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En el municipio de José Joaquín de Herrera, los niños y las niñas sólo pueden estudiar hasta la primaria. Ir a la secundaria o preparatoria es sinónimo de riesgo, es tener que ir a territorio de la delincuencia organizada, sin saber si podrán regresar a casa.
La falta de respuesta del gobierno y el incremento de inseguridad tuvieron como respuesta que 34 niños de entre seis y 11 años tomaran las armas y se integraran a la Policía Rural de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores, en la Montaña Baja de Guerrero.
Bernardino Luna, consejero e integrante de la Policía Comunitaria, dice que la preparación desde la infancia es crucial para defenderse.
“Nosotros los preparamos porque en cualquier momento, como estamos rodeados de este grupo delictivo, nos pueden agarrar, secuestrarnos, desaparecernos, asesinarnos y los niños no van a saber defenderse; entonces, eso también es la mentalidad de que nosotros tratamos de enseñar a los niños, no es como dice el presidente de la República que estamos preparando sicarios, sólo se les está enseñando a manejar las armas para defenderse, y aparte de eso se les enseña también a trabajar el campo”.
Para él la integración de los niños a sus filas es el reflejo de la desprotección de los gobiernos municipal, estatal y federal, pues asegura que desde hace años se han denunciado los ataques que viven los pobladores, pero nadie voltea a verlos.
Bernardino tiene la voz un poco ronca y se toma descansos entre sus respuestas, pues su jornada del campo apenas terminó. Uno de los momentos que marcó su decisión de enseñarle a los niños cómo cargar una escopeta y hacer rondines para proteger a la comunidad fue a principios del año cuando se encontraron calcinados los cuerpos de 10 personas indígenas al interior de una camioneta en Chilapa, Guerrero. Las víctimas eran los músicos del grupo Sensación Musical.
“Hay un compromiso con el gobierno estatal de apoyar a las nueve viudas aquí en la comunidad de Ayahualtepan, 14 huérfanos que tenemos aquí también en Ayahualtepan y 34 desplazados y hasta ahorita el gobierno no les ha apoyado en nada, y además se comprometió el gobierno de mandar tres maestros de secundaria y tres maestros de preparatoria porque los niños de Ayahualtepan no pueden ir a la escuela de secundaria aunque está muy cerca donde está la escuela donde solamente pues caminando los niños se hacen como 10 o 5 minutos, pero el problema es que en la escuela donde está la secundaria ya ahí opera el grupo delictivo y por eso los niños no pueden ir porque pues ahí enfrente de la escuela mataron a compañeros de la policía comunitaria”.
El caso de los niños que dejaron los soldados de juguete y optaron por serlo en la vida real resonó en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es una causa justa, pero no justifica el uso de menores, no con más violencia”, dijo el mandatario.
Afirmó que la Guardia Nacional ya estaba actuando, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial y la calificó como un error haberlo alentado porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado.
“Y no es un asunto fácil, en esa zona ha habido muchos asesinatos, asesinatos de dirigentes, ahí han asesinado compañeros que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales. Y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos enfrentando o utilizando a los niños”.
Los efectos del abandono institucional
Con sólo 14 años, Luis Gustavo empezó su entrenamiento. Él forma parte del rango de edad al que se le permite portar un arma mientras hace resguardos de su comunidad. Con únicamente la primaria terminada y un año recién cumplido en las filas de la policía, Luis asegura que no quiere ser doctor ni maestro, pero se pregunta si hubiera encontrado la carrera que hubiera querido estudiar de haber seguido en la escuela.
“Quiero que el gobierno mande seguridad para que nosotros podamos seguir estudiando. Yo hago resguardo y cada 17 días van diciendo a cada quien a quien le va tocando, me dijeron que si quería entrar con la policía comunitaria y pues yo dije que sí y tengo que aprender todo lo que nos enseñan del entrenamiento. Mientras que el gobierno no mande seguridad estaré aquí en la policía comunitaria, mientras que pueda defender a mi familia no me da miedo, ni a mi pueblo”.
Aun con armas, los niños y adolescentes son víctimas. A ellos no sólo se les obliga a presenciar y cometer actos de violencia, sino que también sufren lesiones o incluso mueren como resultado de estos actos, una situación que ya ha prendido las alertas en la Organización de las Naciones Unidas.
Actualmente se calcula que hay unos 300 mil niños y niñas en los conflictos armados en todo el mundo. Menores que, de acuerdo con la UNICEF, son secuestrados pero también orillados por la pobreza, los malos tratos, la presión de la sociedad o el deseo de vengarse de la violencia contra ellos o sus familias.
Pero en Guerrero nadie quiere que los menores sean armados. Ni ellos ni sus familias. El deseo es que estén en casa o en las escuelas, pero también se necesita poner un alto a los asesinatos y desapariciones que acechan a la comunidad. Así lo afirma Abel Barrera, director del centro de derechos humanos Tlachinollan de la Montaña.
Dice que esta es la máxima expresión de la denuncia, es una guerra en la que los padres quieren defender a sus hijos, pero al mismo tiempo quieren que se defienden.
“Hay necesidad de tomar la reserva de las personas que pueden trabajar y apoyar a la policía. En esta reserva pusieron a los niños y estos niños, los mayores sobre todo, son los que tienen las armas, son los que participan en esta nueva operación; los pequeños, entendemos que es un aprendizaje, por lo menos que sepan qué es lo que tienen que hacer, como pasa en una guerra, y se tienen que defender porque las instituciones no están funcionando”.
La vida entre violencia
Los niños en filas con arma en la espalda, el vacío de autoridad, la impunidad y un nulo respaldo social provocaron que las comunidades que se encuentran indefensas decidieran armarse para poder enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada, sobre todo del grupo de Los Ardillos, explica el consultor en seguridad pública, David Saucedo.
“Lamentablemente Los Ardillos tienen, que yo recuerde, aproximadamente dos décadas trabajando en el estado de Guerrero. Ellos eran un grupo armado de los Beltrán Leyva, se convirtieron en los líderes de pequeños cárteles. Esta fue la situación que prevaleció en el estado de Guerrero en esta zona llamada ‘de montañas’, en donde Los Ardillos tuvieron presencia y donde han estado haciendo las actividades de narcomenudeo, de siembra de amapola, de secuestro, pues es su modus vivendi”.
Para el experto, en el estado de Guerrero el principal problema de seguridad es la guerra de organizaciones, del Cártel Jalisco Nueva Generación contra grupos relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva, quienes se han estado enfrentándose de manera permanente e intervienen ahora con el surgimiento de grupos de autodefensas.
Cifras oficiales reportan que en Guerrero hay 3 mil 484 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 2 mil 836 son hombres, 640 mujeres y en ocho casos no se logró determinar el sexo.
Los tres municipios con mayor número de casos son Acapulco con 902, Chilpancingo con 480 e Iguala con 434, mientras que en Chilapa se cuenta con un total de 231.
En cuanto a los homicidios, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que Guerrero cerró el 2020 con un total de mil 752 homicidios mientras que para el primer trimestre de 2021 ya se contabilizaron 463.
Desplazados, desaparecidos y asesinatos ha sido la herencia de la presencia del grupo delictivo, afirma David Saucedo, y aunque los enfrentamientos sean en su mayoría entre hombres adultos, enfatiza los pocos caminos que tiene la infancia y adolescencia en un estado en el que impera la violencia.
“Uno, es migrar a los Estados Unidos, en parte porque no hay oportunidades económicas y en parte por la violencia que genera el narco. En segundo término, hay jóvenes que se dedican también a las actividades de comercio informal, quizá no en la zona rural, evidentemente, sino que se trasladan a las zonas urbanas en donde ellos tratan de desarrollar alguna actividad en la economía informal. Y finalmente está la salida de que estos niños se incorporen a los cárteles ya sea de manera voluntaria o bien de manera forzada”.
Saucedo resalta que a pesar de que muchos de estos niños y jóvenes son reclutados mediante engaños y a la fuerza por los cárteles, al final descubren una cosa: que formar parte de una organización criminal les permite tener un ingreso y la idea de una familia proyectada en sus compañeros.
Las consecuencias de involucrar a la infancia en defensa contra la violencia o ser reclutados de manera forzada por el crimen organizado son funestas, y sobre todo, contribuyen a una espiral de violencia que no dejará de repetirse, afirma Sergio Jesús Martínez, investigador en el área de violencia y seguridad de la organización Insyde Social.
“Para empezar, afecta el derecho superior de la infancia, que implica que tengan acceso a una vida libre de violencia, que tengan las satisfacciones físicas, emocionales, necesarias para su pleno desarrollo, así como el acceso a diferentes derechos sociales como la educación la salud, acceso a divertirse, acceso a espacios donde puedan convivir con otros niños y niñas estos derechos están consagrados primero en la declaración universal de derechos humanos así como en la ley general de los derechos niños y adolescentes en México”.
No basta con decretar la existencia de una Guardia Nacional, dice el investigador. Para proteger la vida y bienestar de los menores es necesario garantizar la presencia del cuerpo de seguridad en estas zonas y mejorar la capacitación de policías locales.
Además, considera que las autoridades deben visibilizar y aceptar la necesidad de una política específica y concreta de prevención de la violencia, pues los programas prioritarios de la actual administración, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, son sólo programas de desarrollo social que no atienden los factores de riesgo que generan la violencia.
“Me parece que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy sensata, muy noble, pero a su vez muy ingenua. Transformar sicarios en becarios implica que tengamos escuelas abiertas en la zona de la montaña, y no las hay, muchos maestros y profesionistas de estas zonas de Guerrero azotadas por el narco emigran y no se quedan en la región, hay muchas escuelas que cierran, hospitales, clínicas, comercios porque son extorsionados”.
Que la violencia no interrumpa las infancias, que no obligue a crecer ni interrumpa el crecimiento, que no se convierta en la normalidad de niñas y niños obligados a defenderse a sí mismos y sus familias. Esos son los cambios que para Saucedo deben lograrse, un escenario al que sólo se llegará si se voltean a ver las políticas para combatir y erradicar la violencia y se acepta que aún se pueden mejorar.
“Eso ya se ha normalizado, la indiferencia, la violencia la discriminación, se ha normalizado que esos niños así anden descalzos con hambre y a esos niños no los ven”.
