Tercera Vía. El 5 de junio Enrique Peña Nieto firmó diez decretos que pueden abrir el uso de aguas antes protegidas a empresas y agentes privados. Lo que se ha denunciado, cabe destacar, es que de ésta manera se cambia el estatuto de “zonas de veda” a “zonas de reserva”, lo que permitiría la explotación del agua por parte de las mineras u otras empresas, si tal uso tiene fines de “interés público”.
El problema, además, es que se abre la posibilidad de concesiones de hasta 30 años para grandes volúmenes de agua en por lo menos 300 cuencas, lo que no es de facto privatizar el agua, pero si representa un momento necesario en una estrategia privatizadora.
Cabe destacar que en respuesta a las críticas de organizaciones de la sociedad civil -como Agua para Todos- que denuncian esta acción del Ejecutivo como privatizadora, Conagua ya ha respondido con un comunicado en el que dice que por el contrario, la medida permitirá preservar el medio ambiente y garantizar el acceso al vital líquido para dieciocho millones de mexicanos que aún no nacen.
