, hicieron de los bienes de las instituciones un obsceno botín.
En muchas dependencias estatales hay testimonios de que quienes recientemente las administraron, en sus distintos niveles, incurrieron en actos de franca ilegalidad para beneficio propio o de grupo. En algunas secretarías, dos días antes del cambio de gobierno, hicieron limpia de todo en las oficinas. Equipos de computación, accesorios, información, electrodomésticos desaparecieron de sus lugares habituales. Hasta los bolígrafos se llevaron.
Pero lo más significativo de este asunto, es que dichas prácticas de rapiña se produjeron hasta en lo que hasta el 8 de diciembre fue la residencia oficial del hoy exgobernador Manuel Velasco. La vivienda conocida por muchos años como la Casa de Gobierno, fue literalmente saqueada por quienes la administraban y por los que habitualmente la ocupaban como oficina o centro de operaciones gubernamentales. Cuentan testigos, que cargaron hasta con las tazas de los baños.
Como vino sucediendo cada fin de sexenio, los inquilinos se llevaron mobiliario de oficinas, menaje de casa, aparatos electrónicos, pinturas, obras de arte, adornos y demás enseres domésticos, todo comprado con dinero del erario y cuyo valor se calcula en millones de pesos.
Como ya habíamos consignado en un trabajo anterior, la denominada Casa de Gobierno se había convertido en el símbolo de los excesos y las corruptelas de la élite gobernante chiapaneca. Las fastuosas fiestas de altos funcionarios, el oneroso agasajo a distinguidos invitados del ámbito político, económico, artístico y cultural, así como el uso del espacio para operar elecciones con dinero sucio, marcaron el nivel de despilfarro y de decadencia de quienes detentaron el poder.
Sin embargo, el conocimiento de esas prácticas detestables e inmorales en un estado con tanta pobreza, no debieran quedarse en el ominoso anecdotario de un régimen en declive. Los nuevos tiempos de transformación exigen honestidad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, no sólo para los nuevos gobernantes sino también para quienes acaban de entregar la administración. Así lo pidió la gente en las urnas el pasado 1 de julio y así debiera procederse.
Lo sucedido con los bienes públicos de la Casa de Gobierno es una afrenta a lo que los chiapanecos rechazan como forma de gobierno, a lo que detestan como conducta pública, pero sobre todo, es un acto abiertamente ilegal que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Hay elementos suficientes para iniciar una pesquisa inmediata.
Es claro que se debe dar una señal inequívoca de que en Chiapas no se tolerará la corrupción ni la impunidad. Es una buena oportunidad para que la justicia se reivindique ante los ciudadanos que quieren ver un cambio de régimen.
