Marigely Peralta
• Gobierno de México a través de CFE tendrá que pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que construían la hidroeléctrica; la Comisión de Electricidad impugnará, dice Manuel Bartlett Díaz
• El presidente de México aprovechó para demandar la falta de objetividad en los tribunales internacionales
Tuxtla Gutiérrez. – Luego de un proceso legal de alrededor de 5 años por la cancelación de la planta hidroeléctrica Chicoasén II en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Corte de Arbitraje Internacional de Londres emitió un fallo a favor de un consorcio privado.
Los litigios iniciaron en octubre de 2016 por parte de las empresas Caabsa y Omega, debido a un paro indefinido de la obra debido a las protestas de ejidatarios locales y sindicatos. Con un avance de alrededor del 17 por ciento, el proyecto, que se ubicaría en el municipio de Chicoasén, 43 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez, fue cancelado en 2017.
Apenas, el año pasado la corte Internacional emitió el fallo en contra de CFE en donde les sentenciaba a pagar más de 200 millones de dólares a las empresas privadas que construirían dicha hidroeléctrica.
En ese entonces, la paraestatal respondió a través de un comunicado que “El resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona”.
“Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado”, detalló la CFE.
CFE IMPUGNARÁ
Sin embargo, esta semana la Corte Internacional volvió a fallar en contra de Comisión Federal, situación a la que la compañía que dirige actualmente Manuel Bartlett Díaz dijo que impugnará el laudo ante autoridades jurídicas mexicanas con base en recursos procesales previstos en el Código de Comercio.
“Se trata, pues, de una herencia litigiosa de la pasada Administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados”, agregó.
ANTECEDENTES
Fue en 2015 cuando la CFE licitó el proyecto Chicoasén II, ampliación de 240 MegaWatts (MW) de la hidroeléctrica del mismo nombre, resultando ganador el consorcio conformado por las empresas CAABSA Construcciones; Grupo Omega Construcciones Industriales, y la chino-costarricense Sinohydro, filial de PowerChina.
El contrato ganado por 386 millones de dólares, la planta entregaría energía a 537 MIL hogares de la entidad y tardaría en construirse 42 meses.
La Central Hidroeléctrica Chicoasén II era uno de los 23 proyectos estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la administración de Enrique Peña Nieto, sería la primera en México en utilizar turbinas tipo bulbo de la más alta tecnología, emplearía a dos mil personas en su construcción en 180 hectáreas en Chiapas.
Sin embargo, desde el inicio del proyecto se desataron protestas y conflictos sociales en el territorio chiapaneco que no fueron resueltos; se instaló una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación que no funcionó y no desactivó las disputas.
De acuerdo con medios locales en ese entonces, por parte de la directiva de la CFE durante 2016 y ante los problemas locales, no diseñó a tiempo una estrategia para aminorar el costo económico, y su falta de capacidad de negociación con SUTERM paralizó la obra, debido a que este organismo frenó la construcción por disputas con sindicatos en la entidad.
Dentro de las medidas que adoptó la empresa productiva del Estado fue interponer 17 denuncias penales en contra de los grupos que mantienen tomadas las instalaciones de la obra de la presa Chicoasén II, sin que tuvieran algún efecto para terminar con el paro.
En el mes de octubre de 2015, autoridades estatales aprehendieron a Arturo Ortega Luna, activista opositor a la construcción de la presa hidroeléctrica Chicoasén II y abogado de los ejidatarios que se consideran afectados, porque serían inundadas más de 180 hectáreas de tierras ejidales de uso agrícola de indígenas zoques; quien fue liberado en el mes de febrero de 2016, tras las constantes protestas por su encarcelamiento.
En mayo de 2020, los ejidatarios del municipio de Chicoasén que se oponen a la construcción de la presa Chicoasén ii, informaron que el 9 de dieron a conocer que interpusieron un amparo ante los Juzgados de Distrito paras buscar la protección de cinco pobladores que tienen orden de aprehensión, debido a que seguían recibiendo amenazas de parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de otras autoridades para meterlos a la cárcel y desistieran de su lucha por el despojo de tierras ejidales.
La CFE gastó, de acuerdo a los documentos, 77 millones de pesos “para la atención de los conflictos sociales”. Este monto incluye la compra de las tierras ejidales, pero también el apoyo a programas comunitarios que facilitaran el convencimiento de los pobladores.
AMLO BUSCA REACTIVAR OBRA
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dio a conocer EN la conferencia matutina del pasado 23 de junio, que se había llegado a un acuerdo con las empresas para darle continuidad a la ampliación de la hidroeléctrica Chicoasén en el 2023.
Sin embargo, en su conferencia de este miércoles 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que luego de que el juicio se llevara a la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, su administración perdió el litigio para la ampliación de la planta hidroeléctrica de Chicoasén II.
El Jefe del Ejecutivo federal agregó que se deberá pagar una cantidad por una controversia en la construcción de la planta, luego de que la impugnación se presentara a inicios de julio.
“Acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén y tenemos que pagar una cantidad por eso, el dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales”, precisó desde Palacio Nacional.
El mandatario aprovechó para demandar la falta de objetividad en los tribunales internacionales, ya que aseguró que en este tipo de juicios el Gobierno siempre lleva la desventaja, ya que favorecen a empresarios.
“Todo el aparato judicial lo construyeron para favorecer a las empresas, es muy difícil que gane el Gobierno, ni en el extranjero. Hemos optado por buscar acuerdos”, sostuvo.
