Proceso
Según se revela en una copia de la demanda de Bayer-Monsanto contra el Estado mexicano, la firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas en todo el mundo cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país
Bayer-Monsanto demanda al Estado mexicano por posibles pérdidas financieras. Según se revela en una copia de la demanda de Bayer-Monsanto contra el Estado mexicano, certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en manos de PODER, la firma farmacéutica con más de 50 subsidiarias que cotizan en bolsas en todo el mundo [1] cambió su estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país.
La batalla jurídica comenzó con la promulgación de un decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 donde el gobierno federal prohíbe el uso de glifosato en el territorio nacional, uno de los principales productos de Bayer-Monsanto, tras calificarlo como inseguro para la salud [2]. Hasta el momento, sólo se conocen dos juicios promovidos directamente por Bayer-Monsanto contra México.
La más reciente de las demandas ocurre meses después de que el jurado popular de Oakland, en Estados Unidos, sentenciara a Bayer-Monsanto con una multa de 2 mil millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia de campesinos en dicha zona [3].
Pero sus abogados aprendieron la lección. A diferencia del juicio en Estados Unidos, Bayer-Monsanto en México ya no declara que el glifosato no sea un agente cancerígeno, ahora exige su derecho a comerciar con la sustancia que envenenó a los campesinos norteamericanos y sucesivamente a campesinos de otras regiones.
Aunque la empresa y sus representantes legales continúan desestimando las pruebas científicas relacionadas a su producto y la peligrosidad del mismo, en realidad buscan responsabilizar al país por las pérdidas monetarias millonarias que pudieran surgir tras la aplicación del decreto prohibicionista del glifosato.
Específicamente, Bayer-Monsanto responsabiliza a México por pérdidas financieras que deriven de la aplicación del decreto presidencial. Ese tema tiene una posible relación a la presión de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) a México debido a que la importación de glifosato en el país es una de las discusiones que surgieron en la reunión de la Comisión de Comercio Internacional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) [4].
Para Evangelina Robles, activista y abogada agraria de la Red en Defensa del Maíz, la nueva característica en la litis, solamente se trata de “un intento de conseguir suspensiones en tribunales de manera fácil”. Es decir, ganar más tiempo comerciando con la sustancia.
Aunque ambas demandas forman parte de la misma estrategia judicial, así es como nace un cambio de paradigma del segundo proceso. Se trata de una nueva estrategia derivada del primer intento fallido de la firma por enfrentar el decreto.
El viejo proceso, cuyos documentos también están en manos de PODER, refleja que en dicho juicio de amparo numeral 313 del Tribunal sexto de distrito Administrativo, el juez Francisco Javier Rebolledo Peña ya había negado a Bayer-Monsanto una primer Suspensión Definitiva bajo el argumento de que México era firmante de la Declaración de Río, en la que se reitera la adhesión al Principio de Precaución.
El Principio de Precaución fue concebido por primera vez en los años 80 del siglo pasado y popularizado en la conferencia de Río de 1992. Es actualmente parte fundamental del derecho internacional ambiental, pues se considera que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.
Esa poderosa herramienta jurídica ha logrado ser evadida en otros países de América Latina (como Colombia), argumentando “Seguridad Nacional”. Es decir, casos como el de Bayer-Monsanto contra Colombia revelan que el Principio de Precaución no siempre ha sido ponderado en tribunales administrativos.
Los antecedentes legales mexicanos
El problema con Bayer-Monsanto se originó desde su llegada comercial a México pero detona con el decreto en cuestión. Desde la promulgación del dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, hubo conflicto debido a que fue determinada como “Ley Monsanto” [5], haciendo referencia a que fortalecía el uso de agrotóxicos en el campo.
Esa legislación fue aprobada bajo la presidencia de Vicente Fox en 2005, el mismo año en que Alfonso Romo Garza, ahora exjefe de oficina de la Presidencia de la República para Andrés Manuel López Obrador y principal financiador en su momento de la campaña presidencial de Fox Quesada, perdió las acciones de su empresa Savia S.A. de C.V. en un conflicto familiar y a partir del cual fue nombrado director de una subsidiaria de Bayer-Monsanto.
En 2005, Romo Garza, quien ahora mismo posee 17 razones sociales registradas ante el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía, fue destituido por su propio suegro, Alejandro Garza Lagüera, de las acciones en Savia S.A. de C.V. tras revelarse que había adquirido importantes sumas de dinero con una transacción realizada en 2003 [6].
Dicha transacción y la aprobación de la Ley Monsanto (promovida por Vicente Fox) tienen relación entre sí, dado que Alfonso Romo vendió a la firma californiana Fox Paine la firma Seminis, de la cual era dueña Savia, que a su vez era controlada en 75% por Romo [7]. Más adelante Fox Paine subastaría un plan de fusión millonario con Monsanto [8]. Es decir, la Ley a favor de los agrotóxicos entró en vigor el mismo año en que llegó a la Presidencia de la República Vicente Fox, bajo el mecenazgo de uno de los accionistas de la empresa con mayor interés en dicho mercado.
Alejandro Garza Lagüera, suegro de Alfonso Romo, pretendía desconocer el contrato de compra venta (Seminis/Fox Paine) debido a que: “No confiaba en su visión empresarial”. Pese a la destitución de Romo en Savia, la transacción sí se realizó en 2003 y tuvo un valor de 650 millones de dólares.
Dos años después, en enero de 2005, “Romo y sus socios de Fox Paine firmaron un acuerdo y plan de fusión con Monsanto a cambio de mil 500 millones de dólares en efectivo, asumir deuda y comprometerse a dar un bono de rendimiento de hasta 125 mdd pagaderos a una compañía llamada Marinet, propiedad de los socios de Romo”, según Forbes citando a The Wall Street Journal.
Además de las autorizaciones de comercialización, la empresa Bayer de Mexico, S.A. de C.V. fue beneficiada con 458 contratos públicos por un monto de 3 mil 413 millones 33 mil 756.06 pesos entre los años 2000 y 2021, de acuerdo con información de Compranet ubicada en QuiénEsQuién.Wiki.
Más recientemente, Alfonso Romo fue uno de los hombres señalados por el extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, por formar parte del grupo de luchas de poder empresarial dentro del gabinete obradorista. Dicha acusación daría cabida a la renuncia de Toledo como Secretario de Estado [9]. Pero el conflicto, señalado por Toledo, supera el de las disputas corporativas o políticas para convertirse en un problema de salud y seguridad nacional.
Bioseguridad a la mexicana y conflictos civiles
Actualmente es imposible saber en qué regiones de México existen casos de complicaciones a la salud derivadas del uso de agrotóxicos y tampoco se puede identificar o localizar a las empresas que pulverizan estos químicos. Lo que sí se puede identificar en la mayoría de los casos son las fórmulas o compuestos químicos en estudios sanguíneos o renales de las personas, los cuales son asociados a las empresas que los patentan.
Lo anterior se debe a que no existe un mapa donde los mexicanos puedan analizar las zonas donde la industria pulveriza agrotóxicos, explicó a PODER Evangelina Robles abogada y líder de la Red en Defensa del Maíz.
A decir de Robles, las pocas herramientas con las que cuenta el estado mexicano para su defensa son apenas un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decreto presidencial promulgado a finales de 2020 y un respaldo intelectual de algunos grupos de académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que independientemente han publicado numerosos estudios académicos abogando por alternativas de bioseguridad al glifosato.
En general, las únicas razones sociales con autorización para comercializar el glifosato son 170 firmas, 22 de los cuales corresponden a la razón social de Bayer-Monsanto, según la Consulta de Registros Sanitarios de Plaguicidas de la Comisión Federal para la Previsión de Riesgos Sanitarios (Cofepris) [10].
El glifosato es el principal activo de Bayer y el motivo por el cual compró a la firma Monsanto. Entre 1974 y el año 2000, Monsanto sostuvo la patente en todo el mundo, y posteriormente a ello ya en ciertas regiones se ha podido comercializar con otras marcas, aunque en el mercado mundial la fórmula Round Up, de Monsanto, es la primera en ventas [11].
Algunos de los casos reconocidos en México son el de Autlán de Navarro en Jalisco y el de la industria tabacalera en la Sierra Wixárika del estado de Nayarit.
Tras la llegada de los agrotóxicos en el país se desbordó una batalla por la remediación ambiental sin precedentes. La principal causa fue el uso desmesurado de agrotóxicos diversos comercializados principalmente por Bayer, no sólo glifosato.
En ese contexto, el 10 de marzo de 2005 fallecieron dos jornaleros por intoxicación del insecticida Tamaron, también creado por Bayer-Monsanto: Miguel Hernández Hernández (16 años) y Jesús Azuara Hernández (15 años). La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit emitió la recomendación 21/05 en la que principalmente se exigió la elaboración de un diagnostico sobre la situación del campo en Nayarit con el objetivo de identificar el origen del problema. El documento denominado Jornaleros Agrícolas Migrantes de Nayarit 2007 [12], buscaba terminar con la discriminación y maltrato hacia los trabajadores agrícolas y estaba dirigido a diversas instancias de gobierno.
El 19 de julio de 2009, cuatro años después de emitida la recomendación, esa Comisión informó que la secretarías estatales de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud, así como el Departamento de Previsión Social y el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas habían incumplido la recomendación 21/05 [13].
El otro caso ocurrió en agosto de 2019, cuando un grupo de académicos de una comunidad en Autlán de Navarro del estado de Jalisco, México, reportaron que 93 niños (de 3 a 15 años de edad) resultaron positivos a pesticidas en su organismo y el 100% de los adolescentes de la telesecundaria donde se realizó el estudio resultaron con pesticidas en la orina [14]. Dicha solicitud de investigación se realizó debido a una exigencia de las madres de familia a investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), debido a complicaciones en la salud de los estudiantes.
Paraguay y Colombia, paralelismos bélicos
El problema del agronegocio no es endémico de México, casos similares han ocurrido en gran parte del continente. La muerte de Rubén Portillo en enero de 2011, un campesino paraguayo que perdió la vida en un Hospital de Curuguaty, la ciudad más poblada del departamento de Canindeyú cerca de la frontera con Brasil, alarmó a las autoridades internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras revelarse que las autoridades locales no habían investigado dicho caso.
El caso Rubén Portillo, documentado por el medio de comunicación El Surti, logró develar las complicaciones en salud que constan de producir alimentos bajo los esquemas de los gigantes agroalimentarios [15].
Al respecto, la doctora Stela Benítez Leite asegura para el mismo medio de comunicación que “hay evidencia científica del daño que pueden producir los plaguicidas”. Benítez Leite constató en un estudio científico que el daño en el ADN de niños y niñas entre 5 y 10 años expuestos a plaguicidas en una comunidad cercana a plantaciones de soja que utilizan agroquímicos era mucho mayor a los de una comunidad sin contacto con cultivos extensivos.
Según explica El Surti, al sector del agronegocio no le gustaron nada los hallazgos de la investigación de Benítez Leite en 2019, dado que inició una campaña de desprestigio en contra del estudio y utilizó esa misma campaña para lograr la suspensión de financiamiento público a investigaciones similares.
Otro caso igual de relevante ocurrido en Paraguay es el de la falta de protocolos para docentes y estudiantes cuando son fumigados por agroquímicos [16]. El Surti reveló en marzo de 2021 que más de 7 mil 500 estudiantes en 90 zonas rurales de Paraguay van a escuelas cercanas a plantaciones que violan leyes locales de protección contra uso de agroquímicos. En dicha investigación se da cuenta del caso en el Asentamiento el Limoy II, del departamento de Alto Paraná donde estudiantes y profesores comienzan sus jornadas con un sabor en la punta de la lengua que no logran reconocer, a pesar de que lo que se respira, no debería tener sabor. Esto ocurre sin ningún tipo de protección.
El cuadro de patologías de Rubén Portillo y los padecimientos pronosticados para los niños estudiantes en escuelas fumigadas está asociado a la exposición constante de agroquímicos. Los campesinos que trabajan con agrotóxicos, reportan padecer de dolores de cabeza, fiebre, sarpullido, vómito y/o diarrea, y en los casos más alarmantes, mueren.
Sin importar fronteras, lenguas o climas, todos los países coinciden en dichos cuadros de enfermedad y esto ya ha ocurrido en México, Estados Unidos y Colombia, pero sólo Estados Unidos logró indemnización.
En el caso de Colombia, las autoridades calificaron como: “Impacto grave e irreversible sobre el medio ambiente y la salud humana derivados de aplicación de glifosato”, pero tras la intervención militar, Bayer-Monsanto logró seguir comerciando con este químico bajo el argumento de que era utilizado como herbicida para combatir sembradíos ilegales.
Ricardo Vargas, académico e investigador colombiano, explica una tercer vertiente de análisis por la cual los gobiernos de América Latina continúan comercializando con esta sustancia. Él explica que “en Colombia, se ha esgrimido la defensa del Principio de Precaución como el fundamento para suspender las fumigaciones mientras se hace claridad sobre esos impactos. Mientras tanto dichas fumigaciones continúan con fuertes impulsos propiciados por los recursos suministrados para el Plan Colombia (2000 – 2005)” [17].
El Plan Colombia se trata de un acuerdo entre Bill Clinton y el expresidente colombiano Andrés Pastrana que tenía como objetivo mitigar las finanzas de la guerrilla, en gran medida, haciendo uso de herbicidas para destruir plantíos ilegales, mientras que el gobierno de Estados Unidos agilizaría la exportación de armamento a Colombia. No obstante, para el investigador se trata de una estrategia que contempla ya 22 años de fracaso, puesto que esta nación continúa siendo la principal exportadora de coca en el mundo [18].
Finalmente, el caso en México es muy similar a lo descrito por Ricardo Vargas. Se sabe de la existencia de ciertas zonas donde las Fuerzas Armadas han utilizado agrotóxicos para la eliminación de plantíos ilegales; sin embargo, los protocolos con los que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones de esta naturaleza aplican los químicos, no son públicos. Lo más alarmante del caso, es que en 2006 las autoridades de la Fiscalía General de la República (entonces PGR) junto a la Sedena calificaron como confidencial el nombre de la sustancia con la que las autoridades castrenses “fumigaban” las plantaciones ilegales [19].
PODER solicitó entrevista con autoridades de la Cofepris, representantes legales y de comunicación de Bayer-Monsanto (en México y Estados Unidos) y las Fuerzas Armadas Mexicanas. Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las instituciones ni la empresa respondieron.
