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El Instituto Nacional Electoral determinó que los partidos destinen una parte de sus candidaturas a grupos indígenas, sin embargo, los políticos mienten y se autoadscriben como indígenas sin serlo. En entrevista el investigador Francisco López Bárcenas advierte: «para los pueblos indígenas este es un sexenio perdido»
Texto: Estrella Pedroza
Foto: Especial
MORELOS.- El principio de autoadscripción indígena lo están mal utilizando en México tanto autoridades electorales como los partidos políticos y sus aspirantes; por ende están discriminando a las comunidades y personas de origen indígena y violentando sus derechos colectivos, sostiene el investigador Francisco López Bárcenas.
La autoadscripción se aprobó en México en 1989, cuando se adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado 1990 con la finalidad de ayudar a definir quiénes podían ser o no considerados indígenas. En este proceso electoral se impulsó la participación indígena en la elección de diputaciones y gubernaturas; y en algunos casos como en Morelos también en cargos para ayuntamientos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que todos los partidos tendrían que reservar candidaturas a personas de origen indígena con la intención de respetar sus derechos; para ello estableció el criterio de autoadscripción calificada, es decir que la persona aspirante a la candidatura se reconozca y sea reconocida como indígena. Para probarlo, uno de los requisitos indispensables es contar y exhibir una constancia emitida por autoridades administrativas municipales reconocidas por el pueblo (ayudantes), la asamblea general o el Consejo Mayor de la Comunidad.
Ese criterio, sin embargo, violenta per se los derechos indígenas al entrometerse y trastocar la vida de las comunidades, advierte López Bárcenas.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, como parte de su autonomía, los pueblos indígenas tienen el derecho de acceder a cargos públicos de elección popular de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, mientras que la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.
El criterio del INE señala, propició que ciertos personajes no indígenas de la política, que se quedaron sin espacio, fueran a las comunidades indígenas a solicitar una constancia de reconocimiento. Lo que dio pie a escenas absurdas como ver a empresarios y políticos de familias acomodadas, que han ocupado u ocupan algún cargo, que falsearon su identidad y registraron ahora con candidaturas indígenas.
“Todo esto que estamos viendo es una simulación y creo que detrás de ella hay un racismo, a veces encubierto. Una discriminación por parte de las autoridades electorales, lo cual me parece muy grave; en este caso el INE y sus Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´S), pero también de los partidos políticos, e inclusive de los políticos en particular”, dijo.
López Barcenas destacó que en algunos casos «políticos irresponsables abusaron y engañaron a la gente que van a gestionar apoyos o programas para esa comunidad y así lograron convencerlos. En otros casos no dudo que hayan pagado y cuando no pudieron convencer o comparar optaron por falsificar”.
Los derechos de los pueblos indígenas, junto con el derecho a territorios y recursos naturales, son de los derechos que el gobierno mexicano no ha aceptado legislar aún cuando tiene compromisos internacionales.
Hasta ahora, plantea el especialista, en México no hay algún instrumento jurídico que permita a los pueblos indígenas ejercer sus derechos políticos en ningún ámbito.
“Nuestra Constitución Política Mexicana, en el artículo segundo constitucional, dice que los pueblos indígenas tienen como parte de su autonomía el derecho a organizarse internamente y también a participar a la vida nacional a través de su propio sistemas normativo, es decir, que los propios pueblos indígenas podrían, más allá de los municipios, organizarse de la manera que quieran y más allá de los partidos, postular diputados como ellos quieran a senadores y presidente de la República… pero en la práctica nada de eso hay en México”, refiere.
Los errores que violentan los derechos indígenas
López Barcenas, considera que con el criterio establecido por el INE de permitir la participación indígena mediante partidos políticos “es el principal error, debido a que los pueblos indígenas pueden elegirse como ellos quieran”.
El segundo error es permitir que los partidos políticos fueran quienes decidieron que se concretara bajo el criterio de autoadscripción, en el sentido de que cualquier persona que puede ser indígena o no puede reconocerse como tal.
“Los partidos políticos y los políticos lo que hicieron fue nombrarse indígenas… y eso fue la vergüenza nacional que tenemos actualmente, queda clarísimo el racismo de los políticos hacia los pueblos indígenas porque ellos creen que tienen el derecho a ocupar cargos”.
El tercer error fue omitir el significado e implicación de la autoconciencia.
“Efectivamente cualquier ciudadano puede y tiene el derecho de decir yo soy indígena, pero tendría que demostrar que participa de la vida de un pueblo, es decir, que un pueblo dijera: sí, efectivamente, él es miembro de nosotros. Pero además el pueblo en colectivo, en asamblea general, es el que tendría que postular a la persona».
Hay casos, sin embargo, donde las misma personas indígenas se autonombraron y se registraron por una decisión personal: “ahí también se están violentando los derechos indígenas, lo correcto sería que los pueblos y comunidades los y las nombraran”..
El académico destaca la diferencia de visiones sobrre la política que tienen las personas indígenas y quienes no lo son. Los políticos convencionales, dice, asumen que tienen derecho a ser votados y a acceder a una curul y a tener un buen salario. En contraparte, destaca, para un indígena la participación política es un servicio a la gente una obligación que cumplir con la gente.
En Oaxaca por ejemplo cuando nombran a una persona en el cargo de alcalde el pueblo va a pedir disculpas a su familia porque le ha dado una carga más y estará abandonando a la familia.
“Es decir, la gente te reconoce como parte de su comunidad porque hace vida y servicio para la comunidad.
Y no se trata solamente de presentar un documento que no sabemos como y porque se está emitiendo”.
A principios de abril, el INE detectó que al menos 132 aspirantes a diputados federales de distintos estados mintieron y se hicieron pasar por candidatos indígenas sin serlo.
Desde Chiapas, la Red Nacional Indígena pidió al INE en una carta que se respeten los espacios designados para esta población. Lo mismo ocurrió en Gerrero, donde comunidades plantearon modificar los crriterios para determinar si un aspirante a ocupar un cargo público es indígena.
Morelos, un botón de muestra
Morelos es un caso singular, porque es el único que tiene municipio reconocido por la legislación como indígena, el resto de los municipios indígenas en México son municipios declarados por disposición judicial; entre ellos figura el municipio indígena de Cherán, en Michoacán, Ayutla de los Libres de Guerrero, Ch’ol en Chiapas y los makurawe en Sonora.
En este momento, señala López Barcenas, integrantes de pueblos indígenas en varias entidades han iniciado un proceso jurídico ante las violaciones a la garantía constitucional propiciado por el criterio del INE, entre ellos resaltan Morelos, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Ciudad de México están demandando por qué no hay un mecanismo de participación. Pero hasta ahora los tribunales electorales locales han seguido el mismo criterio del INE.
Un ejemplo de la distorsión de la autoadscripción indígena a favor de los partidos políticos es la estrategia de Daniel Martínez Terrazas, actual diputado federal por Morelos emanado del Partido Acción Nacional (PAN) y hermano del presidente de ese partido en el estado.
Martínez Terrazas tiene 35 años y busca reelegirse como diputado, pero ahora bajo el criterio de autoadscrición indígena.
Para ello presentó una constancia ante el INE de una comunidad indígena de Guerrero, de origen nahua, de la que ni siquiera se acordó del nombre en una entrevista con la prensa local.
Además, afirmó que para ser indígena no tenía que “medir un metro” o ser de una tez de un color .
Otro caso similar es el de Javier Estrada González, expresidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exdiputado en varias ocasiones y además integrante de una de las familias más adineradas en Morelos dueña de uno de los medios de comunicación de más historia en la entidad.
Su registro ante Impepac para una diputación por la vía plurinominal no fue aceptado en una primera instancia por no acreditó una autoadscripción calificada, sin ser requerido para solventar las deficiencias en su registro y solo se informó al PVEM.
Recurrió a la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF), donde se ordenó al OPLE garantizar el derecho de audiencia.
Su argumento es que todo mexicano es indígena y además logró entregar al OPLE dos constancias que emitieron autoridades que lo acreditan como indígena por autoadscripción.
Morelos sobresale del resto del país al ser la única entidad donde se legisló (durante el sexenio de Graco Ramírez) para que al menos tres comunidades indígenas (Xococotla, Hueyapan y Coatetelco) fueran reconocidas como municipios indígenas no sólo para elegir a sus autoridades, sino en todos sus rubros y vida cotidiana.
Y a pesar de ello, en este proceso electoral “los poderes fácticos” intentaron manosear la conquista de los reconocidos municipios. Un grupo de consejeros y consejeras del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) impuso por mayoría un acuerdo con el que por estas elecciones serían obligados a elegir a sus autoridades vía partidos políticos.
Se aplicó como acción afirmativa que cada partido tendría que garantizar candidaturas indígenas en cuatro Distritos locales (III, IV, V y VI) e integrar sus fórmulas para cabildos con personas indígenas de acuerdo con el número de población de origen que tiene cada municipio.
De todas las candidaturas a diputaciones locales y cargos municipales registradas bajo el concepto de autoadscrición, y aprobadas por el IMPEPAC bajo el argumento que presentaron una constancia emitida por algunas de las autoridades reconocidas, al menos 68 fueron impugnadas ante el Tribunal Estatal Electoral Morelos (TEEM) por la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM).
“Consideramos que no son indígenas y no cuentan con el reconocimiento de los pueblos y comunidades o que simplemente pudieron falsificar el documento”, destacó Saul Atanacion Roque Morales.
El Pleno del Tribunal revocó 23 candidaturas y los partidos fueron obligados a reponerlas.
Ernesto Alavarado, indígena de la comunidad de San Juan Tlacotenco del municipio de Hutzilac, explicó que recurrirán a la Sala Regional del TPJF para impugnar el resto y paralelamente iniciarán un proceso por candidaturas a diputaciones federales.
“Consideramos que estar usurpando una identidad y además violentando nuestros derechos indígenas de elegir a nuestros representantes de manera libre”, dijo.
Ante este panorama las autoridades del IMPEPAC argumentan que al ser un organismo de buena fe y no contar con las atribuciones ni recursos necesarios para indagar, no hubo forma de validar que el documento fuera auténtico.
“Para los pueblos indígenas es un sexenio perdido”
–¿Considera entonces que que en este proceso es donde mayor número de delitos electorales y violaciones ha existido en contra de las comunidades indígenas?
–Sí, sobre todo porque en la primera vez que se usa en elecciones, no quiere decir que antes no existieran candidatos indígenas, sí los hubo… El PRI en sus épocas gloriosas en los cuarenta y sesenta postulaba indígenas y en muchos casos postulaba caciques indígenas porque era la manera que tenía de pagar favores a quien podía controlar en esas regiones.
En los ochenta los movimientos indígenas comenzaron a corregir algunas de esas cosas. El el PRD por ejemplo, cuando lo conducía Cuauhtémoc Cárdenas, llegó a apartar candidaturas indígenas para quienes decidían las organizaciones.
En los para el 2000 con Vicente Fox en la presidencia y con Xóchitl Gálvez, secretaria de Asuntos Indígenas, Partido Acción Nacional (PAN) se metió en esos vericuetos y se fue haciendo una necesidad de abrir espacios a los indígenas.
–Qué opinión le merece la postura de las autoridades electorales que señalan que son una autoridad de buena fe y por ende no tienen las facultades ni recursos para indagar la autenticidad de un documento para acreditar la autoadscripción?
-Las autoridades electorales, ante la duda razonable y crítica, deben investigar; el artículo primero de nuestra Constitución obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a vigilar, a promover y a castigar la violación de los derechos indígenas. Que no me vengan a mí que ahora no tienen facultades y no pudieron haber llamado a la autoridad para que confirmara su firma; hubo muchas maneras de hacerlo y pudieron pedirle a los Tribunales que los auxiliara a realizar alguna diligencias; no comparto que no tenían recursos, más bien, estamos ante una situación de complicidad.
-¿De continuar la utilización del criterio de autoadscripción de manera equivocada qué depara para el indigenismo en México?
-En un escenario ideal, que creo que difícilmente puede pasar, es que el Poder Legislativo deje la omisión que ha tenido por casi medio siglo y que ya reconocieran los Derechos de los Pueblos indígenas y que tome en serio los Derechos Políticos y establezca un mecanismos para que los pueblos indígenas pueden elegir, de acuerdo con su pueblo o sistema normativo, sus propias autoridades y representantes; es decir, que se establezca la forma en la que los indígenas van a votar.
Ya hay experiencia al respecto por ejemplo en Colombia desde hace mucho tiempo tienen las jurisdicciones especiales, lo mismo ocurre en Ecuador y Bolivia… Lo que hace falta es voluntad.
Pero el otro escenario sería que con la resolución de los casos impugnados se siente precedente y eso estaría legitimando toda una práctica violatoria de derechos humanos.
El tema de fondo es que hay un racismo fuertísimo de discriminación a los pueblos indígenas y esto que se dice que hemos avanzado democráticamente es una falacia.
-¿Qué tendría que pasar para frenar este atropello?
-Se tendría que impugnar los criterios que el INE estableció, si bien en su momento nadie los impugnó , ahora ya los están dañando y ese podría ser un paso más adelante. Los pueblos deben iniciar esta conversación e iniciar un proceso de lucha.
-¿Y en esta, la llamada Cuarta Transformación, hay alguna posibilidad de que el Estado reconozca a los pueblos indígenas y legisle para ello?
-Está visto que al presidente de la república (Andrés Manuel Lopez Obrador) los derechos indígenas no le importan, el presidente en materia indígena vive en los setenta ,lo ha dicho él, lo ha dicho y así vive… para él los indígenas están muy bien con los programas asistenciales, a él que no le hablen de autonomía de territorios, eso; yo lo tengo clarísimo, para los pueblos indígenas este es un sexenio perdido.
Yo lo he visto en la legislatura que está terminando; hice un seguimiento de algunos diputados de MORENA, PRD y hasta PAN hicieron propuestas en materia indígena. No pasó ninguna. ¿y a quién le vamos a echar la culpa de que no pasa ninguna ley o reforma, cuando la mayoría absoluta la tenía Morena?
Eso está clarísimo para mí para mí es un sexenio perdido en materia de reconocimiento de derechos indígenas.
