Sin Embargo
Proyectos mineros de Canadá, EU, Reino Unido y de los magnates Carlos Slim (Frisco), Alberto Baillères (Peñoles), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) han causado contaminación, enfermedades, escasez de agua y violación de derechos laborales en comunidades que protegen y aprovechan bosques con apicultura o extracción de resina.
Ciudad de México, 20 de junio .– Los 673 proyectos mineros (44 por ciento del total) que se encuentran en bosques y selvas sin consulta previas e informadas a las comunidades son en su mayoría operados por mineras canadienses, pero también hay compañías de los magnates Alberto Baillères (Peñoles), Carlos Slim (Grupo Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (Altos Hornos de México), documenta el informe “Bosques comunitarios y minería en México” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
“Estas zonas forestales del país se ubican en las regiones montañosas como la Sierra Madre y todo el eje volcánico transversal, donde están los ecosistemas forestales con comunidades que hacen un manejo sostenible de este recurso. Ahí se concentra casi la mitad de los proyectos mineros; hay muchos en exploración, pero también en tajo a cielo abierto ya operando que implica no sólo deforestación de bosque y selva, sino también la contaminación y el uso intensivo del agua”, dijo Sol Pérez Jiménez, una de las autoras del estudio.
Del total, 480 de ellos (71 por ciento) están en fase de exploración, 36 en desarrollo (o construcción de minas), 123 son minas que ya están operando y 34 son proyectos suspendidos. Uno de los proyectos pausados es el de la mina Naica operado por Peñoles en Chihuahua, un poblado minero y agrícola donde se dice que cada 31 de octubre arriban brujas a la cueva. Desde enero de 2015 paró operaciones por una inundación y se continúa con los trabajos para la reactivación. Otro caso es el de la mina San Antonio de Grupo México, en Aquiles Serdán, Chihuahua, la cual fue cerrada por tiempo indefinido en febrero del año pasado por una inundación.
“Lo más grave es que talar árboles para extraer minerales es legal con la actual Ley Minera”, aseguró Pérez. “La reducción fiscal a empresas mineras explica que los principales hombres ricos del país son los dueños de las principales mineras, actividad que no es de utilidad pública. Lo que sí es mantener estos ecosistemas”.
Además, existen a la fecha 342 proyectos mineros activos en 356 núcleos agrarios con cobertura forestal, de los cuales 248 están en exploración, 14 en desarrollo, 66 están operando y 14 están suspendidos. Asimismo, en cinco mil 222 núcleos agrarios se han otorgado 12 mil 616 concesiones mineras en 18 millones 473 mil hectáreas, donde en cualquier momento puede comenzar la exploración, esto es, el 48.2 por ciento de las más de 26 mil concesiones vigentes en total otorgadas desde el salinismo.
Con esta actividad instalada, las acciones de protección y economía comunitaria a partir del aprovechamiento forestal sustentable pierden viabilidad. La extracción en la mayoría de los casos —explica el informe— consiste en la excavación de grandes tajos en los que se inyectan grandes volúmenes de agua mezclada con sustancias como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio para separar los metales.
Este procedimiento genera una grave contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, de los suelos y se producen montañas de roca contaminada (jales); además de generar una enorme destrucción tanto de los ecosistemas como de la salud de la población.
Pobladores de Ocampo, Chihuahua, donde se ubica la mina de Grupo Frisco, han denunciado durante meses la contaminación del río Moris y los arroyos aledaños, lo que los obliga a comprar agua embotellada para beber, cocinar y lavar.
QUEJA COMÚN: MUERTE DE FAUNA
La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ha autorizado a comunidades y ejidos aprovechamientos forestales de madera en dos millones 960 mil hectáreas de Chihuahua y Durango por lo que ambas entidades concentran el mayor número de estos permisos.
Sin embargo, de las 90 comunidades a nivel nacional que han recibido la certificación del Forest Stewardship Council (FSC) que se otorga por un buen manejo forestal, en siete existen proyectos mineros con su respectiva contaminación ambiental, impactos a la salud y escasez de agua: Ixtlán de Juárez, Oaxaca; Madera, Chihuahua; Pueblo Nuevo, Durango; y Santiago Papasquiaro, Durango.
Este último proyecto de oro y plata llamado Ciénega es operado por Fresnillo (Grupo Peñoles), propiedad de Baillères, a través de 109 concesiones en los ejidos Salto de Camellones y San Diego de Tezains, Durango, de acuerdo con el informe que cita a la Secretaría de Economía.
“Las comunidades serranas aledañas a las minas tienen una queja en común: mortandad de reses, venados, pájaros y toda clase de fauna que está en contacto directo o indirecto con los residuos mineros”, plantea el documento del CCMSS.
Las comunidades vecinas de las minas también reportan escasez de empleos para pobladores locales, falta de pagos por el arrendamiento de las tierras, conflictos laborales por violaciones de los derechos y condiciones de inseguridad en las minas y de violencia que enfrentan por defender su territorio. A ello se suma al aumento de la violencia producida por el crimen organizado en esas regiones.
DE LA PROTECCIÓN A LA EXTRACCIÓN
Las más de 10 mil comunidades y ejidos que poseen territorios forestales comercializan madera, carbón, resina, artesanías y servicios turísticos. Las familias campesinas practican la apicultura, extraen leña y materiales para la construcción, cultivan café y cacao de sombra, y se abastecen del agua proveniente de los manantiales.
Gracias a estas acciones colectivas de aprovechamiento y protección, el país conserva grandes extensiones de bosques y selvas frente a presiones como los incendios, la extracción ilegal y el cambio de uso de suelo por proyectos agroindustriales, mineros, turísticos y de generación de energía.
“Cuando un territorio forestal propiedad de comunidades es concesionado a una empresa minera se confrontan dos visiones de los territorios: la visión comunitaria de largo plazo en su uso y aprovechamiento, y la visión extractiva orientada por una lógica de generación del mayor valor posible en el menor lapso de tiempo, sin sentido de sustentabilidad sin un compromiso por el desarrollo local”, expone la investigación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En la década de 1980, las comunidades afectadas por el otorgamiento de concesiones a empresas privadas en más de 8 millones de hectáreas de bosques comunitarios en Chihuahua, Durango, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo lograron recuperar el control de sus bosques e incidir en La Ley Forestal de 1986 que prohibió el otorgamiento de las concesiones forestales en México.
Pero en 1992, el Presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó cambios en el artículo 27 constitucional, la Ley Agraria, la Ley de Aguas y la Ley Minera que sentaron las bases legales para la multiplicación de las concesiones mineras que, a falta de una reforma, sigue sin considerar la destrucción ambiental ni la violación de derechos humanos y laborales como causas de cancelación de concesiones.
