«El reto de Chiapas con la nueva justicia laboral es buscar que no se rompa el patrimonio de las micro, pequeñas y medianas industrias, como anteriormente pasaba al surgir laudos millonarios que condenaban a desaparecer a dichas empresas. Hoy se busca la concilación entre las partes en conflicto».
La anterior consideración pertenece al analista Carlos Martínez Vaźquez, quien al participar en el programa Economía y Mercados -encabezado por el empresario Rafael Castillejos Guizar- recordó que el nuevo modelo de justicia laboral inició en 2017 con la reforma al Artículo 123 y constó de tres principios básicos.
«El primero de sus objetivos es desaparecer las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), las cuales existirán hasta que todas las entidades federativas hayan desahogado los asuntos que aún tienen en las mismas», advirtió.
En este sentido recalcó que de alguna forma en estos momentos en México se aplican dos leyes del trabajo, la nueva y la vieja que aplica específicamente para las citadas Juntas. «Entre los cambios se consideró que ahora exista una conciliación obligatoria y se que cree a nivel estatal y federal un órgano conciliador».
Enfatizó que Chiapas junto con otras siete entidades del país inició en 2020 con la aplicación de la nueva ley. «De hecho ya se cuenta con una oficina en Chiapas donde se concilian asuntos federales» y aclaró que no todos los asuntos laborales pasarán por el citado órgano, tales como discriminación en el trabajo por raza o embarazo.
Subrayó que otro aspecto del nuevo sistema es que habrá democracia sindical. «Estas figuras tendrán que hacer procesos electorales para elegir a sus dirigencia, es decir, por primera vez habrá transparencia en este tipo de contiendas» y el tercer beneficio es que el nuevo centro de representación laboral expedirá constancias de representatividad.
Señaló que Chiapas ya cuenta con tres jueces de Distrito especializados en materia laboral y dos más que desahogarán los conflictos del fuero común. «La nueva ley se creó básicamente por el crecimiento de la economía en México, situación la cual obliga a que exista democracia laboral dentro de las fuentes de empleo».
Subrayó que los compromisos que se tienen con las naciones firmantes del T-MEC ha originado que el rubro laboral tenga un apartado muy importante en dicho convenio. «Se busca que en el mercado laboral se garanticen los derechos individuales y colectivos de todos los empleados, además de cuidar el diálogo entre gobierno-empresa-trabajadores».
Consideró que todo lo anterior traerá como consecuencia mayores inversiones al país, entre ellos un mayor equilibrio económico y social. «Cuando hay empleos de calidad hay mayores salarios y prestaciones. Se privilegia ahora que haya canales de conciliación para que disminuyan los conflictos patrón-trabajador».
