ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
El discurso que pronunció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en su toma de posesión, marcó el rumbo que seguirá su administración al menos en la primera etapa del sexenio. Su programa de gobierno estará estrechamente vinculado a las directrices fundamentales del proyecto lopezobradorista y, por lo tanto, tendrá un contenido profundamente social, orientado a superar desde otra perspectiva el principal problema del estado: la pobreza.
Los programas federales de apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes desempleados y estudiantes, pero sobre todo la siembra de árboles en 200 mil hectáreas, las nuevas universidades públicas y la construcción del Tren Maya, tendrán un fuerte impacto en la dinámica socioeconómica del estado que marcará una diferencia notable respecto a las políticas asistencialistas y clientelares que se venían aplicando desde hace varias décadas.
En el ámbito local las definiciones gubernamentales van en esa misma línea. El gobernador Escandón ya afirmó que el motor de la economía estatal será la inversión pública y en ese sentido esbozó una serie de acciones para fortalecer los sectores productivos y para garantizar los derechos sociales de la población a la salud, a la educación, a la alimentación y al empleo.
Sin embargo, más allá de lo que se pueda hacer con los recursos del presupuesto estatal que podría superar los 80 mil millones de pesos, el factor con mayor peso para el cambio en Chiapas es el de carácter federal, tanto por el monto de los recursos como por su trascendencia política.
En este sentido, el gobierno estatal –que se ha declarado un aliado absoluto del proyecto presidencial– además de buscar alcanzar sus metas propias, se convierte en facilitador y garante de la aplicación de las políticas públicas federales en el territorio chiapaneco.
Lo anterior no sólo significa proveer de logística, apoyos institucionales o gestiones legales a los funcionarios de la federación, sino generar las condiciones políticas y sociales para que los programas logren aterrizar con éxito y penetrar en la dinámica de las comunidades involucradas. Dicho de otra forma, al Ejecutivo chiapaneco le corresponderá forjar la gobernabilidad suficiente para hacer viables los proyectos de inversión y desarrollo planteados por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
En el contexto actual, no será una tarea fácil. Principalmente a través de la Secretaría de Gobierno, la nueva administración estatal debe desactivar los conflictos latentes que les heredó el exgobernador Manuel Velasco, al tiempo de desplegar una eficaz estrategia para convencer a comunidades campesinas e indígenas a sumarse a los planes federales.
En Chiapas se juega en gran medida el futuro del proyecto social del presidente Andrés Manuel López Obrador y en una dimensión más amplia el de la propia “cuarta transformación”. Si se avanza significativamente contra los niveles de pobreza y a la par se destierra la corrupción pública –un fenómeno acendrado en las entidades más atrasadas–, se habrá dado un gran paso hacia el cambio de régimen.
De ese tamaño es la responsabilidad de los funcionarios y de esa dimensión es el papel que ha decidido asumir Rutilio Escandón Cadenas, quien aseveró en su discurso del sábado ante el Congreso local, que “en Chiapas inicia la Cuarta Transformación” del país.
