En opinión de Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chiaqas, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, es una situación peligrosa para la seguridad de los usuarios «y los empresarios del estado no lo ven como una buena opción», dijo.
En entrevista, señaló que falta hacer un análisis profundo de las ventajas que se pueden tener al realizar un informe de este tipo. «De momento no vemos beneficios y el argumento que ofrecen las autoridades es que con el padrón de inhibirían las extorsiones, empero, en nuestro organismo creemos que no es la mejor opción y rechazamos su creacón, pues hay otras alternativas para atacar dicha problemática».
Especificó que si bien es cierto están de acuerdo en atacar este ilícito que se ha incrementado en el país, entregar la información biométrica de los mexicanos no es la solución y de hecho pone en riesgo a las personas, pues estos datos únicos podrian caer en malas manos, como ha sucedido antes con otro tipo de padrones.
El líder cameral detalló que las extorsiones tienen su origen en un telefóno celular y se preguntó que tantos móviles se usan para ese ilícito comparado con el número de usuarios de estos aparatos. «Las instituciones bancarias piden esta información, pero es otra naturaleza muy especifica en la que la usan. El peligro está en que estos datos termine en manos del crimen organizado», insistió.
Marí Domínguez subrayó que las autoridades saben perfectamente de donde nacen la mayor parte de las extorsiones. «Es de los reclusorios donde salen estas llamadas y lo increíble es que no se logre controlar el acceso de celulares a estos sitios y que no puedan bloquear las señales para terminar con esta mala práctica. Deben enfocarse en donde está el problema».
Enfatizó que ante la aparente cerrazón de las autoridades a no hacer un exámen más profundo de la situación, muchos núcleos de la sociedad analizan el ampararse ante el surgimiento de la nueva ley. «Hay diferentes formas de acabar con las llamadas ilegales donde se pide dinero a ciudadanos o comercios y como se analizó, una es acabando con la corrupción en los centros penitenciarios».
POSICIONAMIENTO DE COPARMEX
Por su lado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró la existencia de un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados, incluyendo la probable comisión de delitos como ha sucedido en el pasado, en donde se roban las bases de datos y se venden al mejor postor.
Consideró que se requieren medidas de seguridad de la mayor categoría de protección para salvaguardar esa información confidencial y el órgano que ha sido designado como responsable (IFT) ha declarado no contar con los recursos presupuestales para ello. «Suponemos tampoco cuenta con los recursos humanos para el tratamiento adecuado de una base de datos sensibles de tal envergadura», sostuvo.
Recordó que organismos internacionales como la Relatoría para la libertad de expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de derechos humanos. Además, se pondría en riesgo la presunción de inocencia al poderse suplantar la identidad de una persona y acusarla de la comisión de algún delito.
El requisito de datos biométricos para el uso del servicio de telefonía, incrementará la brecha digital en nuestro país y limitará el acceso a la comunicación creando mayores barreras para el acceso a la tecnología y la conectividad; lo cual impacta de manera directa en el desarrollo del país pero, sobre todo, de los grupos vulnerables.
